5 requisitos legales imprescindibles para tu web.

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Ya tienes lista tu web, está calentita, recién salida del horno. Le has dedicado mucho tiempo  y esfuerzo: te has estrujado la cabeza pensando los contenidos, el diseño, la distribución…

¡Stop! ¿No sé te olvida nada? ¿El aviso o las condiciones legales? Confiesa: casi seguro que no le has hecho mucho caso. Lo más seguro es que hayas hecho un copia y pega de la página de un amigo o familiar o de alguna web que te parezca fiable. Como mucho, has delegado en el diseñador de tu site, total, es un rollo y nadie se lo lee…

No hagas eso, dedícale un poco de atención, puede evitarte muchos problemas en el futuro y aunque de un primer vistazo todos parezcan iguales, no lo son.

Debes valorar en cuenta que determina todo el contenido de tu web y la relación con tus usuarios. Por eso quiero que conozcas los 5 requisitos que no pueden faltar en tu web para que está no este fuera de la ley.

1. Términos de uso.

Lo primero que la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico (en adelante LSSI) te pide es que te identifiques. La persona que acceda a tu web tiene que saber quién eres.

Para ello debes facilitar tu nombre o denominación social, dirección, número de identificación fiscal, correo electrónico de contacto y cualquier otro dato que permita comunicarse contigo.

Si el titular de la web es una persona jurídica incorporada al Registro Mercantil, deben aparecer los datos de la inscripción.

Lo siguiente es facilitar los datos relativos a tu actividad. Para las profesiones reguladas debes especificar el Colegio profesional al que perteneces, tu número de colegiado, la titulación académica oficial, y el país de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo en el que se ha obtenido (u homologado), así como la normativa profesional que la regula y aportar al usuario los medios que puede emplear para conocerla.

En el caso que desarrolles una actividad que requiera una previa autorización administrativa  debes facilitar los datos de la misma.

Toda esta información debe ser gratuita y directa, permanente y de fácil acceso.

Tras habernos presentado y mostrar nuestro trabajo podemos pasar a informar a nuestros usuarios de cuáles son las reglas del juego de nuestro portal, lo que está permitido y lo que no. Es el momento de advertir, por ejemplo, que no se van a permitir comentarios xenófobos, machistas o discriminatorios en nuestra web.

Antes de seguir un pequeño inciso. Todo lo que estoy comentando en este post no necesariamente tiene que ir unido en la misma sección de la web. Puede ser que prefieras tener unidas las condiciones legales y la protección de datos, o recogerlas en apartados diferentes.

O que los datos de tu actividad profesional aparezcan en tu currículum y no dentro del aviso legal. La distribución queda a tu elección, lo importante es que toda esta información se encuentre debidamente recogida.

2. Política de privacidad.

Un aspecto de vital importancia es informar al usuario de cómo van a ser tratados los datos personales que nos facilite. Es fundamental que indiquemos la existencia de un fichero o tratamiento de datos de carácter personal, quién es el titular de ese fichero y /o la persona responsable del mismo, así como los datos de contacto para que, si lo desea pueda ejercitar los derechos a solicitar el acceso a los datos personales relativos al interesado, su rectificación o supresión, la limitación de su tratamiento, a oponerse al tratamiento y a la portabilidad de los datos que tanto el Reglamento General de Protección de Datos (en adelante, RGPD), como la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales,

Por ello, el formulario de contacto de tu web debe requerir, de la manera que consideres más adecuada, la previa aceptación  de tu política de protección de datos, antes de ser enviado.

3. Uso de las cookies.

De un tiempo a esta parte, nos hemos habituado a que nada más entrar a una web aparezca un mensaje advirtiéndonos de la existencia de cookies y solicitando nuestro consentimiento para su uso. Y es que la LSSI así lo requiere. Las cookies son mecanismos que proporcionan muchísima información sobre los usuarios, de ahí la obligatoriedad de la prestación del consentimiento por su parte.

Esta modificación legal se introdujo en el año 2012 y nadie se la tomó muy en serio hasta que, dos años más tarde, la Agencia Española de Protección de Datos impuso una cuantiosa primera multa a una empresa por instalarlas y utilizarlas sin que los usuarios estuvieran debidamente informados.

4. Propiedad intelectual e industrial.

Es bastante adecuado indicar quien es el titular de los contenidos de la web, así como su régimen. Podemos elegir entre reservarnos íntegramente su uso, ceder libremente su utilización, o quizá acogernos a alguna de las posibilidades Creative Commons que permiten su empleo bajo determinadas condiciones.

Son cuatro los tipos de licencias Creative Commos (reconocimiento, no comercial, sin obras derivadas y compartir igual) con las que puedes generar seis combinaciones diferentes. Realizada tu elección tendrás la licencia, que deberás incluir en tu página  con el botón Creative Commons “Algunos derechos reservados” de forma que todos los usuarios puedan conocer las condiciones de la licencia.

5. Condiciones generales de contratación.

Aunque a día de hoy nos parezca muy obvio y todos lo tengamos perfectamente claro, en su momento, existía la duda de si los contratos celebrados por Internet tenían validez legal. El artículo 23 de la LSSI aclaró definitivamente esta cuestión, manifestando su plena eficacia siempre que, y lógicamente, cumpliesen los requisitos que para cualquier contrato, establece nuestro ordenamiento.

Si hemos optado porque a través de nuestra plataforma puedan contratarse servicios o comprarse productos, entonces nuestro aviso legal debe incluir cuales son las condiciones que rigen esa contratación, que deben ser acordes con la normativa legal, prestando especial interés a la Ley para la Defensa de los Consumidores y Usuarios (LDCU).

Para la contratación electrónica se han previsto requisitos legales específicos que deben concurrir previa y posteriormente a la misma.

Antes de contratar el consumidor ha de conocer de forma permanente, fácil y gratuita cuales van a ser los trámites para la celebración del contrato, si el prestador va a archivar el documento electrónico en el que se formalice y si éste va a ser accesible, los medios técnicos que están a su disposición por si incurre en algún error  en el momento de introducir datos y los idiomas en los que podrá formalizarse ese contrato, así como las condiciones generales de éste.

Una vez que el contrato se ha celebrado, el usuario debe recibir una confirmación del mismo, ya sea a través de la propia web, siempre que le ofrezca la posibilidad de archivarla, o bien mediante correo electrónico.

Conclusión.

De manera resumida, estos los requisitos legales que ha de cumplir vuestra web. No sé si la lectura de este pequeño post os  habrá aportado algo. Mi humilde consejo es que le dediquéis la atención que se merece a este apartado de vuestra web, un pequeño esfuerzo os puede evitar muchos quebraderos de cabeza en el futuro. Si necesitáis ayuda, os espero en los comentarios.

