Cómo cobrar un factura impagada

como cobrar una factura impagada

Cobrar una factura impagada es un escollo al que, si tienes una empresa o eres autónomo, inevitablemente, más tarde o más temprano, tendrás que enfrentarte.

Lo normal es que ante este problema despliegues todo tipo de artimañas para conseguir que tu cliente te pague. Le llamarás, le preguntarás que sucede, enviarás cartas recordando que hay una factura pendiente de pago… En algunos casos tu diplomacia y paciencia servirán y lograrás que hagan frente a la deuda. Pero, desgraciadamente, no siempre sucede así y, cuando todo lo anterior ha fallado, toca reclamar por vía judicial.

Para estos casos la Ley de Enjuiciamiento Civil tiene previsto el procedimiento monitorio, un procedimiento especial pensado para “una protección rápida y eficaz” del crédito de muchos justiciables, especialmente de pequeños y medianos profesionales y  empresarios. Lo dice así la Ley en su preámbulo aunque la realidad, por desgracia,  sea bien distinta.

La Ley de Enjuiciamiento Civil entra en vigor coincidiendo con los años de bonanza económica, España parecía que iba bien, y el procedimiento monitorio nacía como un proceso residual para una baja morosidad empresarial. Pero llegó la crisis y el escenario cambio de manera radical. Los impagos se dispararon y con ellos, estos procesos. Según la estadística elaborada por el Poder Judicial, en el año 2002 se interpusieron 168.053 monitorios, cifra que fue aumentando año a año hasta alcanzar niveles estratosféricos en 2008 y 2009, presentándose  856.875 y 895.127 solicitudes respectivamente. Los últimos datos anuales de que disponemos correspondientes al año 2018 recogen la interposición de 576.846 solicitudes.

Qué es el procedimiento monitorio y como funciona.

El procedimiento monitorio es un proceso especial, regulado en los artículos 812 a 818 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Ideado para que el ciudadano pueda recuperar fácilmente su deuda, intenta ser breve, rápido y sencillo.  La cotidianidad judicial  nos demuestra que no siempre es así.

El procedimiento monitorio está especialmente previsto para el cobro de facturas impagadasHaz click para twittear

El procedimiento comienza con una solicitud que ha de presentarse ante el Juzgado de Primera Instancia del lugar de domicilio o residencia del deudor. Tiene que recoger quienes son tanto el deudor como el acreedor, sus respectivos domicilios y la cuantía de la deuda. A la petición de procedimiento monitorio hay que adjuntar los documentos en los que se base la deuda (facturas, albaranes…).

Cuando el Juzgado de Primera Instancia recibe la petición puede hacer tres cosas:

1.- Admitirla directamente.

2.- Proponer la cantidad correcta de la reclamación, si aprecia que hay un error el importe que se está reclamando.

3.- Si se trata de una deuda que tiene su origen en un contrato entre un empresario y un consumidor, analiza si existen cláusulas que puedan ser abusivas. Si considera que puede haberlas concede un plazo de cinco días para  manifestarse sobre ellas y después decidirá:

  • Si la petición es improcedente y, por tanto, no debe admitirse.
  • Aceptarla pero eliminando la cláusula o cláusulas que son abusivas.
  • Continuar el procedimiento con normalidad, aceptando la solicitud de procedimiento monitorio.

Una vez que se ha producido la admisión  a trámite, se requiere al deudor por un plazo de 20 días para que, o bien pague la deuda que se le está reclamando, o bien se oponga alegando los motivos por los que, a su parecer, no debe todo o parte lo que se le requiere.

Ante una admisión pueden producirse varias situaciones:

  • Pago de la deuda que se está reclamando. Panorama ideal que pocas veces se produce. Las últimas estadísticas hablan de sólo el 7,4 % de los casos
  • El deudor se opone a la reclamación. Manifiesta cuales son, según él, los motivos por los que no debe lo que se le está pidiendo. Con independencia de las razones que esgrima, se acudirá al procedimiento declarativo correspondiente en función del importe de la deuda. En este nuevo proceso de dilucidará sobre el fondo del asunto y se dictará la sentencia correspondiente.

La oposición por parte del deudor no es demasiado frecuente, superando ligeramente el 8% de los procedimientos

  • Transcurso de los veinte días sin actividad alguna del deudor. En este caso  se dicta un decreto con el que estaremos facultados para ejecutar la deuda y embargar los bienes del deudor hasta cobrar la totalidad de su importe.

Esta es, con diferencia, la coyuntura más frecuente.

¿Conseguiré cobrar mi factura?

Quizá.  Me gustaría poder responderte con rotundidad que sí, que el procedimiento es 100% efectivo y que su tramitación acaba con el cobro de la deuda. Por desgracia, no sucede así.

Son muchos los factores que influyen en la recuperación del dinero que te deben. Como acabo de comentar, son pocos los casos en los que, cuando el deudor recibe el requerimiento de pago, hace frente a su deuda. Lo más habitual suele ser que no haga nada y deba iniciarse el correspondiente procedimiento de ejecución. Es aquí dónde está la clave. Una ejecución bien tramitada, con una exhaustiva y, sobretodo, constante búsqueda de bienes embargables, será la llave para lograr tu objetivo.

 

La ejecución posterior es la clave para conseguir el cobro en el procedimiento monitorioHaz click para twittear

¿Es necesario contratar a  un abogado y un procurador para tramitar este procedimiento?.

La respuesta es no. No es necesario pero si totalmente recomendable. La ley permite a cualquier ciudadano acudir a este procedimiento por si mismo. Cualquiera puede realizar la petición, basta con presentar un escrito o rellenar este formulario. Depende de ti valorar si merece la pena contratar a profesionales que te asistan. Para tomar la decisión debes plantearte, por ejemplo:

  • Si sabes que hacer ante una diligencia negativa de notificación al deudor.
  • Qué significa y que ocurre si te impugnan los documentos que acompañas a la solicitud.
  • Cómo se ejecuta el decreto que pone fin al monitorio y como se embargan los bienes del deudor.

Y tú ¿alguna vez has tenido que reclamar judicialmente una factura? ¿cómo fue la experiencia? Cuéntamelo en los comentarios

Foto: Andrew Branch para www.unsplash.com

 

Qué es el sharenting o porque no se te puede ir la mano publicando fotografías de tus hijos en redes sociales

fotografías hijos en redes sociales

El día que Anna, una joven austriaca, cumplió 14 años, decidió que había llegado el momento de crear su perfil en Facebook.  Al hacerlo se llevó una inesperada y desagradable sorpresa: la red social estaba a reventar de fotos suyas.

Espantada, se vio gateando, desnuda cuando era un bebé y en un montón de situaciones cotidianas más. ¿Quiénes habían contado su vida sin ningún pudor a más de setecientos contactos? ¿Quiénes se habían saltado su privacidad a la torera? Sus padres.  Ambos estaban practicando sharenting. Tuvo que acudir a los tribunales para que parasen.

