Aumento de capital por compensación de créditos… si te quiero es para siempre

aumento de capital por compensacion de creditos

Si te quiero es para siempre. Al principio sólo te presté el dinero. Hoy que nuestra relación avanza, renuncio a su devolución a cambio de una mayor implicación. En esto consiste esta herramienta legal.

El punto de partida para entender este instrumento societario es tener claro qué es una ampliación de capital. Se trata de una operación que sirve para aumentar los fondos de la sociedad. La sociedad ha ido desarrollando su objeto y llega un momento en que su capital es insuficiente para continuar avanzado, es necesario que crezca.

¿Cuándo deberá efectuarse por compensación de créditos? Cuando la sociedad, ante la necesidad de invertir se haya financiado mediante créditos de los socios y se encuentra con un capital reducido pero un pasivo muy elevado. Ampliando capital, para que este sea acorde con la realidad social, y suscribiéndolo compensando los créditos, eliminaremos este desequilibrio.

Previsto en el artículo 301 de la Ley de Sociedades de Capital, el aumento de capital requiere que se trate de créditos vencidos, líquidos y exigibles, como establece el artículo 1196 del Código Civil.

El porcentaje de créditos a compensar exigido por la ley varía. Mientras que en las sociedades de responsabilidad limitada se exige que sea el 100% de los mismos, en las sociedades anónimas basta con un 25% y que el plazo de vencimiento de los restantes no sea superior a 5 años.

El informe del órgano de administración.

Para el aumento de capital por compensación de créditos, la Ley de Sociedades de Capital exige al órgano de administración la elaboración de un informe. El informe de los administradores es el centro sobre el que gravita una correcta ampliación de capital de este tipo. Puesto a disposición de los socios en el domicilio social a tiempo de la convocatoria de la pertinente  Junta General, deberá contener:

  • La naturaleza y características de los créditos que se van a compensar.
  • Quiénes son los aportantes.
  • A qué cuantía asciende el aumento del capital.
  • El número y valor de las participaciones sociales que se van a crear para efectuar la ampliación.
  • Declarar la existencia de concordancia entre la contabilidad social y los datos de los créditos que se van a compensar.

Un elemento imprescindible de este informe es la correcta identificación de  los créditos que se van a compensar. Para que se encuentren debidamente reseñados ha de especificarse en cada crédito:

  1. El nombre del acreedor.
  2. Fecha en que fue contraído el crédito,
  3. Declaración que el crédito es completamente líquido y exigible.
  4. Manifestación que al tiempo de la convocatoria de la Junta fue puesto a disposición de los socios el informe de los administradores.

Sin estos requisitos, exigidos por el artículo 199 del Reglamento del Registro Mercantil, no se efectuará la correspondiente inscripción, tal y como ha manifestado la Dirección General de Registros y Notariado en varias de sus resoluciones.

Si la sociedad cuya capital va a ampliarse es anónima al informe de los administradores hay que añadir una certificación emitida por un auditor de cuentas que acredite que, del estudio de la contabilidad social se desprende la exactitud de los datos ofrecidos en el informe.

Con este mecanismo se tutela una dualidad de intereses. Por una parte, la de los accionistas, que van a continuar manteniendo su patrimonio una vez se produzca la ampliación. Por otra, la protección de terceros que se relacionen con la sociedad, que de este modo obtienen la certeza que ese aumento de capital corresponde a una real aportación patrimonial.

Cuando la sociedad anónima cuente ya con un auditor de cuentas designado, podrá ser él quien realice la certificación. De no ser así, deberá ser nombrado por el Registrador Mercantil

Una vez elaborado el informe, ha de convocarse una junta general.

¿Qué contenido ha de reflejarse en la convocatoria de la junta?

La convocatoria de la junta en la que vaya a tratarse el aumento de capital  debe incluir necesariamente en su orden del día:

  • El aumento de capital, con su cuantía y el número de participaciones sociales que van a emitirse, así como su valor nominal.
  • La modificación del artículo de los estatutos sociales en el que consta el capital social para actualizarlo al nuevo importe.
  • La puesta a disposición y derecho de los accionistas o socios de examinar el informe del órgano de administración y, en su caso, la certificación emitida por el auditor de cuentas.
  • Si va a delegarse en alguien, y de quién se trata, la ejecución de las formalidades legales del acuerdo.

Celebrada la junta y aprobado el aumento de capital, no debemos olvidarnos de reflejarlo en el Libro de Socios.

Elevación a público del acuerdo e inscripción en el Registro Mercantil.

Para el otorgamiento de escritura de elevación a público de este acuerdo social es necesario acompañar a la escritura, tanto certificación de la junta en la que conste la aprobación de los acuerdos correspondientes a la ampliación de capital, modificación de estatutos sociales, étc; como el informe del órgano de administración.

Esto es todo lo relativo al aspecto legal. La semana que viene te contaremos las implicaciones contables y fiscales de estas operaciones.

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Foto: Samuel Zeller para www.unsplash.com

¿Vecinos morosos? Aprende a reclamar con éxito las cuotas impagadas.

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Hay cosas que pasan hasta en la mejores familias, y cosas que ocurren hasta en las mejores comunidades de vecinos. Y quizá por eso el volumen de impago de las cuotas de las Comunidades de Propietarios sea tan alto. Reclamarlas por vía judicial exige unos pasos previos que si no se realizan como es debido, pueden frustar el resultado del proceso.

El proceso legalmente previsto para estos supuestos es el monitorio con unas especialidades en  que han de conocerse. Su correcta aplicación implicará una mayor celeridad y eficacia del procedimiento.

No podemos dejar al margen la normativa de protección de datos, aplicable a las comunidades de propietarios. La privacidad de los comuneros que no están al tanto de los pagos ha de respetarse.

El desarrollo de lo que acabo de comentaros, lo que hay que saber para que prospere adecuadamente y se consiga cobrar lo adeudado y cómo evitar sanciones por vulnerar la normativa de protección de datos, es el contenido del post que he escrito gracias a la invitación de Lextax Consulting. Podéis leerlo aquí.