© María Dolores Martínez Pérez

¿Quieres registrar tu nombre como marca?

puedo registrar mi nombre como marca

Quizá no te hayas dado cuenta, pero vivimos rodeados de nombres propios que son marcas: Antonio Banderas, Paula Echevarría o Fernando Alonso… entre otros muchos ejemplos.

Vivimos en el momento de la marca personal y registrar un nombre como marca puede ser una buena opción profesional o empresarial, pero para estos casos la Ley de Marcas prevé una serie de condiciones que es preciso conocer.

Sigue leyendo para conocer los requisitos legales  imprescindibles para poder  hacerte con tu marca y disfrutar de los beneficios que aporta.

¿Es posible registrar un nombre propio como marca?

Sí, es posible.

Tener una marca es tener la exclusividad de su uso en el tráfico económico para un determinado producto o servicio. Si eres titular de una marca sólo tú puedes utilizarla, impidiendo que nadie más pueda emplearla en tu sector.

Si deseas registrar tu nombre como marca no hay problema, realizas la solicitud según el procedimiento legalmente previsto y, en principio, no debes tener ningún inconveniente para que te la concedan.

Quizá prefieras inscribir un diminutivo o un nombre de pila. Esta opción  también es viable. Por ejemplo, si te llamas Manuel López quizá prefieras registrar Manu López o Manolo López.

Uno de los motivos por el que la OEPM puede denegarte una marca es por el riesgo de confusión con otra que ya esté registrada.

En el caso de marcas formadas por nombre  y apellidos el elemento que se va a tener en cuenta para realizar la evaluación de esta posibilidad es la similitud de los apellidos. Salvo que se trate de apellidos comunes, en cuyo caso, el elemento dominante para decidir si existe o no  probabilidad de error en el público será el nombre.

¿Puedo solicitar cómo marca el nombre de otra persona?

Sólo en algunos supuestos. Esta hipótesis esta prevista en el apartado a) del  artículo 9.1 de la Ley de Marcas, como una de las prohibiciones relativas establecidas para la inscripción de una marca.

Cuando se solicita el nombre civil o la imagen que identifique a una persona distinta del solicitante de la marca, es necesaria la debida autorización.

Tienes dos posibilidades.

La primera es solicitarla asumiendo el riesgo que la otra persona ejerza su derecho de oposición y no te la concedan.

La segunda es solicitarla acompañando una autorización. Porque quizá tú tengas interés en obtener la marca pero la otra persona no. Normalmente el contenido de la autorización suele ser un compromiso por parte del titular del nombre de no interferir en el proceso de concesión de la marca a cambio de una determinada cantidad de dinero.

Hay que tener en cuenta que esta autorización es revocable, pero está sujeta a la correspondiente indemnización de los daños y perjuicios que se causen, incluyendo expectativas que estén debidamente justificadas.

¿Y si hay alguien que se llama como yo?

Estas cosas pasan. Y si tienes un nombre y unos apellidos corrientes, como nos ocurre a un nutrido grupo de españolitos, probablemente estés, como yo, en esta situación. La solución aquí es la misma que si quieres solicitar como marca el nombre de otra persona, aunque la Ley no lo diga expresamente.

Puede darse el caso que ambos estéis interesados en obtener el nombre como marca. Una posible alternativa sería pedir la marca para una clase de productos o servicios distinta en cada caso.

En el ámbito de las marcas existe la Clasificación de Niza, que no es otra cosa que un acuerdo internacional en el que se recoge un catálogo de las distintas clases de productos y servicios para los que puedes registrar una marca. Por ejemplo, la clase 12 se refiere a vehículos,  aparatos de locomoción terrestre, aérea o acuática, por lo que si tienes la marca para esta clase no podrás emplearla para otra cosa, como vender zapatos o bolsos.

Si hay otra persona que se llama como tú o te encuentras con tu nombre registrado para una determinada clase, puedes solicitar la marca para otro producto o servicio.

Si nadie me conoce, ¿qué tal optar por el nombre de algún famoso?

Aquí también necesitaras permiso de la persona conocida cuyo nombre quieras emplear, porque es otra de las prohibiciones relativas recogida en la Ley de Marcas (art. 9.1.b).

Este precepto también exige autorización cuando lo que quiere registrarse como marca es el nombre, apellido, seudónimo o cualquier otro signo por el que comúnmente identifiquemos a otra persona.

No se trata tanto que sea su nombre completo y real, sino por el que todos lo conozcamos, por el que lo asociemos a una persona concreta. Para que me entiendas, no puedes utilizar Cholo Simeone.

Existe un elemento diferenciador muy importante a tener en cuenta con respecto a la solicitud de marca del nombre de otra persona, digamos, anónima, a pedirla con el nombre de una persona conocida.

Cuando solicitamos registrar cómo marca el nombre de una persona anónima, o bien aportamos la autorización de la que hemos hablado antes, o bien nos conceden la marca porque no se ha ejercitado el derecho de oposición.

Pero si la marca que solicitamos es el nombre de alguien conocido o famoso, el control sobre la concesión o no de la marca es más riguroso. A la autorización y posible ejercicio de oposición por el interesado, hay que añadir el examen de oficio que hace la OEPM, que supervisa que el nombre que se pide como marca no esté incurso en esta prohibición relativa.

¿Los nombres inventados pueden servir como marca?

Te voy a contar un secreto: Alejandro Sanz no se llama Alejandro Sanz. Si la Wikipedia no nos engaña, su nombre es Alejandro Sánchez Pizarro. En algún momento del nacimiento de su carrera musical él o alguien de su entorno decidió que Alejandro Sanz era mejor nombre artístico y hoy todo lo conocemos así… y así tiene registrada su marca.

Quizá te pueda interesar crear un nombre para tu marca; bien porque odies a tus padres por haberte puesto el horrible nombre del tatarabuelo, se trate de un nombre muy corriente, prefieras una mayor privacidad… La razón puede ser la que sea, es tuya personal, lo importante es que legalmente no hay ningún obstáculo para que lo hagas, siempre  y cuando no se te haya adelantado nadie.

¿Tienes alguna duda sobre el registro de nombres como marcas? Si es así, te espero en los comentarios.

Foto: Alexis Brown para www.unsplash.com

Cómo se convoca la junta general de una sociedad de capital

La convocatoria de junta general es el primer paso para que una sociedad de capital, ya sea anónima o de responsabilidad limitada, se pronuncie sobre sus aspectos más relevantes.

Una junta general no es otra cosa que la reunión de los socios para tomar las decisiones más importantes de la sociedad.  De ahí la importancia de la convocatoria: es su punto de partida.