Sharenting o la publicación desmedida de fotos de tus hijos en redes sociales.

El término sharenting nace de la fusión de dos palabras en inglés: share (compartir) y  parenting (crianza). Hace referencia a los padres que suben con asiduidad imágenes de sus hijos a las redes sociales.

Lejos de ser algo anecdótico, esta actividad se ha convertido en un importante fenómeno del que los padres desconocéis su perfiles legales.

La patria potestad mal entendida.

La patria potestad está recogida en el artículo 154 y siguientes del Código Civil  y debes entenderla como la función de representar a tus hijos y velar por ellos.

Posiblemente si tus hijos son menores de edad, los representas junto con su otro progenitor, con independencia de cuál sea la relación que mantengáis (si sois pareja de hecho, estáis casados o  divorciados, etc…).

Una idea que tienes que tener muy clara  es que el criterio con el que la llevas a cabo siempre ha se ser el interés de tus hijos y el respeto a sus derechos.

Con esta guía en mente no se te olvidará que subir continuamente imágenes de tus hijos a Instagram, Facebook, o cualquier otra red social,  no  les favorece. Que se te vaya la mano publicando  fotos en las que aparecen tus hijos les perjudica.

Les expone a riesgos como el acoso escolar, la pederastia…  Y constituye una falta de respeto a los derechos de los niños, entre ellos, el derecho a su propia imagen.

El derecho de tus hijos a su propia imagen.

El derecho a la propia imagen es uno de los derechos fundamentales de la persona. Amparado por la  Constitución en su artículo 18, se dibuja y dota de contenido por la Ley Orgánica 1/1982 de 5 de mayo de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen

Tiene una vertiente positiva, consistente en la facultad de cada persona de difundir su propia imagen, y una vertiente negativa, por la que se puede exigir autorización para mostrar nuestra imagen o incluso prohibir su difusión.

Aunque tu hijo sea un niño menor de edad, es  titular de su derecho a propia imagen, a su honor y a su intimidad. Así  lo contempla expresamente el artículo 4 de la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor.

La protección de los datos personales del niño.

La imagen es un dato de carácter personal y está protegida por Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.

En el caso de menores de edad, tiene expresamente previsto que la utilización o difusión de sus fotos, vídeos o cualquier otra  información personal puede implicar una intromisión ilegítima en sus derechos fundamentales.

¿Puedo o no puedo publicar fotos de mis hijos en redes sociales?

Es una decisión que los padres tenéis que tomar. Si compartís la patria potestad, ambos progenitores tenéis que estar de acuerdo.

Aunque exista este acuerdo, antes de publicar una foto, dedica un segundo a reflexionar sobre si cuando tu hijo sea adulto querrá ver difundida esa instantánea en la red. Puede hacerte mucha gracia los primeros trompicones de tu criatura cuando empieza andar, como pone perdida de papilla toda la cocina o sus hazañas como portero de fútbol. Pero quizá a él cuando se haga mayor no le guste.

Para publicar fotos de vuestros hijos en redes sociales, ambos progenitores tenéis que estar de acuerdoHaz click para twittear

¿Qué ocurre si no hay consenso? Que tendréis que acudir a los tribunales para determinar si es pertinente compartir fotografías de los menores en las redes sociales, o bajo qué condiciones estaríais autorizados.

No es la primera vez que los jueces se han manifestado sobre este tema, como también ha dejado de ser novedoso que, en caso de divorcio de los padres, en el convenio regulador se trate este punto de manera específica.

No te olvides del uso que hacen las redes sociales de las imágenes.

La publicación de fotografías en redes sociales conlleva muchas implicaciones legales, entre ellos la posible cesión de derechos.

Casi ningún usuario de una red social nos paramos a pensar  los derechos que les cedemos cada vez que publicamos una foto. Aceptamos sus condiciones de uso y su política de privacidad sin ni siquiera leerla de pasada. ¿Qué les estamos concediendo?

Las condiciones de uso de Facebook establecen que “en el caso de contenido protegido por derechos de propiedad intelectual, como fotos y videos («contenido de PI»), nos concedes específicamente el siguiente permiso, de acuerdo con la configuración de la privacidad y de las aplicaciones: nos concedes una licencia no exclusiva, transferible, con derechos de sublicencia, libre de regalías y aplicable en todo el mundo para utilizar cualquier contenido de PI que publiques en Facebook o en conexión con Facebook («Licencia de PI»).”. Es decir, le permites que hagan cualquier uso con las fotos que subes, incluidas las de tus hijos, gratis.

Instagram no es muy diferente. En su caso “otorgas a Instagram una licencia totalmente pagada, sin derechos de autor, no exclusiva, transferible, con posibilidad de sublicenciarse e internacional para utilizar el Contenido que publiques en el Servicio o a través de este, conforme a la Política de privacidad del Servicio que está disponible en http://instagram.com/legal/privacy/“. A ellos también se las das.

Normalmente, cuando se sube la foto de un hijo a las redes sociales no se hace por su valor artístico pero no está de más conocer los derechos que les estamos regalando.

Entonces mejor no subo ni una foto de mis hijos a las redes sociales.

Tampoco es eso. Una cosa  es compartir de manera compulsiva imágenes de los hijos en las redes sociales y otra subir de cuando en cuando en una foto o un vídeo. No pasa nada por compartir una foto si un día te apetece.

Lo que no debes  hacer es contar su vida y milagros. Si compartes fotos de su día a día, desde que nace hasta que se va a la Universidad,  estás haciendo pública su vida y le estás creando una biografía digital que no sabes si en el futuro querrá que se haya expuesto o si puede perjudicarle.

No quiero ser alarmista ni preocuparte en exceso. Si  quieres compartir fotos de tus hijos, puedes hacerlo utilizando otros medios más adecuados como el correo electrónico.

Y si te apetece publicar fotos en las que aparezcan hazlo, pero con cuidado, sin exponerles demasiado, sin relatar toda su vida y adoptando unas ciertas medidas de seguridad. En esas ocasiones revisa bien la privacidad de esas imágenes, limita su acceso a un entorno limitado y de confianza.

¿Tienes alguna pregunta sobre la publicación de fotos de tus hijos en redes sociales? ¡Adelante! Te responderé  en los comentarios

 

Fotografía: TanaPhonh Toochinda para Unsplash.com

Cómo realizar un aumento de capital por compensación de créditos

aumento de capital por compensación de créditos

¿Cuando debe efectuarse el aumento de capital por compensación de créditos? Tomamos como punto de partida que el aumento de capital es una operación que sirve para incrementar los fondos de la sociedad. Ésta ha ido desarrollando su objeto y llega un momento en que su capital es insuficiente para continuar avanzado, es necesario que crezca.

