7 pasos para reclamar cuotas impagadas de las Comunidades de Propietarios ( y lograr su cobro)

reclamar impago cuotas comunidad de propietarios

El impago de cuotas de las comunidades de propietarios por parte de los dueños de viviendas y locales es un grave problema que, según el último Estudio Global sobre morosidad en Comunidades de Propietarios, en el año 2017 alcanzó la nada despreciable cifra de 1.601,23 millones de euros. 

Estos son  los 7  pasos imprescindibles para  reclamarlas con éxito en un procedimiento judicial.

Convoca una Junta de propietarios

En el orden del día de la convocatoria, debe inclurise la  liquidación de las deudas de cada propietario, con su importe y, la aprobación, por parte de los integrantes de la comunidad con derecho a voto, de su reclamación ante el Juzgado. 

Notifica el acuerdo al deudor

Una vez celebrada la Junta y debidamente aprobada la deuda y su reclamación, hay que poner el acuerdo en conocimiento del deudor. Si te saltas este paso o no lo realizas como es debido, te arriesgas a que la reclamación no prospere.

La notificación debe enviarse al domicilio del deudor, domicilio que todos los propietarios tienen la obligación de comunicar al Secretario de la Comunidad y que debe ser una dirección en España en la que puedan recibir citaciones y notificaciones.

Si la dirección no se ha facilitado y no se consigue realizar correctamente la comunicación en estas señas, no te preocupes, puedes enviarla  a la dirección del piso o local que forma parte de la comunidad. 

Y sólo para el supuesto que estos intentos hayan fracasado, podrás colgarla en el tablón de anuncios de la comunidad. El tablón debe estar situado en un lugar visible y debidamente habilitado.

No te olvides de incluir la fecha y los motivos por los que la notificación se realiza de este modo, ni de la firma del Secretario y el visto bueno del Presidente.

Es imprescindible que se notifique al deudor el acuerdo de la Junta de propietarios aprobando la reclamación de las cuotas impagadasHaz click para twittear

Para que la notificación sea válida y despliegue los efectos legales deseados, es imprescindible que el deudor conozca o pueda conocer cuál es su contenido. Elige un medio que acredite que se ha efectuado. Podemos emplear cartas con acuse de recibo, correo certificado, servicios de mensajería, testimonio del Secretario de la Junta de su expedición por correo postal… A mí me gusta el burofax con certificación de texto y acuse de recibo. Es cierto que es un servicio más caro que los anteriores, pero no deja lugar a dudas de que se ha enviado y cómo  y cuándo se ha entregado.

Inicia el procedimiento monitorio

El monitorio es un procedimiento previsto en la Ley de Enjuiciamiento Civil destinado a que los acreedores puedan cobrar de una forma ágil sus facturas y deudas. La Ley de Propiedad Horizontal lo que hace es fijar una serie de especialidades que moldean este proceso, permitir su aplicación a la reclamación de cuotas impagadas de las comunidades de vecinos, fijado sus requisitos en su artículo 21.

El procedimiento monitorio es el previsto por la ley para la reclamación de las cuotas impagadas por los propietarios Haz click para twittear

Acompaña la documentación necesaria a la demanda

Esta demanda se interpone ante el Juzgado de Primera Instancia de la localidad en la que se encuentre situada la vivienda o local del deudor y a ella ha de unirse:

  • Certificación del acuerdo de la Junta aprobando la liquidación de deuda.
  • La notificación de ese acuerdo al propietario afectado, realizada cómo hemos descrito anteriormente.
  • Justificante de los gastos que el requerimiento previo de pago haya generado.

Espera la respuesta del moroso

Admitida a trámite por el Juzgado competente, se le concede al deudor un plazo de veinte días hábiles para que pague o se oponga según lo establecido en el artículo 818 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

En esta situación pueden pasar tres cosas.

  1. El deudor paga. En ocasiones, pocas según mi experiencia, el deudor abona lo que se le está reclamando poniéndolo a disposición de la Comunidad o ingresándolo en la cuenta de consignaciones y depósitos del Juzgado. 
  2. El deudor se opone. El comunero puede alegar razones de fondo, como no deber lo que se le está reclamando o adeudar tan sólo una parte; o defenderse acudiendo a cuestiones formales, como que no se le ha notificado con las condiciones fijadas en el artículo 9 de la Ley de Propiedad Horizontal, o que la solicitud de procedimiento monitorio no reúne las características exigidas por el artículo 21. Con independencia de cuál sea el motivo de la oposición, se pasa al juicio correspondiente en función de cuál sea la cuantía objeto del procedimiento. Mientras tanto podremos solicitar el embargo preventivo de los bienes del deudor.
  3. El deudor no hace nada. Y se dicta un decreto con el que podemos ejecutar la deuda y embargar los bienes del deudor hasta que cobremos la totalidad de su importe. 