Vayamos paso a paso.

Según la Ley de Sociedades de Capital, bien por la mayoría que ella misma establece, bien por el quórum fijado en los estatutos, en la junta general hay que tomar decisiones sobre determinados asuntos.

La lista completa de los puntos sobre los que la junta general tiene que pronunciarse, la recoge el artículo 160 de la Ley de Sociedades de Capital. No voy a repetirlos todos aquí, pero si te digo que entre otros temas, va a decidir sobre la aprobación  de las cuentas anuales, la aplicación del resultado y la gestión social, el aumento o reducción del capital social, o el nombramiento y separación de los administradores… puedes hacerte a la idea de su importancia.

Cuando procede la convocatoria de la junta general.

La  junta general tiene que convocarse por los  administradores de la sociedad cuando:

  • Sea el plazo legalmente establecido. Inevitablemente hay que celebrar una junta general en los seis primeros meses de cada ejercicio social. Es imprescindible aprobar la gestión social y las cuentas del ejercicio anterior, y resolver sobre la aplicación del resultado.
  • Lo consideren conveniente para los intereses sociales.
  • A solicitud de socios que, como mínimo, representen el 5% del capital social. Siempre que les requieran notarialmente, especificando los puntos a tratar en el orden del día, los administradores tienen la obligación de citar para una junta general que ha de celebrarse en los dos meses siguientes a la petición.

En el primer caso nos encontramos ante una junta general ordinaria, en el segundo y tercer supuesto se trataría de una junta general extraordinaria.

Forma y contenido de la convocatoria de junta general.

La convocatoria ha de tener un determinado contenido.  Los elementos que tienen que necesariamente tienen que aparecer son:

  • Orden del día. Todos los temas que van a ser objeto de la junta.
  • Lugar y hora de la celebración. La junta general debe celebrarse en el municipio en el que la sociedad tenga su domicilio social. Si no se especifica un emplazamiento concreto, se sobreentiende que el sitio elegido es el domicilio social.
  • Información a disposición de los socios. Dependiendo de los puntos a tratar, deberá hacerse constar que determinada documentación puede examinarse por los socios. Es, verbigracia, el caso de texto de la modificación de los estatutos sociales, las cuentas anuales y, en su caso, el informe de gestión o del auditor de cuentas.
  • Segunda convocatoria. Si se trata de una sociedad anónima, puede incluirse la fecha en la que se reunirían, si fuese necesario, en segunda convocatoria.

La antelación con la que debe convocarse la junta general es  un mes para las sociedades anónimas  y quince días para las sociedades de responsabilidad limitada.

¿Cuál es el sistema correcto de enviar la convocatoria? Dependerá de cada caso concreto.

En primer lugar, tienes que acudir a lo establecido en los estatutos sociales. Y aquí quiero detenerme para hacer un pequeño inciso.

Los estatutos sociales son la columna vertebral del funcionamiento de una sociedad, son su religión. No deja de llamarme la atención la poca importancia que se les da en el momento de constituir una sociedad.

Es llamativo que quienes van a ser sus socios no sean conscientes de su relevancia y se limiten a descargarse unos estatutos de Internet, o a copiar unos heredados de a saber dónde y quién. Por esta razón, después te encuentras  que sociedades recién creadas, con los medios tecnológicos con los que contamos en la actualidad, tienen previsto enviar la convocatoria de junta por telegrama o fax, además de otros muchos problemas más graves.

Mi consejo es  que para la redacción de los estatuos socieales se acuda a un profesional que asesore en la materia.

Volviendo al envío de la convocatoria de junta general, si en los estatutos sociales no está previsto ningún medio concreto, habrá que efectuarla a través de la página web de la sociedad, si existe y siempre y cuando cumpla los requisitos de creación e inscripción previstos en el artículo 11 bis de la Ley de Sociedades de Capital.

Si ninguna de estas opciones es posible, la convocatoria deberá publicarse en el Boletín Oficial del Registro Mercantil y en alguno de los periódicos más relevantes de la provincia en la que esté ubicado el domicilio social.

En el caso de las sociedades anónimas, una vez convocada la junta, podrá solicitarse su complemento. El complemento de convocatoria de junta general consiste en que accionistas que representan al menos el 5% del capital social requieren a los administradores para incluir uno o más puntos en el orden del día.  Para que el complemento sea válido es necesario:

  • Que se haya efectuado de forma fehaciente.
  • Su realización en los cinco días siguientes a la divulgación de la convocatoria.
  • Su publicación con una antelación mínima de 15 días a la fecha fijada para la reunión de la junta.

Incumplimiento del deber de convocatoria por los administradores: la convocatoria judicial o registral de junta general.

Comentaba anteriormente que los administradores tienen la obligación de convocar la junta general en determinados plazos.

Cuando esto no sucede y los administradores no cumplen con su deber, podrás solicitar la convocatoria, según lo establecido tanto en la Ley de Sociedades de Capital como en la Ley de Jurisdicción Voluntaria.

También estarás facultdo para acudir a este tipo de convocatoria en casos especiales como, por ejemplo, la muerte del administrador único.

¿Necesitas saber algo más sobre la junta general de las sociedades sociales? Si es así, házmelo saber en los comentarios.

Foto: rawpixel para unsplash.com

El sorteo que nos une… o no.

El sorteo que nos une. Este es el slogan elegido por Lotería Nacional para los cuatro anuncios creados este año para el sorteo de Navidad.

Y puede ser que sea así. Que el sorteo nos una. Lo que nos separa es que toque un premio. Porque cuando el Gordo entra por la puerta, el amor, la amistad y la familia, salen por la ventana.

Tocar, toca. El elegido de este año vas a ser tú, así que sigue leyendo porque voy a explicarte todo lo que necesitas saber para cuando los niños del Colegio de San Idelfonso canten los números de ese décimo que llevas en el bolsillo.

¿Qué es un décimo de lotería?

Pensarás que está pregunta es una tontería, ¿quién no sabe lo que es un décimo de lotería? Todos lo sabemos. Lo que quizá se nos escapa es que, según la Instrucción General de Loterías, un décimo es un título valor al portador. Esto quiere decir que, en principio, la persona que lo tiene en su mano (o en su cartera) es su dueña salvo que se haya establecido cualquier acuerdo o comunidad sobre él, se haya transmitido a otra persona, endosado, etc.

Tienes que tener muy clarita esta característica porque 3 de cada 4 jugadores de lotería repartimos nuestras suerte con otras personas. Esto no suele ser un problema… cuando no toca. Y es que si el número que compartimos resulta agraciado la cosa cambia, y suele haber importantes pérdidas de memoria sobre lo que se habló.