© María Dolores Martínez Pérez

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Foto: Cristopher Jenseth para www.unsplash.com

¿Puedo registrar mi nombre como marca?

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¡Sí! ¡Puedes! Quizá no te hayas dado cuenta, pero vivimos rodeados de nombres propios que son marcas: Antonio Banderas, Paula Echevarría o Fernando Alonso… entre otros muchos ejemplos.

Vivimos en el momento de la marca personal y registrar un nombre como marca puede ser una buena opción profesional o empresarial, pero para estos casos la Ley de Marcas prevé una serie de condiciones que es preciso conocer. En este post te explico los requisitos legales necesarios que debes saber para qué, si lo deseas, puedas hacerte con tu marca y disfrutar de los beneficios que aporta.

¿Puedo registrar mi nombre como marca?

Tener una marca es tener la exclusividad de su uso en el tráfico económico para un determinado producto o servicio. Si eres titular de una marca sólo tú puedes utilizarla, impidiendo que nadie más pueda emplearla en tu sector.

Si deseas registrar tu nombre como marca no hay problema, realizas la solicitud según el procedimiento legalmente previsto y, en principio, no debes tener ningún inconveniente para que te la concedan. Incluso si prefieres inscribir un diminutivo o un nombre de pila también puedes hacerlo. Por ejemplo, si te llamas Manuel López quizá prefieras registrar Manu López o Manolo López.

Uno de los motivos por el que la OEPM puede denegarte una marca es por el riesgo de confusión con otra que ya esté registrada. En el caso de marcas formadas por nombre  y apellidos el elemento que se va a tener en cuenta para realizar la evaluación de esta posibilidad es la similitud de los apellidos, salvo que se trate de apellidos comunes, en los que el elemento dominante para decidir si existe o no  probabilidad de error en el público, será el nombre.

¿Puedo registrar como marca el nombre de otra persona?

Esta circunstancia esta prevista en el apartado a) del  artículo 9.1 de la Ley de Marcas, como una de las prohibiciones relativas establecidas para la inscripción de una marca. Cuando se solicita el nombre civil o la imagen que identifique a una persona distinta del solicitante de la marca, es necesaria la debida autorización.

¿Qué opciones tienes en este caso? Cuentas con dos posibilidades. La primera es solicitarla asumiendo el riesgo que la otra persona ejerza su derecho de oposición y no te la concedan. La segunda es solicitarla acompañando una autorización. Porque quizá tú tengas interés en obtener la marca pero la otra persona no. Normalmente el contenido de la autorización suele ser un compromiso por parte del titular del nombre de no interferir en el proceso de concesión de la marca a cambio de una determinada cantidad de dinero. Hay que tener en cuenta que esta autorización es revocable, pero está sujeta a la correspondiente indemnización de los daños y perjuicios que se causen, incluyendo expectativas que estén debidamente justificadas.

¿Y si hay alguien que se llama como yo?

Estas cosas pasan. Y si tienes un nombre y unos apellidos corrientes, como nos ocurre a un nutrido grupo de españolitos, probablemente estés, como yo, en esta situación. La solución aquí es la misma que si quieres solicitar como marca el nombre de otra persona, aunque la Ley no lo diga expresamente.

Puede darse el caso que ambos estéis interesados en obtener el nombre como marca. Una posible alternativa sería pedir la marca para una clase de productos o servicios distinta en cada caso. En el ámbito de las marcas existe la Clasificación de Niza, que no es otra cosa que un acuerdo internacional en el que se recoge un catálogo de las distintas clases de productos y servicios para los que puedes registrar una marca. Por ejemplo, la clase 12 se refiere a vehículos,  aparatos de locomoción terrestre, aérea o acuática, por lo que si tienes la marca para esta clase no podrás emplearla para otra cosa, como vender zapatos o bolsos. Si hay otra persona que se llama como tú o te encuentras con tu nombre registrado para una determinada clase, puedes solicitar la marca para otra.

Si nadie me conoce, ¿qué tal optar por el nombre de algún famoso?

Aquí también necesitaras permiso de la persona conocida cuyo nombre quieras emplear, porque es otra de las prohibiciones relativas recogida en la Ley de Marcas (art. 9.1.b). Este precepto también exige autorización cuando lo que quiere registrarse como marca es el nombre, apellido, seudónimo o cualquier otro signo por el que comúnmente identifiquemos a otra persona. No se trata tanto que sea su nombre completo y real, sino por el que todos lo conozcamos, por el que lo asociemos a una persona concreta. Para que me entiendas, no puedes utilizar Cholo Simeone.

Existe un elemento diferenciador muy importante a tener en cuenta con respecto a la solicitud de marca del nombre de otra persona, digamos, anónima, a pedirla con el nombre de una persona conocida. En el primer caso, o bien aportamos la autorización de la que hemos hablado antes, o bien nos conceden la marca porque no se ha ejercitado el derecho de oposición. En el segundo caso el control sobre la concesión o no de la marca es más riguroso, y a la autorización y posible ejercicio de oposición por el interesado, hay que añadir el examen de oficio que hace la OEPM, que supervisa que el nombre que se pide como marca no esté incurso en esta prohibición relativa.

¿Los nombres inventados pueden servir como marca?

Te voy a contar un secreto: Alejandro Sanz no se llama Alejandro Sanz. Si la Wikipedia no nos engaña, su nombre es Alejandro Sánchez Pizarro. En algún momento del nacimiento de su carrera musical él o alguien de su entorno decidió que Alejandro Sanz era mejor nombre artístico y hoy todo lo conocemos así… y así tiene registrada su marca. Y quizá te pueda interesar crear un nombre para tu marca; bien porque odies a tus padres por haberte puesto el horrible nombre del tatarabuelo, se trate de un nombre muy corriente, prefieras una mayor privacidad… La razón puede ser la que sea, es tuya personal, lo importante es que legalmente no hay ningún obstáculo para que lo hagas, siempre  y cuando no se te haya adelantado nadie.