Respeta  la privacidad de los vecinos deudores

Las comunidades de propietarios, al gestionar datos de carácter personal, se encuentran sometidas a la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y garantías digitales. Este factor puede generar una colisión entre la privacidad de los comuneros que no están al tanto del pago de sus cuotas y su reclamación judicial.

Si ambos elementos no se tratan adecuadamente, la Agencia Española de Protección de Datos puede sancionar  a la Comunidad. Esta entidad ha manifestado que, ni la convocatoria de la Junta que incluya el listado de deudores, ni el acta de la misma, son contrarias a la normativa de protección de datos. 

El problema surge cuando esos datos se publican en el tablón de anuncios de la Comunidad, a la vista, no sólo de los vecinos, sino de cualquier persona que transite por allí. Cómo he comentado más arriba, al tablón de anuncios hay que recurrir sólo cuando los otros medios de notificar a los deudores han fracasado. De este modo se está dando correcto cumplimiento, no sólo a lo establecido en el artículo 9.1 h) de la Ley de Propiedad Horizontal, sino también a la cesión inconsentida de datos para dar cumplimiento a una ley.

Contrata a un abogado y un procurador

¿Necesitas contratar a un abogado y un procurador para interponer este procedimiento? No, no lo necesitas. Su intervención no es obligatoria  para la interposición de la solicitud del procedimiento monitorio. Sólo si el vecino moroso se opone y se le están reclamando más de dos mil euros es preceptiva su participación.

Ahora bien,  aunque no sea imprescindible que tomen parte en el procedimiento, sus honorarios no tiene que afrontarlos la comunidad de propietarios sino el deudor, con independencia que atienda o no al pago. Entonces, ¿por qué no contar con profesionales especializados en lugar de dejarlo en manos de legos en la materia?

 

 

Foto: Cristopher Jenseth para www.unsplash.com

Principios inspiradores, requisitos legales y respeto por la privacidad: las claves de la publicidad en redes sociales

publicidad en redes sociales

Paulina posaba con aparente descuido mientras escuchaba música por sus auriculares. Marca visible, un escueto #ad entre otros hasthags y ninguna mención para sus  más de 50.000 seguidores  que se trataba de publicidad.

Esta publicación en su cuenta de Instagram ha supuesto para esta influencer que el  Jurado de la Publicidad de Autocontrol dictaminará, tras la denuncia interpuesta por un particular, que se trata de publicidad subliminal.

Publicidad y redes sociales forman un matrimonio cada vez mejor avenido. Si no llevasen bien, en 2019 no se hubieran invertido los 807,2 millones de euros que recoge el Estudio de Inversión Publicitaria en Meidos Digitales elabarado por  IAB Spain.

Y es que los beneficios de esta relación no son pocos:

  • Las redes sociales conforman una plataforma de gran difusión, los anuncios llegan a un número elevado de destinarios.
  • Eficacia de las campañas segmentadas con precisión, precisión que se logra mediante análisis de los datos contenidos en los perfiles de los usuarios.
  • Provechosa relación calidad – precio . Una pequeña inversión acompañada de una estrategia publicitaria bien ideada, implica un significativo incremento de las ventas.

Pero estos frutos no podrás saborearlos si, como Paulina, aparcas las reglas del juego. Porque, como en cualquier otro medio publicitario, las campañas desarrolladas en redes sociales tienen sus normas.

¿Cuáles son? Vamos a descubrilas.

Los principios legales que guían la publicidad.

Existe un conjunto de criterios que orientan toda la publicidad y que marcan el camino por el que cualquier anuncio ha de moverse.

  • La dignidad de las personas está por encima de todo. No puede traspasarse, ningún anuncio o campaña publicitaria puede ser denigrante.

De manera específica está considerada como ilícita la publicidad sexista, que discrime a la mujer o utilice su cuerpo o una parte del mismo como un simple elemento para intentar vender un producto o servicio.

  • Protección de los menores de edad. Dada la facilidad con la que los niños pueden acceder a las redes sociales, es un principio al que cada vez se da más relevancia.