Tu mejor opción es sacar el Sheldon Cooper que todos llevamos dentro y reflejar por escrito  que ese décimo tiene varios dueños.

Puedes elegir ser tradicional, sacar la clásica fotocopia  y firmarla entre todos los propietarios del billete, incluyendo los DNIs de cada uno.

Otra posibilidad es pagar mediante transferencia bancaria tu parte incluyendo en el concepto la serie, fracción, y número correspondiente.

Si estas opciones te parecen demasiado complicadas o pasadas de moda, y tienes el móvil en la mano, abre Whatsapp y en el grupo de tus amigos o familiares con los que compartes la ilusión del Gordo, enviad una foto del décimo, teclead quién es el encargado de su custodia y como y cuanto se comparte.

Después abre la pestaña de Ajustes –> Chats –> Copia de seguridad –> Guardar . Voilá! Ya tienes una prueba que ese billete de lotería se juega entre varios.

Claro que donde se ponga la fe pública notarial que se quite lo demás. Y es que sin lugar a dudas, las mayores garantías las otorga un acta notarial como Dios manda.

Si no te fías demasiado de tus compañeros de juego o eres de los que te gusta dejar las cosas bien amarradas, ésta es la mejor alternativa que puedes emplear incluso si compartes lotería a través de redes sociales.

Guarda el décimo a buen recaudo.

Acabas de enterarte que te ha tocado y te pones nervioso, no puedes dejar de mirar el billete premiado… o eres de los despistados que no recuerdan dónde lo han puesto. No serías ni el primero ni el último que no es capaz de encontrarlo o que lo mete en la lavadora dentro del bolsillo del pantalón.

Intenta que esto no pase porque el artículo 18 de la Instrucción General de Loterías  explica que no se satisfará premio alguno sin  la previa presentación del billete o fracción que lo obtenga, cuyo documento no podrá ser reemplazado ni sustituido de ningún otro modo. Vamos, que si  lo rompes o lo pierdes, te quedas sin premio.

Afortunadamente los tribunales han flexibilizado un poco, sólo un poco, el rigor de este precepto, y en excepcionales ocasiones han permitido que se cobren  billetes desaparecidos pero exigiendo:

  • Acreditar la compra del décimo premiado, con su número, serie y fracción.
  • Su extravío o daño.
  • Que no lo haya cobrado nadie en el plazo legalmente previsto.

Demostrar todo esto no es fácil, es más sencillo cuidar dónde lo pones.

Y no te duermas en los laureles, no tienes toda la vida para cobrar tu décimo, sólo tres meses. No des lugar a que se pase el plazo.

Si no quieres terminar entre rejas, no te quedes con lo que no es tuyo

Los valores más sólidos del compañerismo,  la camaradería o el afecto se tambalean ante un premio sabrosón. En más de una ocasión el poseedor del décimo se olvida de las reglas del juego establecidas sobre ese billete y los lazos que le unen con la persona o personas con quién lo compartía y se queda con la totalidad del premio.

Este comportamiento, aparte de una marranada, es un delito. En concreto, una apropiación indebida tipificada en el artículo 253 del Código Penal, y para el que hay prevista una pena privativa de libertad de 6 meses a 3 años.

Si el premio es cuantioso, y te quedas con más de 50.000 € que no son tuyos, la sanción sube, pudiendo oscilar entre 1 a 6 años de privación de libertad y multa de 6 a 12 meses. Piénsalo dos veces antes de adueñarte de lo que no es tuyo.

Aunque igual tienes suerte y la persona a la que le has birlado su parte del premio es un alma caritativa y se limita a interponer una reclamación de cantidad en vía civil.

Me despido de este post deseándote mucha suerte.

#UnidosPorUnDécimo.

Imagen: Loterías y Apuestas del Estado.

Descubrimiento y revelación de secretos: el delito que sanciona difundir imágenes eróticas

The Newsroom. Segunda temporada. Capítulo 5. Sloan Sabith periodista especializada en Economía de la cadena ACN tiene una relación desde hace varias semanas. Una noche quedan a cenar, beben, tienen una cámara de fotos y por diversión, posa para su compañero . Poco tiempo después decide romper con él. Al día siguiente las fotos íntimas de aquella noche están por toda la red. Y Sloan sufre la humillacion de tener que explicar a sus jefes lo ocurrido.

Estos hechos forman parte de la ficción ideada por Aaron Sorkin (no te pierdas su obra maestra El Ala Oeste de la Casa Blanca) pero lo cierto es que en la realidad se producen en multitud de ocasiones, algunas veces con consecuencias trágicas.

Estamos hablando de casos en los que la divulgación de imágenes íntimas ha llevado al suicio de sus víctimas. En septiembre de 2016, una joven italiana se quitó la vida tras el terrible año que llevaba sufriendo desde que su expareja puso en circulación imágenes de contenido sexual de la chica.

En mayo de este año, una mujer sevillana optó por el suicido debido a la difusión en su empresa, de un vídeo en el que aparecía manteniendo relaciones sexuales. Al parecer, la grabación tenía 5 años de antigüedad y se había enviado por Whatsapp entre sus compañeros de trabajo.

¿Qué puedo hacer ante la divulgación de imágenes eróticas en las que aparezco?

A continuación voy a explicarte en que consiste este delito, por si deseas llevar a cabo acciones penales.

Pero los procedimientos judiciales requieren un cierto tiempo y, para evitar los graves resultados que la puesta en circulación de este tipo de imágenes puede tener, hay que actuar con rapidez.

Para ello te recomiendo utilizar los siguientes medios a tu alcance:

  1. Contacta con la persona que ha generado y comenzado con la divulgación de este contenido. Pide que lo retire a través de un medio que puedas probar más tarde.
  2. Si no atiende tu petición, pide su retirada a la plataforma en la que la foto o el vídeo se encuentra.  En este enlace puedes consultar los mecanismos que las redes sociales más populares ofrecen para comunicarles este tipo de incidencias.
  3. Para el caso que ninguna de las dos vías anteriores funciones, puedes interponer una reclamación en el Canal prioritario para comunicar la difusión de contenido sensible en internet y solicitar su retirada que la Agencia de Protección de Datos pone a tu disposición.

El delito de  sexting en el Código Penal.

Estos comportamientos, coloquialmente conocidos como sexting, (término que tiene proviene del fusión de los vocablos anglosajones sex y texting),  se tipificaron en España debiedo al fenómeno mediático producido por la difusión de un vídeo íntimo que una concejal toledana envió a un conocido. Pocas horas después el vídeo se encontraba en los teléfonos móviles, buzones de correo electrónico y redes sociales de sus paisanos. El revuelo que se montó, sobre todo en programas de prensa rosa, fue de tal magnitud que el legislador decidió incluir está conducta en el Código Penal.