Si la sociedad, ante la necesidad de invertir, se ha financiado mediante créditos de los socios y se encuentra con un capital reducido pero un pasivo muy elevado, es el momento de acudir a esta herramienta. Ampliamos capital, para que este sea acorde con la realidad social.  Los suscribimos compensando los créditos, para eliminar el desequilibrio.

Previsto en el artículo 301 de la Ley de Sociedades de Capital, el aumento de capital requiere que se trate de créditos vencidos, líquidos y exigibles, como establece el artículo 1196 del Código Civil.

El aumento de capital por compensación requiere que se trate de créditos vencidos, líquidos y exigibles.Haz click para twittear

El porcentaje de créditos a compensar exigido por la ley varía. Mientras que en las sociedades de responsabilidad limitada se exige que sea el 100% de los mismos, en las sociedades anónimas basta con un 25% y que el plazo de vencimiento de los restantes no sea superior a 5 años.

El informe del órgano de administración 

Para el aumento de capital por compensación de créditos, la Ley de Sociedades de Capital exige al órgano de administración la elaboración de un informe. El informe de los administradores es el centro sobre el que gravita una correcta ampliación de capital de este tipo. Puesto a disposición de los socios en el domicilio social a tiempo de la convocatoria de la pertinente  Junta General, deberá contener:

  • La naturaleza y características de los créditos que se van a compensar.
  • Quiénes son los aportantes.
  • A qué cuantía asciende el aumento del capital.
  • El número y valor de las participaciones sociales que se van a crear para efectuar la ampliación.
  • Declarar la existencia de concordancia entre la contabilidad social y los datos de los créditos que se van a compensar.

Un elemento imprescindible de este informe es la correcta identificación de  los créditos que se van a compensar. Para que se encuentren debidamente reseñados ha de especificarse en cada crédito:

  1. El nombre del acreedor.
  2. Fecha en que fue contraído el crédito,
  3. Declaración que el crédito es completamente líquido y exigible.
  4. Manifestación que al tiempo de la convocatoria de la Junta fue puesto a disposición de los socios el informe de los administradores.

Sin estos requisitos, exigidos por el artículo 199 del Reglamento del Registro Mercantil, no se efectuará la correspondiente inscripción, tal y como ha manifestado la Dirección General de Registros y Notariado en varias de sus resoluciones.

Si la sociedad cuya capital va a ampliarse es anónima al informe de los administradores hay que añadir una certificación emitida por un auditor de cuentas que acredite que, del estudio de la contabilidad social se desprende la exactitud de los datos ofrecidos en el informe.

Con este mecanismo se tutela una dualidad de intereses. Por una parte, la de los accionistas, que van a continuar manteniendo su patrimonio una vez se produzca la ampliación. Por otra, la protección de terceros que se relacionen con la sociedad, que de este modo obtienen la certeza que ese aumento de capital corresponde a una real aportación patrimonial.

Cuando la sociedad anónima cuente ya con un auditor de cuentas designado, podrá ser él quien realice la certificación. De no ser así, deberá ser nombrado por el Registrador Mercantil

Una vez elaborado el informe, ha de convocarse una junta general.

¿Qué contenido ha de reflejarse en la convocatoria de la junta?

La convocatoria de la junta en la que vaya a tratarse el aumento de capital  debe incluir necesariamente en su orden del día:

  • El aumento de capital, con su cuantía y el número de participaciones sociales que van a emitirse, así como su valor nominal.
  • La modificación del artículo de los estatutos sociales en el que consta el capital social para actualizarlo al nuevo importe.
  • La puesta a disposición y derecho de los accionistas o socios de examinar el informe del órgano de administración y, en su caso, la certificación emitida por el auditor de cuentas.
  • Si va a delegarse en alguien, y de quién se trata, la ejecución de las formalidades legales del acuerdo.

Celebrada la junta y aprobado el aumento de capital, no debemos olvidarnos de reflejarlo en el Libro de Socios.

Elevación a público del acuerdo e inscripción en el Registro Mercantil

Para el otorgamiento de escritura de elevación a público de este acuerdo social es necesario acompañar a la escritura, tanto certificación de la junta en la que conste la aprobación de los acuerdos correspondientes a la ampliación de capital, modificación de estatutos sociales, étc; como el informe del órgano de administración.

Si necesitas alguna aclaración, te invito a realizarla en los comentarios.

Foto: Samuel Zeller para www.unsplash.com

Preguntas (y respuestas) sobre la moratoria del pago del alquiler de oficinas y locales de negocio establecida por la crisis del coronavirus

alquiler oficinas locales coronavirus

La crisis económica derivada de la emergencia sanitaria del Covid-19, ha conllevado la modificación del pago de las cuotas de los alquileres, no sólo de las viviendas habituales, también de las oficinas y los locales de negocio.

En esta ocasión, ha sido el Real Decreto-ley 15/2020, de 21 de abril, el encargado de establecer el funcionamiento de este aplazamiento.

¿Eres uno de los beneficiarios  de esta medida?

Puedes acogerte a ella tanto si eres autónomo como si constituyes una pequeña o mediana empresa.

Requisito lógico e imprescindible si eres autónomo es que, cuando se acordó el estado de alarma, tenías que estar dado  de alta y afiliado a la Seguridad Social.

La actividad que desarrollas habrá tenido que verse afectada, bien porque se haya suspendido, bien porque la facturación que genera haya caído un 75 % con respecto a la media mensual del trimestre anterior. Es decir, que si de enero a marzo facturaste de  media tres mil euros, sólo podrás solicitar el aplazamiento si en abril no has alcanzado setecientos cincuenta euros de facturación.

Para ser considerado cómo pequeña o mediana empresa, deberás ser una sociedad que formule su balance y estado de cambios en el patrimonio neto de manera abreviada.

Tu actividad deberá haber sufrido idénticos daños que los autónomos, suspensión o mismo descenso en la facturación.

¿Cómo acredito la suspensión de mi actividad o el descenso en la facturación?

Para justificar documentalmente que cumples los requisitos exigidos para la moratoria del pago del alquiler de tu oficina o local de negocio tendrás que aportar, en el caso de suspensión de tu actividad, el correspondiente certificado de la Agencia Tributaria u órgano competente de la Comunidad Autónoma.

La reducción de la facturación se garantizará mediante  declaración responsable en la que justifiques debidamente el descenso.

¿En qué consiste exactamente la moratoria del pago del alquiler?

El contenido de la moratoria adquiere distinto perfil según las características del propietario del inmueble. El RD-L 15/2020 promueve que arrendador y arrendatario alcancéis un acuerdo en los términos que consideréis más adecuados.