Si ningún mensaje publicitario puede ser falso ni conllevar a error, está exigencia aumenta cuando se trata de un anuncio pensado para menores.

Se concede especial importancia a las características del producto y, sobretodo, a su modo correcto de empleo. La intención es no  poner en peligro la seguridad del niño que lo utiliza.

  • Olvídate de la publicidad subliminal. Está prohibida.
  • La publicidad debe ser veraz. Nada de contar mentiras.

Otro elemento básico es que la publicidad tiene que reconocerse como tal. Cuando el destinatario la recibe tiene que saber que lo  que está viendo es un anuncio. Eso no significa que necesariamente tenga que aparecer en alguna parte que es publicidad, el término “publi” o similar. Pero si que por el entorno quedé claro que lo es.

En redes sociales sociales identificar la publicidad es uno de los mandamientos de la ley. Y cuando de ofertas se trata, las condiciones que el anunciante ofrezca han de ser reales y exigibles por el consumidor.

Los 3 requisitos obligatorios de los mensajes publicitarios en redes sociales

La Ley de Servicios de la Sociedad de Información y Comercio Electrónico nos informa sobre cuales son las condiciones legales a las que tiene que ajustarse la publicidad que realizas en redes sociales.

Los requisitos que tiene que cumplir son:

  • Reconocerse fácilmente como mensaje publicitario. No te preocupes. Esto no significa que cada vez que publiques un anuncio tengas que decir expresamente que lo es. Cuando una red social publica un anuncio lo identifica como tal. Mira, por ejemplo, esta imagen de un anuncio de Facebook.

De esta forma ya se cumple esta exigencial legal. Sólo si por el contexto, remitente o medio empleado no queda claro que lo que estamos enseñando es un mensaje publicitario, estarías vulnerando la norma.

  • Identifícate como anunciante. El consumidor tiene que saber quien eres. Este requisito es bastante sencillo de cumplir. Basta con efectuar la comunicación a través de tu cuenta empresarial o profesional para que los usuarios sepan quien la efectúa.
  • Facilita las condiciones de cualquier oferta o promoción. Todas las estipulaciones de cualquier promoción tienen que ser accesibles al usuario.

No te preocupes, no tienes que incluirlas en el mensaje publicitario de la red social, ¿alguién sería capaz de recogerlas en los 280 caracteres de un tuit?.

Lo imprescindible es que muestres de forma clara e inequívoca  y que estén al alcance del receptor.

La accesibilidad queda cumplida con un enlace al apartado de tu web en que se contemplen todas sus normas y condiciones.

Protección de datos y perfiles profesionales en redes sociales

Si estás leyendo este post, probablemente hayas optado por crear un perfil corporativo para dar a conocer los productos o servicios que comercializas.

Y  si los utilizas debes saber que un elemento fundamental de la publicidad que se realiza a  través de las redes sociales es el respeto a la privacidad de los destinatarios.

No olvides que las páginas profesionales de las redes sociales están sometidas a las exigencias de la Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantías Digitales.

Este hecho implica que el usuario o administrador de la página corporativa actúa como responsable del cumplimiento de todas las obligaciones relacionadas con los datos que se obtengan y gestionen a través de ese perfil.

Además, hay una exigencia imprescindible para los perfiles profesionales: el seguidor o fan de una página tiene que prestar su consentimiento para el uso de los datos que facilita.

Debe conocer que datos esta facilitando, para que los está proporcionando y  poder elegir si los entrega o no. Su consentimiento ha de ser inequívoco.

Te estarás preguntado cómo se consigue esta autorización dentro de las redes sociales. Muy sencillo.

Este consentimiento incuestionable equivale a hacerse amigo o seguidor de esa página empresarial, siempre que el  perfil profesional al que se ha suscrito facilite la siguiente información:

  • Finalidades de los datos que se recogen a través de la red social.
  • Dirección y datos de contacto de la empresa o profesional.
  • Cómo pueden ejercerse los derechos de acceso, rectificación, cancelacion y oposición.

No se trata de incluir la totalidad de esta información en la página de la red social. Es suficiente con incluir un enlace a la política de privacidad de tu web.

Como ejemplo, mira como puedes hacerlo en Facebook.

Entras en tu página profesional, y accedes a la sección de información.

Entre los distintos campos que puedes cumplimentar se encuentra “Editar Política de privacidad”.

Si haces clic se abre una ventana para insertar un enlace, ahí pegas el link a la política de privacidad de tu web y… Voilá!