¿Te ha resultado útil este post? Si crees que puede ser interesante para otras personas, te invitó a compartirlo en redes sociales.

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Foto: Alexis Brown para www.unsplash.com

Derecho a la propia imagen en redes sociales: fotografías y vídeos personales.

derecho a la propia imagen en redes sociales

Hasta hace una década aproximadamente una fotografía era una imagen en papel con un público muy limitado y cuya alcance fácilmente podía tenerse bajo control. Y más pequeña aún era la producción de vídeos y las posibilidades de su visionado. El nacimiento y difusión de las redes sociales, y el desarrollo de la fotografía y vídeo digital han supuesto una auténtica revolución en la imagen.

Según un estudio de Photoworld cada segundo se comparten 8.796 fotos en Snapchat, 4.630 en Facebook y 8.102 se envían a través de Whatsapp. Como todo sabemos, muchas de estas fotografías incluyen a personas en las más variadas situaciones.

Ante este fenómeno, las redes sociales se han convertido en  un auténtico reto al que los profesionales del Derecho debemos enfrentarnos. La nueva dimensión de la imagen personal me ha animado a adentrarme en sus  implicaciones legales específicas (si quieres conocer más aspectos legales sobre la difusión de fotografías en redes sociales puedes leer este post)

El derecho a la propia imagen

El artículo 18 de la Constitución Española garantiza el derecho a la propia imagen como un derecho fundamental, desarrollándose su contenido en la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen.

Esta ley establece que este derecho será protegido civilmente frente  a todo género de intromisiones ilegítimas, entre las que se encuentran “la captación, reproducción o publicación por fotografía, filme, o cualquier otro procedimiento, de la imagen de una persona en lugares o momentos de su vida privada o fuera de ellos, salvo los casos previstos en el artículo octavo, dos” (artículo 7. 5).

Este derecho posee una faceta positiva, consistente en la facultad de difundir cada uno su propia imagen, y una negativa que permite requerir la autorización para la reproducción de su imagen o incluso impedirla.

Dicho con otras palabras, para cada uno de nosotros nuestra propia imagen es un derecho personal y fundamental, que se vulnera si se nos fotografía  o graba sin nuestro consentimiento y se publica o divulga esa imagen.

Ahora bien, este derecho no es absoluto,  existen excepciones en las que sí nos pueden tomar y difundir, fotografías:

  • Con carácter general:
    • Las que se realizan en actuaciones autorizadas o acordadas por la Autoridad competente de acuerdo con la ley.
    • Aquellas en las que se existe un interés histórico, científico o cultural relevante.
  • En particular:
    • Imágenes de cargos públicos o profesionales notables en actos o lugares abiertos al público.
    • Las caricaturas de estas personas conforme al uso social.
    • Cuando forme parte de la información sobre una noticia y la imagen de la persona sea accesoria.

¿Cómo enlaza este derecho con la realidad de las redes sociales?

Te estarás preguntando como se traslada este rollo teórico que te acabo de contar a las fotos y vídeos que subes a las redes sociales. Es muy fácil. Cuando alguien comparte una imagen en la que apareces en cualquier red social debe pedirte permiso antes. Si esto no sucede y te encuentras que, por ejemplo, una amiga ha subido un foto tuya que no quieres que se haga pública a Facebook, mi consejo es que lo primero que debes hacer es comentárselo: explícale que no quieres que esa foto este en la red y pídele que la borre. En muchas ocasiones, la gente sube fotos de sus amigos, familia, etc, sin saber que los retratados no quieren que esa imagen ande circulando por ahí.

Si ponerte en contacto con el usuario y pedirle que la retire no funciona, puedes utilizar los medios que las distintas redes sociales tienen establecidos para evitar que aparezcan en tu perfil o eliminarlas totalmente. Siguiendo con el ejemplo de Facebook, te da la posibilidad, dentro de las opciones de foto y vídeo, de denunciarlas, eligiendo la opción que mejor se adapte a tu problema. Puede ser que ni por esas borren la foto o el vídeo, pero ya habrás mostrado tu falta de consentimiento a su toma y/o divulgación.

Y especial antención merecen las fotografías en las que aparecen menores de edad. Por una parte tenemos el derecho a la propia imagen, que atribuye a su titular la facultad  de disponer de la representación de su aspecto físico que permita su identificación Por otra,  que  una foto de un menor constituye un dato de carácter personal. Y por último que la Ley Orgánica  de Protección Jurídica del Menor considera una intromisión ilegítima en la imagen e intimidad personal y familiar de los menores cualquier utilización de su imagen que pueda implicar un menoscabo de su reputación, que sea contraria a sus intereses, incluso si se cuenta con la autorización del menor.

La disposición de una foto de una persona requiere de su autorización. En el caso de menores, el consentimiento tendrán que otorgarlo sus representantes legales, que  normalmente serán sus padres, como titulares de la patria potestad. Por tanto, si son los padres los que deciden subir fotos de sus hijos a las redes sociales, ambos deberán estar de acuerdo con esta acción, siempre y cuando no perjudique a los intereses del menor. Y si no son los padres del menor los que comparten la foto, la persona que lo haga deberá contar con la autorización de los dos progenitores.

¿La ley establece algún mecanismo para hacer valer mi derecho?

Por supuesto que sí. Está previsto que dentro de los procedimientos se ofrezca tutela judicial ante las vulneraciones de este derecho, pudiéndose tomar las medidas necesarias para:

  • Restaurar al perjudicado a la situación anterior a la intromisión sufrida.
  • Prevenir que puede repetirse.
  • Indemnizar por los daños y perjuicios causados.
  • Ceder al perjudicado el beneficio que se haya podido obtener con esa acción.

En los casos más graves, estas intromisiones pueden ser constitutivas de delito cómo, verbigracia,  en el caso del sexting.

Si has tenido alguna experiencia relacionada con fotos o vídeos personales en redes sociales, cuéntamela en los comentarios, prometo responder.