Si no llegáis al consenso, lo previsto por la norma varía su contenido en función de si el propietario del inmueble es, o no, un gran tenedor.

Gran tenedor es el dueño de diez inmuebles, excluyendo trateros y garajes, o de una superficie construida de más de 1.500 ms2.

Está obligado a aceptar tu solicitud como inquilino, de aplazamiento del pago del alquiler  mientras dure el estado de alarma (y sus prórrogas) con un tope de cuatro meses.

Una vez finalizado el estado de alarma, las cuotas que hayas aplazado tendrás que pagarlas prorrateadas en las que se devenguen a partir de ese momento y durante un plazo máximo de dos años.

Si el titular del local de negocio u oficina no es un gran tenedor, cómo alquilado tienes hasta el 23 de mayo para pedirle el diferimiento de la renta.

El dueño podrá utilizar la fianza del alquiler como medio de pago, y dispondrás de un año para reintegrársela.

¿Qué ocurre si te acoges a esta medida sin tener derecho a ella?

Aplazar el pago del alquiler sin cumplir las condiciones legales  implicará que deberás hacer frente a:

  • Los daños y perjuicios causados al arrendador.
  • Los gastos que se hayan producido.
  • Posibles responsabilidades en otros órdenes.

Si tienes alguna duda más sobre esta medida, aprovecha los comentarios para hacérmela llegar.

Foto: Lance Grandahl para unsplash.com

Cómo te afecta la crisis del Covid -19 si vives de alquiler o tienes una casa arrendada

La sacudida económica provocada por la emergencia sanitaria del coronavirus salpica  el hogar de muchas familias, familias que en muchos casos vivís de alquiler, o tenéis ingresos básicos provenientes de una casa alquilada.

Esta coyuntura no ha sido ajena a la gestión de la crisis debida a la pandemia. Para paliar sus consecuencias se ha aprobado, entre otros, el Real Decreto-Ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al Covid-19.

Los arrendamientos son uno de los sectores sobre los que se introducen modificaciones legales para intentar contener los daños que el panorama actual puede provocar.

Las medidas varían según la situación del alquiler. Se atiende a las circunstancias en la que se encontraba el contrato cuando se decretó el estado de alarma. Puede tratarse de:

  • Una moratoria en el pago de las rentas del alquiler de un contrato de vivienda habitual en vigor.
  • La prórroga de un contrato de vivienda habitual.
  • La tramitación de un procedimiento de desahucio por impago de rentas.

Moratoria en el pago de las rentas de contrato de alquiler de vivienda habitual en vigor que se ve afectado por la crisis nacida de la emergencia sanitaria creada por el Covid- 19.

 

El aplazamiento para cumplir con la obligación de pago de las cuotas mensuales del alquiler se aplica cuando el inmueble es la vivienda habitual del inquilino, al que le sobreviene una situación de vulnerabilidad económica derivada de la crisis económica consecuencia de la emergencia sanitaria producida por el Covid-19.

La moratoria adquiere diversos perfiles según quién sea el propietario de la vivienda arrendada. Los criterios que adopta el RD-L 11/2020 varían si el dueño es:

  • Un gran tenedor o empresa (persona física o jurídica) o entidad pública de vivienda.
  • Un fondo social de vivienda.
  • Un particular

Veamos cómo funciona en cada caso.

1.- Arrendador gran tenedor o empresa o entidad pública de vivienda.

Lo primero a tener claro para la hipótesis de  moratoria arrendaticia de titular gran empresa o entidad pública es, precisamente, qué es una gran empresa o un gran tenedor. Estamos hablando del titular de:

  • Diez inmuebles (excluyendo trateros y garajes)
  • Una superficie construida de más de 1.500 ms2

 

En estos casos el inquilino puede solicitar el aplazamiento temporal y extraordinario del pago de la renta. Esta opción entrará en juego si antes no se ha logrado un acuerdo con el dueño consistente en la condonación total o parcial de la deuda.

Si este pacto no ha tenido lugar,  el propietario  de la vivienda cuenta con un plazo máximo  de 7 días  para comunicar al morador la decisión que ha tomado respecto a la retribución del alquiler y que puede consistir en:

  1. Disminuir la renta un 50% en las cuotas que se devenguen durante el estado de alarma y en los cuatro meses siguientes.
  2. Aplazar el pago de las mensualidades a ingresar desde que entró en vigor el estado de alarma  y hasta 4 meses después de su fin. Concluido este plazo, las cuotas que se han demorado se fraccionarán durante al menos 3 años, siempre dentro de la vigencia del contrato o de cualquiera de sus prórrogas.

Esta alternativa  no da lugar a ningún tipo de interés in penalización para el arrendatario.

 

2.-Fondo Social de Vivienda.

Lo que acabo de exponerte en el apartado anterior, se aplica también para todos los alquileres correspondientes al Fondo Social de Vivienda  derivado del Real Decreto Ley 27/2012, de 15 de noviembre, de medidas urgentes para reforzar la protección de deudores hipotecarios.

 3.- Particular

La premisa de la que parte esta medida es un contrato de arrendamiento sobre una vivienda habitual en la que el propietario de la vivienda no es ni una gran empresa  o entidad pública de vivienda, ni un fondo social de vivienda, y el inquilino es una persona física que pasa a estar  en situación de vulnerabilidad económica.

El RD-L 11/2020 pretende que, cuando se den estas circunstancias, las partes lleguen a un acuerdo sobre el pago de la renta.

Su primer deseo es, que de manera voluntaria, el dueño libere del pago total o parcial de la renta al inquilino, o se lo aplace.

Cómo segunda opción, si este acuerdo no se produce, el inquilino tiene hasta el 1 de mayo para solicitar al arrendador de la vivienda, un aplazamiento temporal y extraordinario en el pago de las mensualidades que se devenguen durante el estado de alarma.

El propietario, en los 7 días laborables siguientes a la recepción de la solicitud,  comunicará al alquilado las diferentes posibilidades que le ofrece y que deben incluir:

  • Las condiciones en las que puede tener lugar el aplazamiento.
  • Un fraccionamiento y prórroga en el pago de las mensualidades que se devenguen mientras esté en vigor esta situación.
  • Otras alternativas que considere viables.

La finalidad es que las partes alcancen un acuerdo dentro de estos términos.

Con independencia de si se llega o no a un arreglo, si el ocupante de la vivienda pasa a estar en una situación de vulnerabilidad, puede acceder al programa de ayudas creado en el mismo RD-L 11/2020.

4.- Cuando se considera que estás en situación de vulnerabilidad económica.

Para evaluar esa vulnerabilidad económica se tienen en cuenta:

  • Tus circunstancias laborales: si eres trabajador por cuenta ajena y has pasado a estar desempleado; o se ha reducido tu jornada laboral, o si eres empresario  o profesional y has sufrido una disminución sustancial de tus  ingresos o ventas
  • Ingresos de tu unidad familiar. La unidad familiar está formada por el deudor, cónyuge o pareja de hecho e hijos que vivan en la vivienda con independencia de su edad.