Por último señalar que uno de los propósitos con las que vas a utilizar los datos obtenidos es publicitario, está finalidad ha de estar contemplada en la política de privacidad.

Si te facilitan datos accediendo a que sean empleados con fines publicitarios, deben ser los estrictamente necesarios para este objetivo, no debes pedir ninguno más que no haga falta.

Puedes profundizar sobre protección de datos, publicidad y redes sociales leyendo el informe de la Agencia Española de Protección de Datos sobre la utilización de una red social para fines publicitarios.

¿Quieres realizar algún comentario? ¡Perfecto! Anímate a escribirlo abajo y te responderé lo antes posible.

Foto: Jakob Owens para www.unsplash.com

Cómo cobrar un factura impagada

como cobrar una factura impagada

Cobrar una factura impagada es un escollo al que, si tienes una empresa o eres autónomo, inevitablemente, más tarde o más temprano, tendrás que enfrentarte.

Lo normal es que ante este problema despliegues todo tipo de artimañas para conseguir que tu cliente te pague. Le llamarás, le preguntarás que sucede, enviarás cartas recordando que hay una factura pendiente de pago… En algunos casos tu diplomacia y paciencia servirán y lograrás que hagan frente a la deuda. Pero, desgraciadamente, no siempre sucede así y, cuando todo lo anterior ha fallado, toca reclamar por vía judicial.

Para estos casos la Ley de Enjuiciamiento Civil tiene previsto el procedimiento monitorio, un procedimiento especial pensado para “una protección rápida y eficaz” del crédito de muchos justiciables, especialmente de pequeños y medianos profesionales y  empresarios. Lo dice así la Ley en su preámbulo aunque la realidad, por desgracia,  sea bien distinta.

La Ley de Enjuiciamiento Civil entra en vigor coincidiendo con los años de bonanza económica, España parecía que iba bien, y el procedimiento monitorio nacía como un proceso residual para una baja morosidad empresarial. Pero llegó la crisis y el escenario cambio de manera radical. Los impagos se dispararon y con ellos, estos procesos. Según la estadística elaborada por el Poder Judicial, en el año 2002 se interpusieron 168.053 monitorios, cifra que fue aumentando año a año hasta alcanzar niveles estratosféricos en 2008 y 2009, presentándose  856.875 y 895.127 solicitudes respectivamente. Los últimos datos anuales de que disponemos correspondientes al año 2018 recogen la interposición de 576.846 solicitudes.

Qué es el procedimiento monitorio y como funciona.

El procedimiento monitorio es un proceso especial, regulado en los artículos 812 a 818 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Ideado para que el ciudadano pueda recuperar fácilmente su deuda, intenta ser breve, rápido y sencillo.  La cotidianidad judicial  nos demuestra que no siempre es así.

El procedimiento monitorio está especialmente previsto para el cobro de facturas impagadasHaz click para twittear

El procedimiento comienza con una solicitud que ha de presentarse ante el Juzgado de Primera Instancia del lugar de domicilio o residencia del deudor. Tiene que recoger quienes son tanto el deudor como el acreedor, sus respectivos domicilios y la cuantía de la deuda. A la petición de procedimiento monitorio hay que adjuntar los documentos en los que se base la deuda (facturas, albaranes…).

Cuando el Juzgado de Primera Instancia recibe la petición puede hacer tres cosas:

1.- Admitirla directamente.

2.- Proponer la cantidad correcta de la reclamación, si aprecia que hay un error el importe que se está reclamando.

3.- Si se trata de una deuda que tiene su origen en un contrato entre un empresario y un consumidor, analiza si existen cláusulas que puedan ser abusivas. Si considera que puede haberlas concede un plazo de cinco días para  manifestarse sobre ellas y después decidirá:

  • Si la petición es improcedente y, por tanto, no debe admitirse.
  • Aceptarla pero eliminando la cláusula o cláusulas que son abusivas.
  • Continuar el procedimiento con normalidad, aceptando la solicitud de procedimiento monitorio.

Una vez que se ha producido la admisión  a trámite, se requiere al deudor por un plazo de 20 días para que, o bien pague la deuda que se le está reclamando, o bien se oponga alegando los motivos por los que, a su parecer, no debe todo o parte lo que se le requiere.