La creación de este nuevo delito divide a la doctrina entre los que consideran que cubre una laguna importante y supone una adaptación de la normativa penal a actividades relacionadas con el desarrollo de la tecnología, y aquellos que consideran que se sobrepasa el límite de intervención mínima del Derecho Penal a una infracción que quedaba perfectamente cubierta por la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y la propia imagen.

Este nuevo delito se recoge en el apartado 7 del artículo 197 del Código Penal entre los delitos contra la intimidad, el derecho a la propia imagen y la inviolabilidad del domicilio, en concreto entre el descubrimiento y revelación de secretos.

Con esta figura se protege la intimidad, consagrada como derecho fundamental en el artículo 18 de la Constitución y entendida, no sólo como ámbito de privacidad que ha de quedar protegido frente a intromisiones ajenas, sino en la dimensión que recientemente le viene otorgando el Tribunal Constitucional, como esfera personal sobre la que se pueden fijar los límites del consentimiento que se ha concedido para acceder a ella, pudiendo determinarse a quién y para qué se permite su conocimiento.

¿En qué consiste esta infracción penal?

La conducta consiste en difundir, revelar o ceder a terceros imágenes o grabaciones audiovisuales obtenidas con el consentimiento de la persona afectada, en un domicilio o cualquier otro lugar fuera de la mirada de terceros, exigiendo el artículo 197.7 del Código Penal que se produzca un menoscabo grave de su intimidad personal.

La redacción de este precepto deja bastante que desear, puesto que introduce elementos bastante difusos y de difícil concreción. La referencia a que las imágenes o grabaciones se hayan tomado en un domicilio o en cualquier otro lugar fuera de la mirada de terceros es innecesaria. Lo que este artículo nos está diciendo es que las mismas se han creado en cualquier lugar, público o privado, ya sea una vivienda o una playa desierta, pero siempre en un ambiente de privacidad.

Se exige que se produzca como resultado efectivo un menoscabo grave de la intimidad de la persona que figura en las imágenes o grabaciones. Esta cláusula es bastante imprecisa, quedando a la fijación del juez en cada caso concreto, con los problemas interpretativos y de seguridad jurídica que unos términos tan ambiguos pueden generar.

El autor de este delito será la persona que obtuvo las imágenes con anuencia de la víctima, bien porque fue ella misma quién se las hizo llegar, bien porque se le autorizó a tomarlas para un uso estrictamente privado. Aunque los términos del artículo 197.7 del Código Penal no son del todo precisos, se limita el sujeto activo a esta persona, sin que alcance a aquellas que las han recibido con posterioridad y han continuado con su propagación.

La víctima es aquella persona que aparece en las fotografías o vídeo o porque ha permitido la toma o grabación o, incluso, porque ella misma las ha realizado y enviado, pero concediendo su consentimiento sólo y exclusivamente para un ámbito personal concreto.

Son dos las penas que, alternativamente, están previstas para este delito. Puede sancionarse mediante la imposición de una pena de prisión de tres meses a uno año, o con una multa de seis a doce meses.

Hay tres circunstancias para las que se ha establecido que la pena ha de imponerse en su mitad superior:

  • La conducta la realiza el cónyuge de la víctima o persona que esté o haya estado unida a él por una relación de afectividad análoga. La práctica revela que la mayoría de los casos se engloban en este supuesto, siendo bastante habitual el fenómeno conocido como revenge porn, ex pareja que tras la ruptura difunde imágenes íntimas tomadas durante la relación que ha finalizado.
  • La víctima fuera menor de edad o persona con discapacidad necesitada de especial protección. Se atiende a la especial vulnerabilidad de la persona que sufre estos comportamientos.
  • Los hechos se hubieran cometido con ánimo de lucro, creemos que por entender que son más reprochables.

Si te ha resultado interesante este contenido, te animo a compartirlo en redes sociales.

© María Dolores Martínez Pérez

Un acercamiento al acuerdo extrajudicial de pagos.

Introducido en  la Ley Concursal en el año 2013, el acuerdo extrajudicial de pagos es un mecanismo legal que tiende a resolver situaciones de pequeña insolvencia  fuera de un procedimiento judicial que es largo, complicado y tortuoso.

Como presupuesto para acudir al acuerdo extrajudicial de pago, tenemos que partir de la base de la  insolvencia del deudor o  de la previsión que no va a poder hacer frente  con regularidad a sus pagos corrientes. Y siempre que su deuda sea inferior a  5 millones de euros.

¿Quiénes pueden acogerse a un posible acuerdo extrajudicial de pagos?

Podrás utilizar este instrumento legal está si eres un deudor individual, tanto particular como empresario, profesional o autónomo

Una persona jurídica también podrá hacer uso de esta opción legal, siempre que cumpla los siguientes requisitos: 

  1. Encontrarse en estado de insolvencia.
  2. Si el acuerdo no prosperase, su concurso de acreedores no sería calificado de especial complejidad por la Ley Concursal.
  3. Contar con activos suficientes para pagar los gastos propios del acuerdo.

La realidad, recogida por la Estadística Concursal de Registradores de España, nos demuestra que el número de sociedades que acude a este procedimiento es irrelevante.

Estarás al margen del acuerdo extrajudicial de pagos si:

  • Tienes una condena  penal previa en los 10 años anteriores por determinados delitos económicos, patrimoniales o fiscales.
  • En los 5 años anteriores has alcanzado otro acuerdo judicial de pagos, un acuerdo de refinanciación o has sido declarado  en concurso de acreedores.

¿Cuáles son sus efectos?

  1. El deudor podrá continuar con su actividad pero sin realizar operaciones  extraordinarias.
  2. Los acreedores no podrán ni iniciar ni continuar procedimientos de ejecución, ni mejorar su situación frente al deudor.

¿Cómo se desarrolla el expediente?

El procedimiento es el siguiente:.

  1. El deudor solicitará, mediante formulario normalizado acompañado de inventario y lista de acreedores, al Notario o Registrador Mercantil, el nombramiento de mediador concursal.
  2. Nombrado el mediador y aceptado el cargo, comunicará al Juzgado de Primera Instancia o de Lo Mercantil que corresponda, que ha recibido la solicitud.
  3. El mediador concursal convocará una reunión con los acreedores y el deudor para negociar una propuesta de acuerdo que puede incluir medidas tales como :
    • Esperas por plazo inferior a 10 años.
    • Quitas
    • Cesiones de bienes o derechos a los acreedores.
    • Conversión de deuda en acciones o participaciones sociales de la mercantil deudora.
    • Conversión de deuda en ciertos tipos de préstamo.
  4. Finalmente se produce la votación que, para salir a adelante, la Ley Concursal exige una determinadas mayorías. Si el  acuerdo se aprueba, el mediador quedará encargado de vigilar su cumplimiento. Si no sale adelante, el mediador concursal tendrá que solicitar la declaración de concurso de acreedores del deudor, obligación que también se da si el acuerdo se incumple.