En el mes anterior a la solicitud de la moratoria, los ingresos no podrán superar unos determinados niveles de renta.

Los parámetros de renta varían en función del número de hijos a cargo de la unidad familiar, o de las personas mayores de 65 años que la integren.

También se tiene en cuenta si alguno de los familiares tiene reconocida una discapacidad superior al 33%, es dependiente o sufre una incapacidad laboral permanente.

Padecimientos  como la parálisis cerebral, la enfermedad mental, discapacidad intelectual o sensorial o afecciones  graves de la persona afectada o su cuidador, también entran en juego a la hora de valorar la capacidad económica de la unidad familiar.

  • Importe de la renta arrendaticia. Junto con los gastos y los suministros básicos  debe superar el 35% de los ingresos de la unidad familiar.
  • Pérdida sustancial de ingresos. En el mes anterior a la solicitud de la moratoria el conjunto de los ingresos de los miembros de la unidad familiar no debe superar unos determinados límites referenciados con carácter mensual al IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples).

Todas estas condiciones deben acreditarse documentalmente.

5.- Aplicación indebida de la moratoria en el pago del alquiler

Cuando el inquilino se beneficia, sin tener derecho a ello, de la adopción de este tipo de medidas, se le exigirá responsabilidad por este aprovechamiento indebido. También cuando de forma voluntaria y consciente se  mantenga en los supuestos de vulnerabilidad económica que dan lugar a la entrada en funcionamiento de estas medidas.

Esta responsabilidad abarcará, como mínimo, el importe de los daños, perjuicios y gastos ocasionados. Su cuantía no será inferior al beneficio indebidamente ha obtenido el arrendatario.

Prórroga extraordinaria de los contratos de arrendamiento de vivienda habitual.

Los contratos de alquiler tienen, según la Ley de Arrendamientos Urbanos, la duración que las partes libremente acuerden. Ahora bien, la vigencia del contrato se prorroga automáticamente con carácter anual hasta alcanzar una duración mínima de 5 años si el propietario es persona física, o 7 años, si el dueño es una persona jurídica.

Transcurrido este período, el contrato de arrendamiento no tiene por qué  mantenerse.

Mientras dure el estado de alarma, nos vamos a encontrar con alquileres de vivienda habitual cuyo plazo de vigencia se va a agotar desde que se decretó y  hasta dos meses después de su conclusión.

Para ellos se ha previsto una prórroga extraordinaria con los siguientes requisitos:

  • Entra en funcionamiento si el inquilino la solicita.
  • El propietario está obligado a aceptarla.
  • Tiene una duración máxima de 6 meses.
  • El contrato se seguirá aplicando en los mismos términos y condiciones.
  • No opera si arrendador y arrendatario alcanzan otro tipo de acuerdo

Suspensión del procedimiento de desahucio y de los lanzamientos.

 No todos los procesos de desahucio y/o lanzamiento se ven afectados por lo acordado en el RD-L 11/2020. Para que esta norma sea de aplicación tendremos que encontrarnos con procedimientos en los que se den los siguientes requisitos:

  • Ha de tratarse de un hogar vulnerable.
  • Sus integrantes carecen de una alternativa habitacional.
  • El procedimiento de desahucio se encontraba en curso cuando se acordó el estado de alarma.

Cuando se den estas circunstancias, se suspenderá el procedimiento de desahucio hasta que se agote el estado de alarma.

Para que se paralicen los trámites, el inquilino deberá acreditar tanto su situación de vulnerabilidad económica derivada de la crisis generada por la pandemia del coronavirus, como la inexistencia de una alternativa habitacional para él y las personas con las que convive.

Demostrados estos requisitos, el Letrado de la Administración de Justicia deberá comunicarlos a los servicios sociales.

Además, se suspenderá el lanzamiento si ya estuviera fijada su fecha, o el plazo para su determinación por un período tope de 6 meses.

En el decreto en el que se acuerde la suspensión se indicará también cuando se reanudará el cómputo de la suspensión, o se señalara nueva fecha para la vista del desahucio, si ya se había concretado.

Ahora bien, puede ocurrir que la persona que pasa a estar en una situación de vulnerabilidad económica sobrevenida por la crisis del Covid-19 no sea el inquilino sino el propietario de la vivienda.

Para esta hipótesis también se ha previsto que el dueño del inmueble lo ponga en conocimiento del Letrado de la Administración de Justicia quién, a su vez, lo comunicara a los servicios sociales para que adopten las medidas pertinentes.

¿Necesitas saber algo más sobre las medidas económicas de los alquileres que se aplican mientras dure el estado de alarma? No te preocupes, te ayudaré en los comentarios.

Foto: Daniel Tafjord para unsplash.com

5 requisitos legales del comercio electrónico

requisitos legales comercio electronico

¿Cuáles son los requisitos legales que ha de observar tu comercio electrónico?  Te invito a leer este post para conocer las condiciones que la ley pide a tu tienda online.

El comercio electrónico está en alza, su volumen aumenta año tras año. Los números son contundentes. Según los informes trimestrales que elabora la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), durante el segundo  trimestre de 2019 la facturación del comercio electrónico en España alcanzó la cifra de 11.998.696.790 de euros.

Lo interesante de este importe es que aumenta trimestre tras trimestre, cada período supera al anterior.

Viendo estos datos es evidente que tener una tienda on-line es una buena opción empresarial. Pero para que funcione no sólo será necesario vender un producto o servicio de calidad y tener una web con un bonito diseño.

Son muchos más los elementos necesarios para que salga adelante. Y entre los requisitos imprescindibles es el cumplimiento de la legislación que lo regula.

En este artículo te hablo de las exigencias legales específicas de un ecommerce. Para tener una tienda online legal tienes que unirlas a los  demas requisitos normativos necesarios para tu web.

1. Condiciones generales de contratación.

Para que nos entendamos, las condiciones generales de contratación son las reglas del juego de tu tienda online, las normas que rigen el acuerdo que unirá a comprador y vendedor.

Engloban la información que debe proporcionarse al consumidor, dividida entre la que debe facilitarse antes del proceso de compra y la que ha ponerse a su disposición después.

Los elementos que deben aparecer con carácter previo son:

  1. Descripción del proceso de compra. El usuario debe saber cuáles son los trámites que integran todo el procedimiento de adquisición de un bien o servicio.
  2. Medios puestos a disposición del consumidor para identificar errores que puedan producirse en la introducción de datos y cómo subsanarlos.
  3. Archivo del documento que se genere.
  4. Enumerar las lenguas en las que puede formalizarse el contrato.