Ante una admisión pueden producirse varias situaciones:

  • Pago de la deuda que se está reclamando. Panorama ideal que pocas veces se produce. Las últimas estadísticas hablan de sólo el 7,4 % de los casos
  • El deudor se opone a la reclamación. Manifiesta cuales son, según él, los motivos por los que no debe lo que se le está pidiendo. Con independencia de las razones que esgrima, se acudirá al procedimiento declarativo correspondiente en función del importe de la deuda. En este nuevo proceso de dilucidará sobre el fondo del asunto y se dictará la sentencia correspondiente.

La oposición por parte del deudor no es demasiado frecuente, superando ligeramente el 8% de los procedimientos

  • Transcurso de los veinte días sin actividad alguna del deudor. En este caso  se dicta un decreto con el que estaremos facultados para ejecutar la deuda y embargar los bienes del deudor hasta cobrar la totalidad de su importe.

Esta es, con diferencia, la coyuntura más frecuente.

¿Conseguiré cobrar mi factura?

Quizá.  Me gustaría poder responderte con rotundidad que sí, que el procedimiento es 100% efectivo y que su tramitación acaba con el cobro de la deuda. Por desgracia, no sucede así.

Son muchos los factores que influyen en la recuperación del dinero que te deben. Como acabo de comentar, son pocos los casos en los que, cuando el deudor recibe el requerimiento de pago, hace frente a su deuda. Lo más habitual suele ser que no haga nada y deba iniciarse el correspondiente procedimiento de ejecución. Es aquí dónde está la clave. Una ejecución bien tramitada, con una exhaustiva y, sobretodo, constante búsqueda de bienes embargables, será la llave para lograr tu objetivo.

 

La ejecución posterior es la clave para conseguir el cobro en el procedimiento monitorioHaz click para twittear

¿Es necesario contratar a  un abogado y un procurador para tramitar este procedimiento?.

La respuesta es no. No es necesario pero si totalmente recomendable. La ley permite a cualquier ciudadano acudir a este procedimiento por si mismo. Cualquiera puede realizar la petición, basta con presentar un escrito o rellenar este formulario. Depende de ti valorar si merece la pena contratar a profesionales que te asistan. Para tomar la decisión debes plantearte, por ejemplo:

  • Si sabes que hacer ante una diligencia negativa de notificación al deudor.
  • Qué significa y que ocurre si te impugnan los documentos que acompañas a la solicitud.
  • Cómo se ejecuta el decreto que pone fin al monitorio y como se embargan los bienes del deudor.

Y tú ¿alguna vez has tenido que reclamar judicialmente una factura? ¿cómo fue la experiencia? Cuéntamelo en los comentarios

Foto: Andrew Branch para www.unsplash.com

 

Qué es el sharenting o porque no se te puede ir la mano publicando fotografías de tus hijos en redes sociales

fotografías hijos en redes sociales

El día que Anna, una joven austriaca, cumplió 14 años, decidió que había llegado el momento de crear su perfil en Facebook.  Al hacerlo se llevó una inesperada y desagradable sorpresa: la red social estaba a reventar de fotos suyas.

Espantada, se vio gateando, desnuda cuando era un bebé y en un montón de situaciones cotidianas más. ¿Quiénes habían contado su vida sin ningún pudor a más de setecientos contactos? ¿Quiénes se habían saltado su privacidad a la torera? Sus padres.  Ambos estaban practicando sharenting. Tuvo que acudir a los tribunales para que parasen.

Sharenting o la publicación desmedida de fotos de tus hijos en redes sociales.

El término sharenting nace de la fusión de dos palabras en inglés: share (compartir) y  parenting (crianza). Hace referencia a los padres que suben con asiduidad imágenes de sus hijos a las redes sociales.

Lejos de ser algo anecdótico, esta actividad se ha convertido en un importante fenómeno del que los padres desconocéis su perfiles legales.

La patria potestad mal entendida.

La patria potestad está recogida en el artículo 154 y siguientes del Código Civil  y debes entenderla como la función de representar a tus hijos y velar por ellos.

Posiblemente si tus hijos son menores de edad, los representas junto con su otro progenitor, con independencia de cuál sea la relación que mantengáis (si sois pareja de hecho, estáis casados o  divorciados, etc…).

Una idea que tienes que tener muy clara  es que el criterio con el que la llevas a cabo siempre ha se ser el interés de tus hijos y el respeto a sus derechos.

Con esta guía en mente no se te olvidará que subir continuamente imágenes de tus hijos a Instagram, Facebook, o cualquier otra red social,  no  les favorece. Que se te vaya la mano publicando  fotos en las que aparecen tus hijos les perjudica.