Y si te ha gustado este post te ánimo a compartirlo en las redes sociales.

© María Dolores Martínez Pérez

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Foto: William Iven para www.unsplash.com

Requisitos legales de tu marca personal: nuestro post invitado para África Lucena

7 cuestiones legales marca personal

Consultora de marketing digital y especialista en redes sociales, África Lucena se dedica a asesorar a aquellos que desean mejorar su marca personal, ámbito en el que está especializada, como lo demuestra en su blog UnaIdeaBrillante.com , todo un referente en la materia.

He tenido la suerte de colaborar con ella aportando mi granito de arena con un post sobre 7 cuestiones legales que debes conocer antes de lanzar tu marca personal. Me siento muy afortunada por haber podido acercarme a esta materia, colaborar con una bloguera experimentada … la vivencia ha resultado muy gratificante tanto a nivel profesional como personal ¡Muchas gracias África por tu invitación!

Comparto con vosotros esta infografía que recoge los siete puntos de los que hablo en la entrada del blog.

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No dejéis de visitar su blog, seguro que os encantará.

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Foto: www.unaideabrillante.com

5 requisitos legales del comercio electrónico

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¿Sabes cuáles son los requisitos legales que ha de observar una tienda on-line? ¿Conoces las exigencias normativas del comercio electrónico? Si la respuesta es no, sigue leyendo este post.

El comercio electrónico está en alza, su volumen aumenta año tras año. Los números son contundentes. Según ha publicado recientemente la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), durante el primer trimestre del año la facturación del comercio electrónico en España aumentó un 21,5 % respecto al año anterior,  alcanzando la nada despreciable cifra de volumen de negocio de 5.414 millones de euros.

Viendo estos datos es evidente que tener una tienda on-line puede ser una muy buena opción empresarial. Pero para que funcione no sólo será necesario vender un producto o servicio estupendo y tener una web monísima de la muerte. Son muchos más los elementos necesarios para que salga adelante y, entre ellos se encuentra la adecuación a la legalidad.

Voy a ofrecerte un resumen de las exigencias legales de un ecommerce, que han de sumarse al contenido obligatorio que el aviso legal de cualquier web ha de contener y del que te hablé en esta entrada.

1. Condiciones generales de contratación.

Para que nos entendamos, las condiciones generales de contratación son las reglas del juego de tu tienda online, las normas que rigen el acuerdo que unirá a comprador y vendedor.

Engloban la información que debe proporcionarse al consumidor, dividida entre la que debe facilitarse antes del proceso de compra y la que ha ponerse a su disposición después.

Los elementos que deben aparecer con carácter previo son:

  1. Descripción del proceso de compra. El usuario debe saber cuáles son los trámites que integran todo el procedimiento de adquisición de un bien o servicio.
  2. Medios puestos a disposición del consumidor para identificar errores que puedan producirse en la introducción de datos y cómo subsanarlos.
  3. Archivo del documento que se genere.
  4. Enumerar las lenguas en las que puede formalizarse el contrato.

Con posterioridad a la realización de la compra, las obligaciones del vendedor son:

  1. Enviar un email confirmando la compra realizada en el plazo máximo de 24 horas.
  2. Verificación inmediata por medio equivalente al de la compra que ésta se ha realizado correctamente. O, lo que es lo mismo, que al usuario le aparezca en pantalla que la transacción se ha realizado.

Y cuidado con la letra pequeña, no vale cualquier medida. La letra deberá medir como mínimo 1,5 milímetros, (lo que equivale, más o menos, a un tamaño de fuente 7 de los procesadores de texto, aunque lo más adecuado será utilizar un 10 o un 12), y debe existir un contraste adecuado con el fondo para una cómoda lectura.

2. Precio total debidamente establecido.

Parece claro y evidente que el consumidor debe saber cuánto cuesta el producto o servicio que va a comprar, pero la fijación del precio puede verse condicionada por diferentes servicios o gastos:

  1. Impuestos o tasas que gravan la compra, cuáles son, su importe y la cuantía total de la compra.
  2. Formas de pago que se ofertan y si alguna de ellas supone un coste adicional. En este caso el comerciante puede trasladar el importe añadido del medio de pago pero no incrementarlo. Es decir si, v.g., una entidad bancaria cobra una comisión de 1,5 € por las compras que se efectúan con tarjeta de débito, puedes repercutirlo al cliente siempre que le informes debidamente, lo que es ilegal es repercutirle 3 € por ese servicio.
  3. Gastos de entrega: deben aparecer debidamente desglosados y especificado el precio de las diferentes opciones que se ofrecen.

3. Plazo de entrega.

El cliente ha de conocer cuál es el tiempo previsto para la entrega de lo adquirido o para la ejecución del contrato. Para el caso que no esté establecido se entenderá que un plazo máximo de 30 días.

Puede ocurrir que el vendedor no cumpla con el plazo de entrega establecido. En este caso el consumidor  ha de proponerle un nuevo plazo extra que se ajuste a las circunstancias de la compra. Si tampoco se realiza la entrega en este nuevo período, el usuario tiene la facultad de resolver el contrato percibiendo las cantidades que haya abonado y sin perjuicio de la indemnización que por este hecho pueda corresponderle.

4. Derecho de desistimiento: devolución de la compra.

Es la posibilidad que tiene el consumidor de cambiar de opinión sobre su compra, sin que tenga que especificar el motivo y sin que ello le suponga ningún gasto. El plazo legalmente establecido para ejercitar el derecho de desistimiento es de 14 días naturales desde la adquisición del producto o servicio. Ahora bien, que éste sea el período mínimo establecido no significa que no pueda establecerse uno más amplio. En la práctica muchos comercios tienen estipulado un plazo más dilatado, incluso algunos han  hecho de la extensión y flexibilidad del desistimiento uno de los factores de éxito de su negocio.

Cuando el desistimiento se realice en plazo, se ha de reembolsar al consumidor el  100% del importe de la compra realizada, incluidos los gastos de envío.

