Cómo reclamar judicialmente una factura impagada, conseguir cobrarla… y no morir en el intento

Cómo reclamar judicialmente una factura impagada, conseguir cobrarla… y no morir en el intento

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Cómo reclamar judicialmente una factura impagada, conseguir cobrarla… y no morir en el intento.

Si tienes un negocio sabes que, inevitablemente, en mayor o menor medida tienes que enfrentarte al impago de alguna de tus facturas. Lo normal es que ante este problema despliegues todo tipo de artimañas para conseguir que tu cliente te pague. Le llamarás, le preguntarás que sucede, enviarás cartas recordando que hay una factura pendiente de pago… En algunos casos tu diplomacia y paciencia servirán y lograrás que hagan frente a la deuda. Pero, desgraciadamente, no siempre sucede así y, cuando todo lo anterior ha fallado, toca reclamar por vía judicial.

Para estos casos la Ley de Enjuiciamiento Civil tiene previsto el procedimiento monitorio, un procedimiento especial pensado para “una protección rápida y eficaz” del crédito de muchos justiciables, especialmente de pequeños y medianos profesionales y  empresarios. Lo dice así la Ley en su preámbulo aunque la realidad, por desgracia,  sea bien distinta.

La Ley de Enjuiciamiento Civil entra en vigor coincidiendo con los años de bonanza económica, España parecía que iba bien, y el procedimiento monitorio nacía como un proceso residual para una baja morosidad empresarial. Pero llegó la crisis y el escenario cambio de manera radical. Los impagos se dispararon y con ellos, estos procesos. Según la estadística elaborada por el Poder Judicial, en el año 2002 se interpusieron 168.053 monitorios, cifra que fue aumentando año a año hasta alcanzar niveles estratosféricos en 2008 y 2009, presentándose  856.875 y 895.127 solicitudes respectivamente. En la actualidad, el número gira en torno a los 650.000 procedimientos nuevos cada año.

Qué es el procedimiento monitorio y como funciona.

El procedimiento monitorio es un proceso especial, regulado en los artículos 812 a 818 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Ideado para que el ciudadano pueda recuperar fácilmente su deuda, intenta ser breve, rápido y sencillo.  La cotidianidad judicial  nos demuestra que no siempre es así.

El procedimiento comienza con una solicitud que ha de presentarse ante el Juzgado de Primera Instancia del lugar de domicilio o residencia del deudor. Tiene que recoger quienes son tanto el deudor como el acreedor, sus respectivos domicilios y la cuantía de la deuda. A la petición de procedimiento monitorio hay que adjuntar los documentos en los que se base la deuda (facturas, albaranes…).

Cuando el Juzgado de Primera Instancia recibe la petición puede hacer tres cosas:

1.- Admitirla directamente.

2.- Proponer la cantidad correcta de la reclamación, si aprecia que hay un error el importe que se está reclamando.

3.- Si se trata de una deuda que tiene su origen en un contrato entre un empresario y un consumidor, analiza si existen cláusulas que puedan ser abusivas. Si considera que puede haberlas concede un plazo de cinco días para  manifestarse sobre ellas y después decidirá:

  • Si la petición es improcedente y, por tanto, no debe admitirse.
  • Aceptarla pero eliminando la cláusula o cláusulas que son abusivas.
  • Continuar el procedimiento con normalidad, aceptando la solicitud de procedimiento monitorio.

Una vez que se ha producido la admisión  a trámite, se requiere al deudor por un plazo de 20 días para que, o bien pague la deuda que se le está reclamando, o bien se oponga alegando los motivos por los que, a su parecer, no debe todo o parte lo que se le requiere.

Ante una admisión pueden producirse varias situaciones:

  • Pago de la deuda que se está reclamando. Panorama ideal que pocas veces se produce.
  • El deudor se opone a la reclamación. Manifiesta cuales son, según él, los motivos por los que no debe lo que se le está pidiendo. Con independencia de las razones que esgrima, se acudirá al procedimiento declarativo correspondiente en función del importe de la deuda. En este nuevo proceso de dilucidará sobre el fondo del asunto y se dictará la sentencia correspondiente.
  • Transcurso de los veinte días sin actividad alguna del deudor. En este caso  se dicta un decreto con el que estaremos facultados para ejecutar la deuda y embargar los bienes del deudor hasta cobrar la totalidad de su importe.

La pregunta del millón: ¿conseguiré cobrar mi deuda?

Quizá. Puede que sí o puede que no. Me gustaría poder responderte con rotundidad que sí, que el procedimiento es 100% efectivo y que su tramitación acaba con el cobro de la deuda. Por desgracia, no sucede así.

Son muchos los factores que influyen en la recuperación del dinero que te deben. Como acabo de comentar, son pocos los casos en los que, cuando el deudor recibe el requerimiento de pago, hace frente a su deuda. Lo más habitual suele ser que no haga nada y deba iniciarse el correspondiente procedimiento de ejecución. Es aquí dónde está la clave. Una ejecución bien tramitada, con una exhaustiva y, sobretodo, constante búsqueda de bienes embargables, será la llave para lograr tu objetivo.

¿Es necesario contar con un abogado y un procurador para tramitar este procedimiento?.

La respuesta es no. No es necesario. La ley permite a cualquier ciudadano acudir a este procedimiento por si mismo. Cualquiera puede realizar la petición, basta con presentar un escrito o rellenar este formulario. Depende de ti valorar si merece la pena contratar a profesionales que te asistan. Para tomar la decisión debes plantearte, por ejemplo:

  • Si sabes que hacer ante una diligencia negativa de notificación al deudor.
  • Qué significa y que ocurre si te impugnan los documentos que acompañas a la solicitud.
  • Cómo se ejecuta el decreto que pone fin al monitorio y como se embargan los bienes del deudor.

Ahora dime ¿alguna vez has tenido que reclamar judicialmente una factura? ¿cómo fue la experiencia? ¿necesitas alguna aclaración sobre lo que has leído en el post?

© María Dolores Martínez Pérez.

© Sinderiza C.B.

Foto: Andrew Branch para www.unsplash.com

Abogada y bloguera, me dedico al asesoramiento legal en el ámbito empresarial, marca personal y nuevas tecnologías.

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