El acuerdo podrá ser impugnado por las causas y en los casos que la Ley Concursal prevé de manera expresa.

Es obligatorio resaltar que los créditos con garantía real poseen una regulación especial dentro del acuerdo, como por ejemplo, no se vinculan al acuerdo salvo en determinadas circunstancias.

Por último, una vez aprobado el acuerdo, se elevará a escritura pública, cerrándose el expediente. 

Fotografía de Chris Liverani para Unsplash

Cuando el administrador de una sociedad no convoca la junta general… y tienes que apretarle las tuercas

ley de sociedades de capital

Como socio o accionista de una sociedad, uno de tus derechos más importantes es el de asistir y votar en las juntas generales. No puedes olvidar que todas las decisiones que se aprueben en junta, te obligan. Da igual que hayas votado en contra o que, voluntariamente, no hayas asistido.

Dado que la Ley de Sociedades de Capital, atribuye a la junta general de la sociedad, decidir sobre sus puntos clave, es lógico que quieras participar en ella.

El administrador de una sociedad tiene el deber de convocar una junta general en estar tres ocasiones:

  • En los supuestos y fechas determinados por la Ley de Sociedades de Capital y los estatutos de la sociedad.
  • En cualquier momento que lo consideren oportuno.
  • A petición de uno o varios socios que, como mínimo, ostenten el 5% del capital social.

Ahora bien, ¿qué ocurre si el órgano de administración no cumple con su obligación? ¿Tienes herramientas legales para lograr que la junta general se convoque y se celebre? La respuesta es SI.

Si eres socio o accionista de una sociedad y se da cualquiera de los tres  casos que acabo de enumerar, puedes pedir que se celebre una junta general.

Pídeselo por favor… mediante un requerimiento notarial.

El primer paso a dar es solicitar la junta general  a través de un requerimiento notarial.  Es cierto que la Ley de Sociedades de Capital parece que establece este requisito tan sólo para la petición de socios que representen al menos el 5% del capital social.

A mí personalmente me gusta utilizar este conducto siempre como paso previo a la convocatoria judicial, precisamente porque puede conseguir que no tengas que llegar a los tribunales.  Es cierto que puedes utilizar otro tipo de medios que también dejan constancia de la petición, pero dónde se ponga la fe pública notarial que se quite lo demás.

¿Qué ocurre si no se atiende tu petición? Si el órgano de administración no convoca la junta general, sea ordinaria o extraordinaria, o a requerimiento  de una minoría, puedes acudir al Letrado de la Administración de Justicia o al Registrador Mercantil.

Voluntario forzoso. La convocatoria judicial de junta general.

La Ley de Jurisdicción Voluntaria, dentro de sus competencias en el ámbito mercantil, te ofrece la posibilidad de acudir al Juzgado de lo Mercantil de la localidad en la que se encuentra el domicilio de la sociedad para pedir que se convoque una junta general.

Para el expediente de jurisdicción voluntaria necesitas la asistencia de un abogado  y la representación de un procurador.

Al escrito iniciador del procedimiento, tendremos que acompañar:

  • Los estatutos sociales.
  • Los documentos que demuestran que podemos interponer la solicitud, y que se cumplen sus requisitos.

Cuando la junta que estamos pidiendo que se convoque es una junta general ordinaria, hay que alegar que se ha pasado el plazo legal y  no se ha convocado. Si nuestro interés versa sobre una junta general extraordinaria, lo que tenemos que alegar son las razones por  las que la pedimos y el orden del día que deseamos que tenga.

Admitida la solicitud por el Juzgado, tendrá lugar una comparecencia ante el Letrado de la Administración de Justicia que dictará un decreto en el  que determinará si  se celebra o no la junta pedida.

Este decreto se te notificará a ti y  al administrador de la sociedad, y si establece que la junta debe celebrarse, no  se puede interponer recurso contra él.

El Registrador Mercantil también puede ayudarte.

Otra vía que te concede la Ley de Sociedades de Capital para lograr la celebración de la junta general, es la convocatoria registral.

Consiste en solicitarla al Registrador Mercantil del domicilio social, qué la convocará en el plazo de un mes desde que recibe la solicitud, incluyendo:

  • Lugar, día y hora de la celebración.
  • Orden del día.
  • Designación del Presidente y Secretario.

El pago de los gastos generados por la solicitud de convocatoria.

Te estarás preguntado si, aparte de todo el trabajo y las molestias generadas por tener que haber acudido a los mecanismos que te he contado, además tienes que afrontar los honorarios del Notario, el Registrador, Abogado, Procurador…

Si tu petición de junta está fundamentada y, por consiguiente, se acuerda, debe ser la sociedad la que se ha cargo del pago de estos gastos.

La Ley de Sociedades de Capital lo deja muy claro en lo que a la convocatoria registral de junta se refiere.

La Ley de Jurisdicción Voluntaria no hace mención expresa a este aspecto, pero siendo supletoria la Ley de Enjuiciamiento Civil en lo no previsto en ella, en este caso las cosas procesales deben imponerse a la sociedad.

© María Dolores Martínez Pérez.

© Sinderiza C.B.

Fotografía Quino Al para unsplash.com

Descubre el contenido del deber de colaborar e informar en el concurso de acreedores.

colaboración e información en el concurso de acreedores

De nuevo quiero hablarte del concurso de acreedores, el procedimiento previsto por nuestro ordenamiento para regular, e intentar resolver, (desgraciadamente no siempre), las situaciones en las que no se puede hacer frente de forma regular a las obligaciones de pago.

Cuando se dicta el auto que lo declara, tanto si el concurso es voluntario como necesario,  inmediatamente se producen repercusiones sobre el deudor, los acreedores, los contratos y los actos perjudiciales para la masa activa del concurso.

Entre los efectos que el concurso de acreedores despliega sobre el deudor se encuentra el deber de colaborar e informar, obligación prevista en el artículo 42 de la Ley Concursal.

¿Frente a quiénes tiene la obligación de colaborar e informar el deudor?

La Ley tiene prevista que comparezca ante:

  • El Juzgado de lo Mercantil.
  • La administración concursal 

¿En qué consiste esta obligación?