El consumidor tiene que conocer debidamente la información relativa al ejercicio de este desistimiento. Si no se le facilita pasa a disponer de doce meses para ejercitarlo, o si es informado con posterioridad, 14 días desde esta extemporaneidad.

5. Atención al cliente y sistema extrajudicial de resolución de conflictos.

El servicio de atención al cliente ha de estar debidamente identificado como tal, con independencia de que se faciliten los datos en los que los consumidores y usuarios puedan interponer sus quejas o reclamaciones o solicitar información sobre el producto contratado.

Cuando se interpone una reclamación debe quedar constancia de la misma y el empresario deberá darle respuesta en el plazo más breve que le sea posible, con un máximo de un mes desde la interposición de la queja.

Si esta no se resuelve satisfactoriamente, deberá facilitarse el acceso al sistema extrajudicial de conflictos. Cualquier comercio on-line tiene la obligación de informar a los consumidores sobre los procedimientos de resolución alternativa, para resolver quejas y reclamaciones y si se comprometen o no a acudir a ellos.

La Unión Europea ha creado la plataforma de resolución de litigios en línea, a la que debe proporcionarse un enlace en los comercios on-line pero que, de momento, no está operativa para España por no existir en nuestro país ningún organismo de resolución de litigios que proponga procedimientos de resolución extrajudicial de conflictos,  que garantice  que cumplen la normativa aplicable y que esté debidamente registrado.

Te dejo una infografía con un resumen del post.

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Foto: Mike Petrucci para www.unsplash.com

Sexting: el delito que sanciona difundir imágenes eróticas

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The Newsroom. Segunda temporada. Capítulo 5. Sloan Sabith periodista especializada en Economía de la cadena ACN tiene una relación desde hace varias semanas. Una noche quedan a cenar, beben, tienen una cámara de fotos y por diversión, posa para él . Poco tiempo después ella decide romper. Al día siguiente las fotos íntimas de aquella noche están por toda la red. Y Sloan tiene que pasar el mal rato de explicar a sus jefes lo ocurrido.

Sexting: el delito que sanciona difundir imágenes eróticas

Estos hechos forman parte de la ficción ideada por Aaron Sorkin (si no has visto su obra maestra El Ala Oeste de la Casa Blanca no sé a qué estás esperando) pero lo cierto es que en la realidad se producen en multitud de ocasiones, algunas veces con consecuencias trágicas.

En nuestro país, el origen de la tipificación penal de los comportamientos conocidos como sexting, (término que tiene proviene del fusión de los vocablos anglosajones sex y texting), se debe al fenómeno mediático producido por la difusión de un vídeo íntimo que una concejal toledana envió a un conocido y que pocas horas después se encontraba en los teléfonos móviles, buzones de correo electrónico y redes sociales de sus paisanos. El revuelo que se montó, sobre todo en programas de prensa rosa, fue de tal magnitud que el legislador decidió incluir está conducta en el Código Penal.

La creación de este nuevo delito divide a la doctrina entre los que consideran que cubre una laguna importante y supone una adaptación de la normativa penal a actividades relacionadas con el desarrollo de la tecnología, y aquellos que consideran que se sobrepasa el límite de intervención mínima del Derecho Penal a una infracción que quedaba perfectamente cubierta por la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y la propia imagen.

Este nuevo delito se recoge en el apartado 7 del artículo 197 del Código Penal entre los delitos contra la intimidad, el derecho a la propia imagen y la inviolabilidad del domicilio, en concreto entre el descubrimiento y revelación de secretos.

Con esta figura se protege la intimidad, consagrada como derecho fundamental en el artículo 18 de la Constitución y entendida, no sólo como ámbito de privacidad que ha de quedar protegido frente a intromisiones ajenas, sino en la dimensión que recientemente le viene otorgando el Tribunal Constitucional, como esfera personal sobre la que se pueden fijar los límites del consentimiento que se ha concedido para acceder a ella, pudiendo determinarse a quién y para qué se permite su conocimiento.

La conducta consiste en difundir, revelar o ceder a terceros imágenes o grabaciones audiovisuales obtenidas con el consentimiento de la persona afectada, en un domicilio o cualquier otro lugar fuera de la mirada de terceros, exigiendo el artículo 197.7 del Código Penal que se produzca un menoscabo grave de su intimidad personal.

La redacción de este precepto deja bastante que desear, puesto que introduce elementos bastante difusos y de difícil concreción. La referencia a que las imágenes o grabaciones se hayan tomado en un domicilio o en cualquier otro lugar fuera de la mirada de terceros es innecesaria. Lo que este artículo nos está diciendo es que las mismas se han creado en cualquier lugar, público o privado, ya sea una vivienda o una playa desierta, pero siempre en un ambiente de privacidad.

Se exige que se produzca como resultado efectivo un menoscabo grave de la intimidad de la persona que figura en las imágenes o grabaciones. Esta cláusula es bastante imprecisa, quedando a la fijación del juez en cada caso concreto, con los problemas interpretativos y de seguridad jurídica que unos términos tan ambiguos pueden generar.

El autor de este delito será la persona que obtuvo las imágenes con anuencia de la víctima, bien porque fue ella misma quién se las hizo llegar, bien porque se le autorizó a tomarlas para un uso estrictamente privado. Aunque los términos del artículo 197.7 del Código Penal no son del todo precisos, se limita el sujeto activo a esta persona, sin que alcance a aquellas que las han recibido con posterioridad y han continuado con su propagación.

El sujeto pasivo es aquella persona que aparece en las fotografías o vídeo o porque ha permitido la toma o grabación o, incluso, porque ella misma las ha realizado y enviado, pero concediendo su consentimiento sólo y exclusivamente para un ámbito personal concreto.

Son dos las penas que, alternativamente, están previstas para este delito. Puede sancionarse mediante la imposición de una pena de prisión de tres meses a uno año, o con una multa de seis a doce meses.