Les expone a riesgos como el acoso escolar, la pederastia…  Y constituye una falta de respeto a los derechos de los niños, entre ellos, el derecho a su propia imagen.

El derecho de tus hijos a su propia imagen.

El derecho a la propia imagen es uno de los derechos fundamentales de la persona. Amparado por la  Constitución en su artículo 18, se dibuja y dota de contenido por la Ley Orgánica 1/1982 de 5 de mayo de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen

Tiene una vertiente positiva, consistente en la facultad de cada persona de difundir su propia imagen, y una vertiente negativa, por la que se puede exigir autorización para mostrar nuestra imagen o incluso prohibir su difusión.

Aunque tu hijo sea un niño menor de edad, es  titular de su derecho a propia imagen, a su honor y a su intimidad. Así  lo contempla expresamente el artículo 4 de la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor.

La protección de los datos personales del niño.

La imagen es un dato de carácter personal y está protegida por Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.

En el caso de menores de edad, tiene expresamente previsto que la utilización o difusión de sus fotos, vídeos o cualquier otra  información personal puede implicar una intromisión ilegítima en sus derechos fundamentales.

¿Puedo o no puedo publicar fotos de mis hijos en redes sociales?

Es una decisión que los padres tenéis que tomar. Si compartís la patria potestad, ambos progenitores tenéis que estar de acuerdo.

Aunque exista este acuerdo, antes de publicar una foto, dedica un segundo a reflexionar sobre si cuando tu hijo sea adulto querrá ver difundida esa instantánea en la red. Puede hacerte mucha gracia los primeros trompicones de tu criatura cuando empieza andar, como pone perdida de papilla toda la cocina o sus hazañas como portero de fútbol. Pero quizá a él cuando se haga mayor no le guste.

Para publicar fotos de vuestros hijos en redes sociales, ambos progenitores tenéis que estar de acuerdoHaz click para twittear

¿Qué ocurre si no hay consenso? Que tendréis que acudir a los tribunales para determinar si es pertinente compartir fotografías de los menores en las redes sociales, o bajo qué condiciones estaríais autorizados.

No es la primera vez que los jueces se han manifestado sobre este tema, como también ha dejado de ser novedoso que, en caso de divorcio de los padres, en el convenio regulador se trate este punto de manera específica.

No te olvides del uso que hacen las redes sociales de las imágenes.

La publicación de fotografías en redes sociales conlleva muchas implicaciones legales, entre ellos la posible cesión de derechos.

Casi ningún usuario de una red social nos paramos a pensar  los derechos que les cedemos cada vez que publicamos una foto. Aceptamos sus condiciones de uso y su política de privacidad sin ni siquiera leerla de pasada. ¿Qué les estamos concediendo?

Las condiciones de uso de Facebook establecen que “en el caso de contenido protegido por derechos de propiedad intelectual, como fotos y videos («contenido de PI»), nos concedes específicamente el siguiente permiso, de acuerdo con la configuración de la privacidad y de las aplicaciones: nos concedes una licencia no exclusiva, transferible, con derechos de sublicencia, libre de regalías y aplicable en todo el mundo para utilizar cualquier contenido de PI que publiques en Facebook o en conexión con Facebook («Licencia de PI»).”. Es decir, le permites que hagan cualquier uso con las fotos que subes, incluidas las de tus hijos, gratis.

Instagram no es muy diferente. En su caso “otorgas a Instagram una licencia totalmente pagada, sin derechos de autor, no exclusiva, transferible, con posibilidad de sublicenciarse e internacional para utilizar el Contenido que publiques en el Servicio o a través de este, conforme a la Política de privacidad del Servicio que está disponible en http://instagram.com/legal/privacy/“. A ellos también se las das.

Normalmente, cuando se sube la foto de un hijo a las redes sociales no se hace por su valor artístico pero no está de más conocer los derechos que les estamos regalando.

Entonces mejor no subo ni una foto de mis hijos a las redes sociales.

Tampoco es eso. Una cosa  es compartir de manera compulsiva imágenes de los hijos en las redes sociales y otra subir de cuando en cuando en una foto o un vídeo. No pasa nada por compartir una foto si un día te apetece.

Lo que no debes  hacer es contar su vida y milagros. Si compartes fotos de su día a día, desde que nace hasta que se va a la Universidad,  estás haciendo pública su vida y le estás creando una biografía digital que no sabes si en el futuro querrá que se haya expuesto o si puede perjudicarle.