Con posterioridad a la realización de la compra, las obligaciones del vendedor son:

  1. Enviar un email confirmando la compra realizada en el plazo máximo de 24 horas.
  2. Verificación inmediata por medio equivalente al de la compra que ésta se ha realizado correctamente. O, lo que es lo mismo, que al usuario le aparezca en pantalla que la transacción se ha realizado.

Y cuidado con la letra pequeña, no vale cualquier medida. La letra deberá medir como mínimo 1,5 milímetros, (lo que equivale, más o menos, a un tamaño de fuente 7 de los procesadores de texto, aunque lo más adecuado será utilizar un 10 o un 12), y debe existir un contraste adecuado con el fondo para una cómoda lectura.

2. Precio total debidamente establecido.

Parece evidente que tu potencial cliente debe saber cuánto cuesta el producto o servicio que va a comprar, pero la fijación del precio puede verse condicionada por diferentes servicios o gastos:

  1. Impuestos o tasas que gravan la compra, cuáles son, su importe y la cuantía total de la compra.
  2. Formas de pago que se ofertan y si alguna de ellas supone un coste adicional. En este caso el comerciante puede trasladar el importe añadido del medio de pago pero no incrementarlo. Es decir si, v.g., una entidad bancaria cobra una comisión de 1,5 € por las compras que se efectúan con tarjeta de débito, puedes repercutirlo al cliente siempre que le informes debidamente, lo que es ilegal es repercutirle 3 € por ese servicio.
  3. Gastos de entrega: deben aparecer debidamente desglosados y especificado el precio de las diferentes opciones que se ofrecen.

Todos estos conceptos deben recogidos de manera separada.

3. Plazo de entrega.

El cliente ha de conocer cuál es el tiempo previsto para la entrega de lo adquirido o para la ejecución del contrato. Para el caso que no esté establecido se entenderá que un plazo máximo de 30 días.

Si como vendedor no cumples con el plazo de entrega establecido,  has de proponerle un nuevo plazo extra al consumidor que se ajuste a las circunstancias de la compra. Si tampoco realizas la entrega en este nuevo período, el cliente podrá resolver el contrato percibiendo las cantidades que haya abonado y sin perjuicio de la indemnización que le pueda corresponder.

4. Derecho de desistimiento: devolución de la compra.

Es la posibilidad que tiene el consumidor de cambiar de opinión sobre su compra, sin que tenga que especificar el motivo y sin que ello le suponga ningún gasto.

El plazo legalmente establecido para ejercitar el derecho de desistimiento es de 14 días naturales desde la adquisición del producto o servicio. Ahora bien, que éste sea el período mínimo establecido no significa que no pueda establecerse uno más amplio. En la práctica muchos comercios tienen estipulado un plazo más dilatado, incluso algunos han  hecho de la extensión y flexibilidad del desistimiento uno de los factores de éxito de su negocio.

Cuando el desistimiento se realice en plazo, debes devolver al consumidor el  100% del importe de la compra realizada, incluidos los gastos de envío.

El cliete tiene que conocer debidamente la información relativa al ejercicio de este desistimiento. Si no se la facilitas pasa a disponer de doce meses para ejercitarlo. Si se la haces llegar tarde, puede desistir durante  14 días desde que se la has hecho llegar..

5. Atención al cliente y sistema extrajudicial de resolución de conflictos.

El servicio de atención al cliente ha de estar debidamente identificado como tal, con independencia de que hayas proporcionado los datos de contacto para que  los usuarios puedan interponer sus quejas o reclamaciones o solicitar información sobre el producto contratado.

Cuando un cliente interpone una reclamación debe quedar constancia de la misma y el has de responderle en el plazo más breve que te sea posible, con un máximo de un mes desde que interpuso su queja.

Para el caso que no esté  satisfecho con la resolución de su reclamación, facilitale acceso al sistema extrajudicial de conflictos. Como toda tienda on-line, tienes la obligación de informar a los consumidores sobre los procedimientos de resolución alternativa, para resolver quejas y reclamaciones y si te comprometes o no a acudir a ellos.

La Unión Europea ha creado la plataforma de resolución de litigios en línea, a la que debes incluir un enlace en tu tienda online.

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Si tienes alguna pregunta sobre los requisitos legales de la tiendas on line, te animo a formularla en los comentarios.

 

Foto: Mike Petrucci para www.unsplash.com

Suspensión del plazo de solicitud de concurso de acreedores durante el estado de alarma

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La Ley Concursal, en su artículo 2  establece que “la declaración de concurso procederá en caso de insolvencia del deudor común”, considerando que “se encuentra en estado de insolvencia el deudor que no puede cumplir regularmente sus obligaciones exigibles”.

Más adelante, impone al deudor el deber de solicitar la declaración del concurso en los dos meses posteriores a la fecha en que hubiera conocido, o debido conocer, éste estado de insolvencia (artículo 5).

La interrupción  de este plazo es una de las decisiones tomadas Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del Covid-19.

Esta medida se encuentra en la línea de la suspensión de los plazos procesales y de los plazos de prescripción y caducidad de cualesquiera acciones y derechos, acordada por el Consejo General del Poder Judicial.

¿En qué consiste esta medida?

Según el artículo 43 del RD-Ley 8/2020, el deudor que se encuentre en situación de insolvencia, no tendrá el deber de solicitar la declaración del concurso de acreedores.

La norma establece distinciones según se trate de un concurso voluntario o uno necesario.

Los concursos voluntarios tendrán preferencia, debiendo admitirse a trámite antes que los necesarios, aunque su solicitud se haya presentado con posterioridad.

Los concursos de acreedores no se admitirán a trámite  hasta que no trascurran dos meses desde el fin del estado de alarma.

Resulta llamativa la contradicción en la que cae este artículo.

Por un lado suspende la obligación de pedir el concurso durante  la vigencia del estado de alarma.  Por otro lado, hace referencia a los concursos que “se hubieran presentado durante ese estado”.

Dado que la actividad judicial se ha paralizado, los plazos procesales se ha suspendido, y el deber de pedir el concurso interrumpido, no debe presentarse ninguna solicitud de concurso de acreedores mientras nos encontremos en este estado excepcional.

Comunicación previa al Juzgado de lo Mercantil.

Tampoco habrá que solicitar la declaración de concurso de acreedores si,  con anterioridad al estado de alarma:

  • Se hubiese comunicado al Juzgado competente para la declaración del concurso:
    • La iniciación de negociación con los acreedores para alcanzar un acuerdo de refinanciación,
    • Un acuerdo extrajudicial de pagos,
    • O el intento de obtener adhesiones para una propuesta anticipada de convenio.
  • Hayan pasado tres meses desde esta comunicación sin haberse logrado cualquiera de estos tres posibles pactos.