Hay tres circunstancias para las que se ha establecido que la pena ha de imponerse en su mitad superior:

  • La conducta la realiza el cónyuge de la víctima o persona que esté o haya estado unida a él por una relación de afectividad análoga. La práctica revela que la mayoría de los casos se engloban en este supuesto, siendo bastante habitual el fenómeno conocido como revenge porn, ex pareja que tras la ruptura difunde imágenes íntimas tomadas durante la relación que ha finalizado.
  • La víctima fuera menor de edad o persona con discapacidad necesitada de especial protección. Se atiende a la especial vulnerabilidad de la persona que sufre estos comportamientos.
  • Los hechos se hubieran cometido con ánimo de lucro, creemos que por entender que son más reprochables.

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© María Dolores Martínez Pérez

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Foto: Thomas Leuthard para www.imcreator.com

 

Fotografías en redes sociales: aspectos legales de su difusión.

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Si eres usuario de redes sociales casi seguro  que, de manera esporádica o con bastante frecuencia, has compartido fotografías a través de ellas. Un rasgo característico de las redes sociales es haberse convertido en plataformas de intercambio masivo de contenidos: textos, fotos, vídeos… La publicación de este material a través de las redes en algunos casos plantea interrogantes respecto a su uso y distribución.

Para saber qué  protección legal se dispensa a las fotografías que compartimos en las redes sociales, tenemos que tomar como punto de partida la Ley de Propiedad Intelectual, que reconoce de manera expresa que las fotografías y las obras expresadas por procedimiento análogo, son objeto de su protección. La fotografía que vayamos a publicar en las redes sociales tiene que ser original y encontrarse en formato digital para su adecuada publicación y distribución.

Otro aspecto fundamental es la autoría, puesto que puede tratarse de fotos realizadas por nosotros mismos o por otros fotógrafos. La base de la Ley de Propiedad Intelectual es que los derechos de explotación de las fotografías pertenecen en exclusiva a su autor. Sólo el fotógrafo puede explotar sus obras; para que otras personas puedan ejercitar derechos necesitan autorización o deberá tratarse de una de las excepciones expresamente previstas en la ley.

La Ley de Propiedad Intelectual considera que son cuatro los derechos de explotación sobre las fotografías: reproducción,  distribución, comunicación pública y transformación. Agustinoy Guilayn /Monclús Ruiz[1]  consideran que publicar  fotografías en redes sociales  constituye un acto de comunicación pública, dado que se trata de una puesta a disposición de la fotografía a múltiples personas pero sin que se distribuyan ejemplares físicos de las mismas. Esto siempre que no modifiquemos la fotografía, porque en ese caso se tratará de una transformación. Por tanto, compartir fotografías en redes sociales implica ejercitar ciertos derechos de explotación, por lo que deberá ser realizada por su autor Si no somos quienes hemos tomado la fotografía deberemos contar con una autorización expresa del autor para poder utilizarla en las diferentes redes sociales.

Ahora bien,  el carácter universal de las redes sociales, millones de usuarios subiendo fotos cada instante, han hecho inviable la posibilidad de obtener autorizaciones expresas para todas y cada una delas fotografías que se publican a cada momento. Para solventar este problema, las redes sociales han establecido en sus condiciones de uso un mecanismo de concesión de licencias sobre los derechos de propiedad intelectual de los usuarios a favor de la concreta red social, para que su utilización se adapte a la legalidad.

La propiedad intelectual en las principales redes sociales.

Facebook en sus condiciones legales te invita a controlar el contenido de lo que publicas a través de los ajustes de la privacidad y la configuración de las aplicaciones. Respecto a los derechos de autor de las fotografías que publicas, le concedes una amplia licencia no exclusiva, sin retribución económica, para utilizarlas. Esta licencia se termina cuando borras la fotografía o eliminas tu cuenta, siempre que no se haya compartido por otros usuarios y estos no la hayan eliminado.

Dicho con otras palabras: cada vez que subes una foto a Facebook autorizas a esta red social para que la utilice, sin límite temporal ni territorial, con carácter no exclusivo. Eso sí, reconociendo siempre que tú eres el autor.

Por su parte Twitter comienza reconociendo a sus usuarios que son los titulares de los derechos sobre cualquier contenido, en este caso, fotografías,  que  envíen, reproduzcan o expongan en su red o a través de ésta. Sus condiciones de servicio continúan estableciendo una licencia mundial, no exclusiva, gratuita y con la facultad de sublicenciar, a su favor, y a través de cualquier medio o método de distribución presente o futuro, sin necesidad de que te compensen por ello.

Twitter aclara que cada usuario es el responsable por las consecuencias que la fotografías que suba puedan generar y que considera que si publicas una fotografía es porque tienes los derechos o autorizaciones para hacerlo.

Instagram en sus condiciones de uso, no reclama  la propiedad de ninguna fotografía que publique su servicio pero establece que cuando subes un fotografía a su página le otorgas una licencia muy amplia sobre ella, manifestando y garantizando que, o eres el autor de la fotografía, o tienes las autorizaciones necesarias para otorgar los derechos y licencias estipulados en sus condiciones de uso. También que las fotografías que publiques no vulneran derechos de terceros, ni de privacidad, publicidad, marcas, derechos de autor o cualquier otro.

Pinterest es quizá la red social con la política de propiedad intelectual  más interesante. Si bien  a través de sus condiciones de uso establece que regalas a Pinterest y sus usuarios una amplia licencia para utilizar, vender, reproducir, modificar, crear trabajos derivados y distribuir su contenido para poder crear productos Pinterest, también que nada de esto puede implicar la restricción o vulneración de los derechos de propiedad intelectual.

Lo más destacable de Pinterest es su política de copyright, en la que declara que respeta los derechos de propiedad intelectual y espera que sus usuarios hagan lo mismo. Por ello se compromete a responder rápidamente a las quejas por infracciones de copyright que se cometan utilizando su web y te invita a que si eres autor o su representante o autorizado por cualquier derecho de propiedad intelectual, pongan en su conocimientos las infracciones de copyright que tenga lugar en su web o a través de ella para poder ejercitar cualquier acción que considere adecuada.