No quiero ser alarmista ni preocuparte en exceso. Si  quieres compartir fotos de tus hijos, puedes hacerlo utilizando otros medios más adecuados como el correo electrónico.

Y si te apetece publicar fotos en las que aparezcan hazlo, pero con cuidado, sin exponerles demasiado, sin relatar toda su vida y adoptando unas ciertas medidas de seguridad. En esas ocasiones revisa bien la privacidad de esas imágenes, limita su acceso a un entorno limitado y de confianza.

¿Tienes alguna pregunta sobre la publicación de fotos de tus hijos en redes sociales? ¡Adelante! Te responderé  en los comentarios

 

Fotografía: TanaPhonh Toochinda para Unsplash.com

Cómo realizar un aumento de capital por compensación de créditos

aumento de capital por compensación de créditos

¿Cuando debe efectuarse el aumento de capital por compensación de créditos? Tomamos como punto de partida que el aumento de capital es una operación que sirve para incrementar los fondos de la sociedad. Ésta ha ido desarrollando su objeto y llega un momento en que su capital es insuficiente para continuar avanzado, es necesario que crezca.

Si la sociedad, ante la necesidad de invertir, se ha financiado mediante créditos de los socios y se encuentra con un capital reducido pero un pasivo muy elevado, es el momento de acudir a esta herramienta. Ampliamos capital, para que este sea acorde con la realidad social.  Los suscribimos compensando los créditos, para eliminar el desequilibrio.

Previsto en el artículo 301 de la Ley de Sociedades de Capital, el aumento de capital requiere que se trate de créditos vencidos, líquidos y exigibles, como establece el artículo 1196 del Código Civil.

El aumento de capital por compensación requiere que se trate de créditos vencidos, líquidos y exigibles.Haz click para twittear

El porcentaje de créditos a compensar exigido por la ley varía. Mientras que en las sociedades de responsabilidad limitada se exige que sea el 100% de los mismos, en las sociedades anónimas basta con un 25% y que el plazo de vencimiento de los restantes no sea superior a 5 años.

El informe del órgano de administración 

Para el aumento de capital por compensación de créditos, la Ley de Sociedades de Capital exige al órgano de administración la elaboración de un informe. El informe de los administradores es el centro sobre el que gravita una correcta ampliación de capital de este tipo. Puesto a disposición de los socios en el domicilio social a tiempo de la convocatoria de la pertinente  Junta General, deberá contener:

  • La naturaleza y características de los créditos que se van a compensar.
  • Quiénes son los aportantes.
  • A qué cuantía asciende el aumento del capital.
  • El número y valor de las participaciones sociales que se van a crear para efectuar la ampliación.
  • Declarar la existencia de concordancia entre la contabilidad social y los datos de los créditos que se van a compensar.

Un elemento imprescindible de este informe es la correcta identificación de  los créditos que se van a compensar. Para que se encuentren debidamente reseñados ha de especificarse en cada crédito:

  1. El nombre del acreedor.
  2. Fecha en que fue contraído el crédito,
  3. Declaración que el crédito es completamente líquido y exigible.
  4. Manifestación que al tiempo de la convocatoria de la Junta fue puesto a disposición de los socios el informe de los administradores.

Sin estos requisitos, exigidos por el artículo 199 del Reglamento del Registro Mercantil, no se efectuará la correspondiente inscripción, tal y como ha manifestado la Dirección General de Registros y Notariado en varias de sus resoluciones.

Si la sociedad cuya capital va a ampliarse es anónima al informe de los administradores hay que añadir una certificación emitida por un auditor de cuentas que acredite que, del estudio de la contabilidad social se desprende la exactitud de los datos ofrecidos en el informe.

Con este mecanismo se tutela una dualidad de intereses. Por una parte, la de los accionistas, que van a continuar manteniendo su patrimonio una vez se produzca la ampliación. Por otra, la protección de terceros que se relacionen con la sociedad, que de este modo obtienen la certeza que ese aumento de capital corresponde a una real aportación patrimonial.

Cuando la sociedad anónima cuente ya con un auditor de cuentas designado, podrá ser él quien realice la certificación. De no ser así, deberá ser nombrado por el Registrador Mercantil

Una vez elaborado el informe, ha de convocarse una junta general.

¿Qué contenido ha de reflejarse en la convocatoria de la junta?