Con esta previsión legal el RD-ley 8/2020, evita que la actual situación de emergencia que vivimos, pueda abocar al deudor insolvente  a incurrir en la causa de declaración del concurso culpable, consistente en faltar a la obligación de solicitar el concurso en plazo.

Si necesitas cualquier aclaración sobre esta medida, pídela en los comentarios.

Foto: Robert Metz para unsplash.com

Cómo funciona la moratoria de las hipotecas acordada por la crisis del coronavirus

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La moratoria de las hipotecas es una de las medidas de urgencia acordadas en el Real Decreto – ley 8/2020 de 17 de marzo, para paliar las fuertes repercusiones económicas en las familias, que la emergencia sanitaria provocada por la epidemia del coronavirus ha provocado.

Se persigue reforzar la protección de los trabajadores, las familias y los colectivos vulnerables. De ahí la adopción de una moratoria en el pago de las cuotas hipotecarias de estos colectivos.

Esta medida urgente constituye una vía de garantizar  tu derecho a la vivienda si te ves conducido a una situación de especial vulnerabilidad provocada  por la crisis sanitaria del Covid-19.

En este caso podrás tener acceso a una prórroga en el pago de tu hipoteca y evitar  la pérdida de tu vivienda.

 

Cuáles son los requisitos de la moratoria de los préstamos hipotecarios?

Para que puedas acogerte a esta opción, debe tratarse de la hipoteca de tu vivienda habitual. No podrás optar a esta medida si se trata de un préstamo hipotecario sobre tu segunda residencia, tu oficina, local de negocio, etc.

Deberás encontrarte en situación de vulnerabilidad económica. Para evaluar esa vulnerabilidad económica se tienen en cuenta:

  • Tus circunstancias laborales: si eres trabajador por cuenta ajena y has pasado a estar desempleado;  si eres empresario  o profesional y has sufrido una disminución de tus ingresos o tus ventas de, al menos, un 40%.

 

  • Ingresos de tu unidad familiar. La unidad familiar está formada por el deudor, cónyuge o pareja de hecho e hijos que vivan en la vivienda con independencia de su edad.

En el mes anterior a la solicitud de la moratoria,  no podrán superar unos determinados niveles de renta.

Los parámetros de renta varían en función del número de hijos a cargo de la unidad familiar, o de las personas mayores de 65 años que la integren.

También se tiene en cuenta si alguno de los familiares tiene reconocida una discapacidad superior al 33%, es dependiente o sufre una incapacidad laboral permanente.

Padecimientos  como la parálisis cerebral, la enfermedad mental, discapacidad intelectual o sensorial o afecciones  graves de la persona afectada o su cuidador, también entran en juego a la hora de valorar la capacidad económica de la unidad familiar.

 

  • Importe de la cuota hipotecaria. Junto con los gastos y los suministros básicos  debe superar el 35% de los ingresos de la unidad familiar.

 

  • Alteración significativa de las circunstancias económicas nacidas de la emergencia sanitaria provocada por el coronavirus. La carga hipotecaria ha tenido que aumentar un 1,3 sobre la renta familiar.

 

Todas estas condiciones deben acreditarse documentalmente.

 

¿Cuál es el plazo para solicitar la moratoria?

El plazo para solicitar la moratoria del pago de las hipotecas entró en vigor el 17 de marzo con la aprobación del RD Ley 8/2020 y no concluirá  hasta 15 días después  de su vigencia, que tendrá lugar  cuando se cancele el estado de alarma.

 

¿Qué efectos tiene la moratoria sobre tu hipoteca?

Siempre que cumplas los requisitos que he explicado al principio de este artículo, la entidad financiera deberá de  aplicarte la moratoria como máximo en 15 días desde que  le presentes la solicitud.

Los efectos sobre tu préstamo serán los siguientes:

  • Mientras esté en vigor no se te cobrará ninguna cuota. Se suspenden las cuotas durante el plazo acordado.
  • No entrará en juego la cláusula del vencimiento anticipado, por la que se puede exigir el pago de toda la deuda si dejas de pagar el préstamo.
  • No se devengarán intereses ni por el préstamo ni por la aplicación de la moratoria.

 

¿Qué ocurre si te beneficias indebidamente de la moratoria?

En ese caso serás responsable de:

  • Los daños y perjuicios producidos, que no serán inferiores al beneficio obtenido.
  • Los gastos ocasionados por su aplicación.
  • Sanciones de otro orden que tu acción haya podido causar.

 

Si tienes alguna pregunta o necesitas cualquier aclaración, puedes realizarla en los comentarios.

 

Foto: Brian Babb para unsplash.com

 

Covid-19, medidas urgentes para frenar su impacto y sociedades

medidas urgentes covid 19 para las personas juridicas

La emergencia sanitaria causada por el coronavirus está afectando a todas las facetas de nuestra vida. Las sociedades y demás personas jurídicas de derecho privado también se han visto afectadas.

El Real Decreto – ley 8/2020, aprobado el 17 de marzo, contiene una avalancha de medidas urgentes extraordinarias para afrontar el impacto económico y social del Covid-19.

Las resoluciones acordadas en esta norma también inciden en las empresas, siendo preciso, como declara su Exposición de Motivos, adoptar medidas que  proporcionen la necesaria flexibilidad para el ajuste temporal de las empresas.

Cómo piedra angular de esta acomodación a la situación que vivimos, el RD-L 8/2020 se decanta por el trabajo no presencial y la digitalización. La repercusión en el funcionamiento de los órganos de gobierno de las personas jurídicas de derecho privado es palpable.

El propósito de este artículo es dar a conocer las decisiones concretas relativas a las personas jurídicas.

Actividad de las asociaciones, sociedades civiles y mercantiles, el consejo rector de las sociedades cooperativas y los patronatos de fundaciones mientras dure el estado de alarma.

Están autorizadas a celebrar las reuniones de sus órganos de gobierno y administración por video conferencia.

Si el Presidente del órgano de administración o, al menos de sus miembros, así lo desean,  sus acuerdos podrán adoptarse por escrito y sin sesión.

En ambos casos se entenderá que han tenido lugar  en el domicilio de la entidad.

Estas posibilidades existen aunque no se encuentren previstas en los estatutos sociales.

Elaboración de las cuentas anuales, informe de gestión y demás documentos obligatorios.

El plazo de tres meses a contar desde el cierre del ejercicio social para su formulación  por parte de los órganos de administración, se suspende.  Una vez concluido  el estado de alarma, se reanudará por tres meses.

 

Verificación contable de cuentas del ejercicio anterior formuladas en el momento de la declaración del estado de alarma.

Si existe la obligación legal  de auditoría, tras la finalización del estado de alarma, el plazo para su realización se prorroga  durante dos meses.