En presentarse para colaborar  e informar de todo lo necesario para el interés del concurso. Lo habitual es que se necesite que aclare, precise o facilite documentación sobre aspectos concretos: datos que aparecen en contabilidad, documentos que soportan operaciones, funcionamiento de la empresa, etc. 

¿Sobre qué personas concretas recae esta responsabilidad?

Este deber se encuentra encomendado a:

  • El deudor persona física.
  • Si la concursada es una persona jurídica le corresponde a:
    • Los administradores.
    • Los apoderados.
    • Los liquidadores.
    • Cualquiera que haya ostentado estos cargos en los dos años anteriores a la declaración del concurso. 

Este cometido se desarrolla dentro del campo de actuación que cada uno de estos intervinientes haya tenido según el cargo ostentado y su duración temporal. 

En algunos casos, la jurisprudencia ha considerado que esta obligación recae también sobre los que han desarrollado estas funciones de hecho, a pesar de no ser los representantes de derecho de las personas jurídicas.

Consecuencias del incumplimiento de este deber.

Son dos las repercusiones de que la persona concursada, no contribuya en aclarar todo lo necesario para el interés del concurso. 

La primera de ellas, la que la Ley Concursal no dice pero que es de sentido común, es el entorpecimiento del proceso. No podrá desarrollarse como es debido si el Juzgado de lo Mercantil no dispone de todas las aclaraciones que son necesarias ni si la administración concursal no encuentra la cooperación imprescindible para poder desarrollar las funciones que tiene encomendadas. Y esta falta de buena sintonía lo único que consigue es perjudicar tanto a la propia concursada, (aunque a veces pueda pensar lo contrario), como a sus acreedores.

La segunda es que su incumplimiento constituye uno de los supuestos de declaración de culpabilidad del concurso, con las graves sanciones que puede llevar aparejadas para la deudora y/o las personas que han actuado en su nombre.

© María Dolores Martínez Pérez.

© Sinderiza C.B.

Foto: Danielle MacInnes para unsplash.com 

3 ideas que tienes que tener claras si vas a constituir una sociedad profesional.

constituir una sociedad profesional

Veterinario, odontólogo, arquitecto, fisioterapeuta… si quieres ejercer tu profesión a través de una sociedad, la legislación establece que tiene que ser  a través de una sociedad profesional. 

Cómo te comentaba cuando hablábamos de los 6 puntos clave de las sociedades profesionales, no son una forma social especial, sino cualquier otro tipo de sociedad a la que, por la actividad que van a desarrollar, se le añaden las características de las profesionales.

Durante el 2017,  según la memoria estadística elaborada por el Registro Mercantil Central, en España se constituyeron 1128 sociedades limitadas profesionales y 2 sociedades anónimas profesionales.

Si te estás planteando crear una sociedad profesional hay tres ideas que tienes que tener claras. La primera es que tipo de sociedad deseas crear, la segunda, cómo añadirle adecuadamente los requisitos establecidos por la Ley de Sociedades Profesionales. Y la tercera, que formalidades tienes que cumplir.

1.  Tipo de sociedad, ¿de verdad puedo elegir la clase de sociedad que quiera?

Sí, pero esta afirmación hay que matizarla.  

La Ley de Sociedades Profesionales establece que “las sociedades profesionales podrán constituirse con arreglo a cualquiera de las formas societarias previstas en la leyes, cumplimentando los requisitos establecidos en esta ley”. 

Según este artículo, cualquier tipo de sociedad es válido para utilizarlo como sociedad profesional.

Lo que ocurre es que la realidad nos demuestra que las peculiaridades tanto de las sociedades profesionales cómo las de las otras clases de sociedades, hace que esta afirmación no se tan contundente. 

Existen una serie de impedimentos para esta supuesta libertad de elección. Las restricciones vienen de la propia Ley de Sociedades Profesionales, de las normas que regulan las diferentes formas sociales y de las que regulan la actividad profesional correspondiente.

La Ley de Sociedades Profesionales establece condiciones a tener en cuenta en el momento de crear una sociedad profesional:

  • Sobre la organización de los órganos de gobierno y representación. La mayoría, tanto del capital social y de  los derechos voto, como de los miembros del órgano de administración, ha de estar en manos de socios profesionales.
  • El estatuto del socio profesional. Se encuentra condicionado por las normas de transmisión de la condición de socio profesional,  y las de separación y exclusión.
  • La existencia de formas sociales dudosamente compatibles con la sociedad profesional. Este es quizá. el límite más importante. 

Cómo acabo de mencionar la Ley de Sociedades Profesionales dice con claridad que las sociedades profesionales se pueden constituir mediante cualquier forma societaria prevista en las leyes. 

Sin embargo cuando profundizamos en los distintos modelos de sociedades observamos que este enunciado tiene matices. 

Al estudiar la normativa específica, resulta dudoso que una Sociedad Limitada de Nueva Empresa o una Sociedad Cooperativa, sean adecuadas para crear sociedades profesionales.

Del mismo modo, las Agrupaciones de Interés Económico, las Mutuas y las Sociedades de Garantía Recíproca son incompatibles con las sociedades profesionales. 

2.  ¿Existen límites para constituir una sociedad profesional?

Sí. Para crear una sociedad profesional tienes que tener en cuenta una serie de requisitos legales.

  • Las sociedades profesionales son sociedades a las que se le añaden los elementos previstos en la Ley de Sociedades Profesionales.  Cuando constituyas una sociedad profesional, inevitablemente tendrás que compatibilizar  los requisitos legales del Derecho Societario con  los establecidos en la Ley de Sociedades Profesionales.
  • Cada actividad profesional tiene normas propias que regulan su ejercicio y que no puedes olvidar cuando vayas a constituir una sociedad profesional.  Empezando, por ejemplo, si está previsto que esa actividad pueda realizarse o no, a través de una sociedad. O, verbigracia, si es compatible con el desarrollo de otra actividad profesional en una misma sociedad.

3.  ¿Cuáles  son las formalidades legales que exige una sociedad profesional?

A grandes rasgos podemos decir que son dos:

  1. Formalización en escritura pública: que recoja el contrato por el que se crea la sociedad profesional y una serie de menciones mínimas:
    • Identificación de los socios, especificando si son o no socios profesionales, la concreta profesión de cada uno de ellos, y el número de acciones o participaciones que van a suscribir.
    • Colegio Profesional al que pertenecen los socios y su número de colegiado. No basta su mención, habrá que acreditarlo con  el correspondiente certificado colegial y la habilitación actual para el ejercicio de la profesión. 
    • Descripción de la concreta actividad o actividades profesionales a las que se va a dedicar la sociedad.
    • Mención de las personas que al principio van a desempeñar  la administración y representación de la sociedad, especificando si son, o no, socios profesionales.
  2. Inscripción en el Registro Mercantil y, posteriormente, en el Registro de Sociedades Profesionales  del Colegio Profesional correspondiente al domicilio social. 