Junto a lo establecido en las condiciones de uso de las redes sociales, la legislación española de propiedad intelectual incluye ciertas previsiones que resultan de aplicación y prevalecen sobre las concesiones realizadas por los usuarios.

Contenido de las fotografías

El contenido de las fotografías también tiene, desde el punto de vista legal, aspectos relevantes.

Cuando en las fotografías aparecen personas son muchos los elementos que hay que tener en cuenta, por eso le he dedicado un post específico que puedes leer aquí.

Otro caso al que debemos prestar atención es el de la fotografía de monumentos, edificios y  esculturas en la vía pública. En España la Ley de Propiedad Intelectual permite que las obras situadas permanentemente en parques, calles, plazas u otras vías públicas puedan ser fotografiadas libremente y dar un uso comercial a estas fotografías. Es lo que se conoce como libertad de panorama, que no se da en todos los países del Unión Europea o no tiene el mismo contenido. Por ejemplo en Francia, tenemos el caso de la Torre Eiffel. La imagen de la torre Eiffel vista de día es de utilización libre,  forma parte del dominio público: su utilización está exenta de derechos, se puede reproducir sin autorización. Sin embargo, la torre Eiffel iluminada por la noche si está sujeta a algunas restricciones. Las diferentes iluminaciones están protegidas y la explotación de su imagen está sujeta a la autorización previa de la gestora de imágenes dependiente del Ayuntamiento de París,  y al pago de unos derechos cuyo importe depende de la utilización prevista, el plan mediático, etc.

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© María Dolores Martínez Pérez.

© Sinderiza C.B.

 Fuente imagen: www.stockvault.net

[1] Agustionoy Gilayn A, Monclús Ruiz, J. Aspectos legales de las redes sociales. Bosch. Barcelona. 2016.

Inscribe tu web en el Registro de la Propiedad Intelectual.

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El contenido de tu web es tuyo. Cualquier material original que hayas elaborado, ya sea texto, fotos, vídeo, etc, te pertenece por el mero hecho de haberlo creado. Y también todo aquel del que no eres autor pero te han cedido los derechos para poder utilizarlo legalmente en tu página. Nadie puede hacer uso de él sin tu permiso.

Pero aunque la Ley de Propiedad Intelectual te reconozca estos derechos, tú y yo sabemos que copiar en Internet es muy fácil y, desgraciadamente, una práctica muy frecuente. Por eso, si tienes una web a la que dedicas trabajo, esfuerzo, cariño y quizá hasta dinero, es conveniente que hagas uso de los medios legales que existen para protegerla.

Uno de ellos es el Registro de la Propiedad Intelectual. El legislador se dio cuenta que las páginas web eran obras necesitadas de protección legal y por ello, desde el año 2003 está expresamente prevista su inscripción. Esta inscripción es voluntaria pero  implica la presunción que los derechos inscritos existen y pertenecen a su titular. Dicho con otras palabras. Si tienes tu página web inscrita en el Registro de la Propiedad Intelectual se entiende que eres el dueño de todo lo que hay en ella. Y si alguien copia parte de su contenido o lo utiliza sin tu permiso, vas a tener mucho más fácil ejercitar tus derechos.

Si te has decidido a dar el paso, tienes que cumplimentar el correspondiente impreso oficial, con todos los requisitos generales que establece el  Reglamento del Registro General de Propiedad Intelectual, (datos de los titulares, de la obra, clase, título…), y los específicos para páginas web (descripción, requisitos de identificación, copia en soporte que puede ser examinado por el registro y, en su caso, número de depósito legal), junto con la liquidación de la tasa por servicios del Registro de Propiedad Intelectual.

La solicitud puedes presentarla en cualquier Oficina del Registro de la Propiedad Intelectual de cada capital de provincia, en el registro de cualquier órgano administrativo, en las representaciones diplomáticas u oficinas consulares de España en el extranjero,  oficinas de Correos, o de forma telemática.

Tu solicitud tendrá efectos desde que sea recibida por el Registro territorial competente, salvo que haya que corregir algún defecto de validez, en cuyo caso empezará a contar desde la subsanación.

Una vez inscrita ya tienes tu página web protegida. ¡Uy! ¡Espera! Tenemos un problema. ¡Las actualizaciones! Desgraciadamente la ley se ha construido en torno a la Web 1.0, aquella en la que las páginas web eran prácticamente estáticas, carentes de cualquier dinamismo, con contenidos que apenas se renovaban. Esta situación ha cambiado mucho y cualquier web o blog de calidad se actualiza continuamente. ¿Qué ocurre con el contenido nuevo que incluyamos después de la inscripción en el Registro de la Propiedad Intelectual? Pues que desgraciadamente se queda al margen. La protección registral abarca todo el contenido existente a fecha de la inscripción, pero no lo que vayas añadiendo después. ¿Cómo podemos resolver este problema? Evidentemente registrar todas y cada una de las actualizaciones es prácticamente inviable. Lo que si puedes hacer cada cierto tiempo, por ejemplo, una vez al año, o cuando hagas una renovación importante de tu web, solicitar su protección como obra derivada de la primera versión. No es la mejor de las soluciones para el veloz mundo digital pero si un instrumento más de protección.

© María Dolores Martínez Pérez

© Sinderiza C.B.

Foto. Fuente https://unsplash.com/

Descubre el contenido imprescindible del aviso legal de tu web

contenio del aviso legal web

Ya tienes lista tu web, está calentita, recién salida del horno. Le has dedicado mucho tiempo  y esfuerzo: te has estrujado la cabeza pensando los contenidos, el diseño, la distribución… ¡Stop! ¿No sé te olvida nada? ¿El aviso o las condiciones legales? Confiesa: casi seguro que no le has hecho mucho caso. Lo más seguro es que hayas hecho un copia y pega de la página de un amigo o familiar o de alguna web que te parezca fiable. Como mucho, has delegado en el diseñador de tu site, total, es un rollo y nadie se lo lee…

No hagas eso, dedícale un poco de atención, puede evitarte muchos problemas en el futuro y aunque de un primer vistazo todos parezcan iguales, no lo son. Y ten en cuenta que determina todo el contenido de tu web y la relación con tus usuarios. Por eso quiero darte unas pequeñas pautas para su correcta elaboración.