 

Junta general ordinaria para la aprobación de las cuentas ordinarias

Son dos las opciones establecidas por el RD-L 8/2020..

Si la junta general ordinaria ya está convocada, el órgano de administración puede elegir entre:

    • Modificar el lugar y hora previstos para su celebración.
    • Revocar el acuerdo de convocatoria y proceder a una nueva convocatoria dentro del mes siguiente a la terminación del estado de alarma.

En ambos casos, el anuncio deberá publicarse con una anticipación mínima de 48 horas en la web de la sociedad o, si no cuenta con ella,  en el Boletín Oficial del Estado.

Pero si  las cuentas anuales no están aprobadas, la junta ordinaria necesariamente tendrá que celebrarse  en los tres meses siguientes a contar desde  el fin del plazo para su formulación.

 

En todas las  hipótesis que hemos visto, si es preciso que se levante acta de la reunión, el notario podrá emplear  los medios de comunicación  a distancia y tiempo real  que garanticen,  de forma adecuada, el cumplimiento de su función.

 

Derecho de separación de los socios en las sociedades de capital.

Aún concurriendo  alguna de las causas previstas en la ley o los estatutos para la separación de los socios, queda paralizado hasta  el fin del estado de alarma y sus posibles prórrogas.

 

Reintegro de las aportaciones a los socios cooperativos que causen baja mientras esté en vigor el estado de alarma.

Esta facultad se cancela hasta seis meses después  de la terminación del estado de alarma.

 

Disolución de la sociedad.

En virtud de cual sea la causa de disolución, se abren dos posibilidades.

  1. Si ha transcurrido la duración fijada para la sociedad. En este caso, no podrá iniciarse hasta dos meses después de la conclusión del estado de alarma.
  2. Por concurrir causa legal o estatutaria antes o durante la declaración del estado de alarma. El plazo legal  para la convocatoria de la correspondiente junta general se interrumpirá hasta la finalización del estado de emergencia.

En estos supuestos, los administradores no responderán de las deudas sociales originadas durante el estado de alarma.

Estas son las modificaciones que el estado de alarma en el que nos encontramos y las pertinentes medidas para su gestión han provocado en el ámbito de las sociedades y que debemos tener en cuenta hasta que la emergencia actual concluya.

Mientras tanto espero que tanto tú como tu familia y amigos, os encontréis bien.

 

Foto: unsplash.com

Sobre la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea relativa al IRPH

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El pasado 3 de marzo, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictaba una Sentencia en la que se pronunciaba sobre las hipotecas vinculadas al IRPH de las cajas de ahorro.

La expectativa era grande.  Según el diario El País,  las reclamaciones a la banca española podrían  alcanzar la suma de 3.000 millones de euros. Adicae estima que en la provincia de Almería pueden existir unos 8.000 afectados.

El germen de esta resolución se encuentra en el contrato de préstamo hipotecario para financiación de una vivienda que, en el año 2001, suscribió el demandante con Bankia.

El tipo de interés a pagar se conectaba con el IRPH cajas de ahorros, revisándose cada semestre.

En la demanda, interpuesta en el año 2018, solicitaba la declaración de nulidad de esta cláusula relativa  al tipo de interés variable  y remuneratorio, recogida en su contrato de préstamo hipotecario.

El juez titular del Juzgado de Primera Instancia Nº 38 de Barcelona, al que turnó el procedimiento, elevó una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea para que diera respuesta a varios interrogantes.

Calculó un coste adicional de esa hipoteca de entre 18.000 y 20.000 €. Resultaba, por tanto, menos ventajosa que si el precio a pagar se estimase en función del Euríbor, que aparece en el 90% de los préstamos hipotecarios suscritos en España.

Surgía otra duda: si, a pesar de ser el IRPH un índice regulado, estaba o no en el ámbito de aplicación  de la Directiva 93/13.

Se cuestiona si debe informarse al consumidor de método de cálculo del índice de referencia y de su evolución en el pasado para que pueda valorar la carga económica del préstamo que contrata.

Además, si esa cláusula no es conforme al Derecho de la Unión, ¿qué  debe hacerse? ¿cuál es la solución legal a este dilema?

En consecuencia, el juez plantea varias  preguntas en la petición de decisión prejudicial.

¿Puede examinar el Juzgador si debe ser objeto de tutela  el IRPH Cajas de ahorro? ¿Es viable invocar la Directiva 93/13 en este caso?

La cláusula si está comprendida en el ámbito de aplicación de la Directiva 93/13. Incumbe al juez nacional determinar en el caso concret, si cumple las exigencias de buena fe, equilibrio y transparencia previstas en la Directiva.

¿Es necesario proporcionar información al consumidor sobre cómo se configura el IRPH, su evolución en el pasado y la previsión de su trayectoria en el futuro?

La exigencia de transparencia de las cláusulas contractuales no puede reducirse a su carácter comprensible en un plano formal y gramatical.

El consumidor medio, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, debe estar en condiciones de comprender el funcionamiento concreto del modo de cálculo del IRPH.

Así podrá valorar las consecuencias económicas reales del compromiso financiero que contrae.

Si no se ha dado esta información, ¿no implicaría que de haberse facilitado correctamente, el consumidor no hubiera aceptado firmar la hipoteca?

El juez nacional cuenta con los datos que obran en su poder.  Entre ellos la publicidad  e información ofrecida proporcionada por el prestamista en el marco de la negociación del contrato.

Con estos elementos debe dilucidar si se han facilitado al consumidor todos los datos  que le permitan examinar el coste real del préstamo.

Es cierto que la información  sobre el IRPH se publicaba en el Boletín Oficial del Estado.

No lo es menos que existía la obligación  de las entidades de crédito de informar a los consumidores sobre la evolución del IRPH en los dos años naturales anteriores a la celebración del préstamo, y su último valor.

Por tanto el Juzgado debe esclarecer si se cumplieron todas las obligaciones legales de información.

¿Qué debe hacerse si esta cláusula se declara nula? ¿Debemos elegir entre modificar el contrato, vinculando el tipo de interés a pagar al Euríbor,  o dejar de aplicar el interés, con la aplicación de devolver el capital prestado en los plazos estipulados?

El juez nacional debe  constatar:

  1. La abusividad de esa cláusula.
  2. La imposibilidad de sobrevivir sin ella del préstamo sobre el que versa el litigio.
  3. La exposición del demandante a consecuencias perjudiciales si se anula esa cláusula.

Comprobados estos extremos, el IRPH puede remplazarse por el índice sustitutivo contemplado en la legislación española.

En último término, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea determina que no procede limitar temporalmente los efectos de la sentencia.

Si eres uno de los afectados por esta clase de hipotecas, me encantará que este post te sirva de ayuda. ¿Tienes alguna duda? Te espero en los comentarios.

 

Foto: Beno Assis para unsplash.com

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