Ahora que ya conoces los elementos fundamentales de la creación de las sociedades profesionales, ¿te animas a dar el paso?

@ María Dolores Martínez Pérez

@ Sinderiza C.B.

Foto: Rawpixel para Unsplash

¿Tengo que cumplir alguna ley si utilizo perfiles profesionales en redes sociales?

requisitos legales de los perfiles profesionales en redes sociales

La respuesta es SÍ.

Los servicios prestados a través de las redes sociales se consideran como  servicios de la sociedad de la información y se regulan por la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico (en adelante LSSI).

Esta Ley constituye el marco regulador básico de estos servicios, definiendo los parámetros legales mínimos que los servicios de redes sociales deben cumplir.

La normativa de protección de datos de carácter personal es otro pilar fundamental de su cobertura legal. Y es que no podemos olvidar que los datos, la mayoría personales, que los usuarios suben a sus perfiles, son la gasolina de las redes sociales.

Las redes sociales se han convertido en una plataforma de primer nivel para empresas y profesionales de todos los sectores y tamaños para informar y promocionar sus productos y servicios.

Permiten:

  • Tener un conocimiento muy detallado del cliente
  • Personalizar la oferta de nuestros productos o servicios.

Por servicio de la sociedad de la información se entiende “todo servicio prestado normalmente a título oneroso, a distancia, por vía electrónica y a petición individual del destinatario”.

¿Se dan estos elementos en los perfiles de redes sociales que se emplean para actividades comerciales o profesionales? Estos requisitos concurren porque:

  • Se trata de una prestación a título oneroso: Aunque sea un servicio no remunerado por sus destinatarios, si constituye una actividad económica para el prestador del servicio. Como consecuencia, implica la aplicación automática de la LSSI y la Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD)
  • Se realiza a distancias y por vía electrónica.
  • El destinatario la recibe a título individual, dado que es libre de  elegir seguir o no el perfil profesional o comercial que una empresa o profesional tenga en una red social.

Deberes de operar en redes sociales a nivel profesional o comercial.

Si estás utilizando las redes sociales para dinamizar tu negocio, tienes que cumplir una serie de obligaciones dirigidas a asegurar un óptimo nivel de protección a los destinatarios de tu servicio.

  1. Deber de información. Tienes que facilitar tu identidad y las  circunstancias en las que desarrollas tu actividad. El perfil profesional de tu empresa debe recoger esa información o incluir un enlace que lo derive a la misma. (link de la web). Y lo mismo respecto a los productos o servicios que ofrezcas y a los procedimientos para contratarlos.
  2. Deber de colaboración. En determinadas circunstancias puedes ser compelido a interrumpir la prestación del servicio o a retirar determinados contenidos.
  3. Deberes de respeto a las comunicaciones comerciales. Estás realizando publicidad por lo que debes cumplir lo establecido en la Ley de Publicidad. Si quieres saber más sobre este tema, te recomiendo la lectura de este artículo sobre los requisitos legales de la publicidad realizada a través de redes sociales.

Redes sociales y protección de datos de carácter personal.

Las redes sociales se alimentan de los contenidos que los usuarios ponemos a disposición del resto de miembros, contenidos que en muchas ocasiones tienen una evidente naturaleza personal.

Esta información personal de los usuarios es la piedra angular del funcionamiento de las redes sociales, lo que trae como consecuencia inmediata el sometimiento de estas actividades a la normativa de protección de datos de carácter personal.

El punto de partida son los datos personales. Un dato personal es cualquier información concerniente a personas físicas identificadas o identificables.

Los usuarios de redes sociales a nivel profesional o comercial utilizamos nuestros perfiles para promocionar, o incluso explotar, actividades comerciales o profesionales.

La Agencia Española de Protección de Datos ha aclarado en más de una ocasión que el administrador de un perfil profesional de una red social se convierte en el  responsable del fichero de datos que se obtienen y gestionan a través de  dicho perfil.

Cómo obtener un consentimiento que sea válido para la recogida y el tratamiento de datos personales a través de redes sociales.

Para poder utilizar esos datos personale, tenemos que tener el consentimiento de los usuarios. Este consentimiento debe ser suficiente, lo que requiere los siguientes elementos.

  • Tiene que ser inequívoco. La persona de la que se recogen  datos a través de una red social, tiene que autorizarlo de forma expresa.  Debe poder concluirse que ha dado su aprobación al tratamiento de datos. El problema es que muchas veces los usuarios no son conscientes de este tratamiento de datos. Afortunadamente, cada vez más las distintas redes sociales establecen mecanismos para cumplir con esta exigencia.
  • El consentimiento ha de ser informado. El usuario tiene que ser informado de los parámetros mínimos legales sobre el derecho de información definidos por la LOPD. Será suficiente en tales casos la existencia de una política de privacidad accesible por el usuario como acreditación de este deber.

Como ejemplo, mira cómo puedes hacerlo en Facebook.

Entras en tu página profesional, y accedes a la sección de información.

Entre los distintos campos que puedes cumplimentar se encuentra “Editar Política de privacidad”.

Si haces clic se abre una ventana para insertar un enlace, ahí pegas el link a la política de privacidad de tu web y… Voilá!

 

  • Ha de prestarse con carácter previo. Se tiene que obtener con anterioridad a la toma y utilización de los datos.
  • El consentimiento ha de ser libre. No puede lograrse con error, violencia o intimidación.
  • Debe ser revocable. Si un usuario que nos ha facilitado sus datos y nos ha autorizado a usarlos, cambia de opinión, tiene que tener a su alcance un sistema posterior de revocación del permiso que en su día nos concedió.

Estos son los pilares básicos legales que has de cumplir desde el mismo momento que emplees la redes sociales para uso comercial o profesional.

Si además publicas fotografías o vídeos, te recomiendo que leas este post específico sobre la publicación de imágenes en redes sociales.

Este artículo nace del taller sobre requisitos legales de webs y redes sociales que impartí el pasado miércoles en las Red de Empresarias de la Provincia de Almería (Redea). No quiero terminar sin dar las gracias tanto a la Delegación de Igualdad de la Diputación Provincial de Almería por contar conmigo, como a las asistentes a la charla por su interés y el buen rato que me hicieron pasar.

@ María Dolores Martínez Pérez

@ Sinderiza C.B.

Foto: Norwood Themes para Unsplash

 

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