Términos de uso.

Lo primero que la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico (en adelante LSSI) te pide es que te identifiques. La persona que acceda a tu web tiene que saber quién eres. Para ello debes facilitar tu nombre o denominación social, dirección, número de identificación fiscal, correo electrónico de contacto y cualquier otro dato que permita comunicarse contigo. Si el titular de la web es una persona jurídica incorporada al Registro Mercantil, deben aparecer los datos de la inscripción.

Lo siguiente es facilitar los datos relativos a tu actividad. Si se trata de una profesión regulada debes especificar el Colegio profesional al que perteneces, tu número de colegiado, la titulación académica oficial, y el país de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo en el que se ha obtenido (u homologado), así como la normativa profesional que la regula y aportar al usuario los medios que puede emplear para conocerla.

En el caso que desarrolles una actividad que requiera una previa autorización administrativa  debes facilitar los datos de la misma.

Toda esta información debe ser gratuita y directa, permanente y de fácil acceso.

Tras habernos presentado y mostrar nuestro trabajo podemos pasar a informar a nuestros usuarios de cuáles son las reglas del juego de nuestro portal, lo que está permitido y lo que no. Es el momento de advertir, por ejemplo, que no se van a permitir comentarios xenófobos, machistas o discriminatorios en nuestra web.

Antes de seguir un pequeño inciso. Todo lo que estoy comentando en este post no necesariamente tiene que ir unido en la misma sección de la web. Puede ser que prefieras tener unidas las condiciones legales y la protección de datos, o recogerlas en apartados diferentes. O, por ejemplo, que los datos de tu actividad profesional aparezcan en tu currículum y no dentro del aviso legal. La distribución queda a tu elección, lo importante es que toda esta información se encuentre debidamente recogida.

Política de privacidad y uso de cookies.

Un aspecto de vital importancia es informar al usuario de cómo van a ser tratados los datos personales que nos facilite. Es fundamental que indiquemos la existencia de un fichero o tratamiento de datos de carácter personal, quién es el titular de ese fichero y /o la persona responsable del mismo, así como los datos de contacto para que, si lo desea pueda ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición que la Ley Orgánica de Protección de Datos (LODP) concede.

Por ello, el formulario de contacto de tu web debe requerir, de la manera que consideres más adecuada, la previa aceptación  de tu política de protección de datos, antes de ser enviado.

De un tiempo a esta parte, nos hemos habituado a que nada más entrar a una web aparezca un mensaje advirtiéndonos de la existencia de cookies y solicitando nuestro consentimiento para su uso. Y es que la LSSI así lo requiere. Las cookies son mecanismos que proporcionan muchísima información sobre los usuarios, de ahí la obligatoriedad de la prestación del consentimiento por su parte.

Esta modificación legal se introdujo en el año 2012 y nadie se la tomó muy en serio hasta que, dos años más tarde, la Agencia Española de Protección de Datos impuso una cuantiosa primera multa a una empresa por instalarlas y utilizarlas sin que los usuarios estuvieran debidamente informados.

Propiedad intelectual e industrial.

Es bastante adecuado indicar quien es el titular de los contenidos de la web, así como su régimen. Podemos elegir entre reservarnos íntegramente su uso, en cuyo caso recomendamos la inscripción de nuestra web en el Registro General de Propiedad Intelectual, ceder libremente su utilización, o quizá acogernos a alguna de las posibilidades Creative Commons que permiten su empleo bajo determinadas condiciones. Se trata de cuatro tipos de licencias (reconocimiento, no comercial, sin obras derivadas y compartir igual) con las que puedes generar seis combinaciones diferentes. Realizada tu elección tendrás la licencia, que deberás incluir en tu página  con el botón Creative Commons “Algunos derechos reservados” de forma que todos los usuarios puedan conocer las condiciones de la licencia.

Condiciones generales de contratación.

Aunque a día de hoy nos parezca muy obvio y todos lo tengamos perfectamente claro, en su momento, existía la duda de si los contratos celebrados por Internet tenían validez legal. El artículo 23 de la LSSI aclaró definitivamente esta cuestión, manifestando su plena eficacia siempre que, y lógicamente, cumpliesen los requisitos que para cualquier contrato, establece nuestro ordenamiento.

Si hemos optado porque a través de nuestra plataforma puedan contratarse servicios o comprarse productos, entonces nuestro aviso legal debe incluir cuales son las condiciones que rigen esa contratación, que deben ser acordes con la normativa legal, prestando especial interés a la Ley para la Defensa de los Consumidores y Usuarios (LDCU).

Para la contratación electrónica se han previsto requisitos legales específicos que deben concurrir previa y posteriormente a la misma.

Antes de contratar el consumidor ha de conocer de forma permanente, fácil y gratuita cuales van a ser los trámites para la celebración del contrato, si el prestador va a archivar el documento electrónico en el que se formalice y si éste va a ser accesible, los medios técnicos que están a su disposición por si incurre en algún error  en el momento de introducir datos y los idiomas en los que podrá formalizarse ese contrato, así como las condiciones generales de éste.

Una vez que el contrato se ha celebrado, el usuario debe recibir una confirmación del mismo, ya sea a través de la propia web, siempre que le ofrezca la posibilidad de archivarla, o bien mediante correo electrónico.

Conclusión.

De manera resumida, estos los requisitos legales que ha de cumplir vuestra web. No sé si la lectura de este pequeño post os  habrá aportado algo. Mi humilde consejo es que le dediquéis la atención que se merece a este apartado de vuestra web, un pequeño esfuerzo os puede evitar muchos quebraderos de cabeza en el futuro.

© María Dolores Martínez Pérez

© Sinderiza C.B.

Foto: Tran Mau Tri Tam para unsplash.com

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