La convocatoria de la junta en la que vaya a tratarse el aumento de capital  debe incluir necesariamente en su orden del día:

  • El aumento de capital, con su cuantía y el número de participaciones sociales que van a emitirse, así como su valor nominal.
  • La modificación del artículo de los estatutos sociales en el que consta el capital social para actualizarlo al nuevo importe.
  • La puesta a disposición y derecho de los accionistas o socios de examinar el informe del órgano de administración y, en su caso, la certificación emitida por el auditor de cuentas.
  • Si va a delegarse en alguien, y de quién se trata, la ejecución de las formalidades legales del acuerdo.

Celebrada la junta y aprobado el aumento de capital, no debemos olvidarnos de reflejarlo en el Libro de Socios.

Elevación a público del acuerdo e inscripción en el Registro Mercantil

Para el otorgamiento de escritura de elevación a público de este acuerdo social es necesario acompañar a la escritura, tanto certificación de la junta en la que conste la aprobación de los acuerdos correspondientes a la ampliación de capital, modificación de estatutos sociales, étc; como el informe del órgano de administración.

Si necesitas alguna aclaración, te invito a realizarla en los comentarios.

Foto: Samuel Zeller para www.unsplash.com

Preguntas (y respuestas) sobre la moratoria del pago del alquiler de oficinas y locales de negocio establecida por la crisis del coronavirus

alquiler oficinas locales coronavirus

La crisis económica derivada de la emergencia sanitaria del Covid-19, ha conllevado la modificación del pago de las cuotas de los alquileres, no sólo de las viviendas habituales, también de las oficinas y los locales de negocio.

En esta ocasión, ha sido el Real Decreto-ley 15/2020, de 21 de abril, el encargado de establecer el funcionamiento de este aplazamiento.

¿Eres uno de los beneficiarios  de esta medida?

Puedes acogerte a ella tanto si eres autónomo como si constituyes una pequeña o mediana empresa.

Requisito lógico e imprescindible si eres autónomo es que, cuando se acordó el estado de alarma, tenías que estar dado  de alta y afiliado a la Seguridad Social.

La actividad que desarrollas habrá tenido que verse afectada, bien porque se haya suspendido, bien porque la facturación que genera haya caído un 75 % con respecto a la media mensual del trimestre anterior. Es decir, que si de enero a marzo facturaste de  media tres mil euros, sólo podrás solicitar el aplazamiento si en abril no has alcanzado setecientos cincuenta euros de facturación.

Para ser considerado cómo pequeña o mediana empresa, deberás ser una sociedad que formule su balance y estado de cambios en el patrimonio neto de manera abreviada.

Tu actividad deberá haber sufrido idénticos daños que los autónomos, suspensión o mismo descenso en la facturación.

¿Cómo acredito la suspensión de mi actividad o el descenso en la facturación?

Para justificar documentalmente que cumples los requisitos exigidos para la moratoria del pago del alquiler de tu oficina o local de negocio tendrás que aportar, en el caso de suspensión de tu actividad, el correspondiente certificado de la Agencia Tributaria u órgano competente de la Comunidad Autónoma.

La reducción de la facturación se garantizará mediante  declaración responsable en la que justifiques debidamente el descenso.

¿En qué consiste exactamente la moratoria del pago del alquiler?

El contenido de la moratoria adquiere distinto perfil según las características del propietario del inmueble. El RD-L 15/2020 promueve que arrendador y arrendatario alcancéis un acuerdo en los términos que consideréis más adecuados.

Si no llegáis al consenso, lo previsto por la norma varía su contenido en función de si el propietario del inmueble es, o no, un gran tenedor.

Gran tenedor es el dueño de diez inmuebles, excluyendo trateros y garajes, o de una superficie construida de más de 1.500 ms2.

Está obligado a aceptar tu solicitud como inquilino, de aplazamiento del pago del alquiler  mientras dure el estado de alarma (y sus prórrogas) con un tope de cuatro meses.

Una vez finalizado el estado de alarma, las cuotas que hayas aplazado tendrás que pagarlas prorrateadas en las que se devenguen a partir de ese momento y durante un plazo máximo de dos años.

Si el titular del local de negocio u oficina no es un gran tenedor, cómo alquilado tienes hasta el 23 de mayo para pedirle el diferimiento de la renta.

El dueño podrá utilizar la fianza del alquiler como medio de pago, y dispondrás de un año para reintegrársela.

¿Qué ocurre si te acoges a esta medida sin tener derecho a ella?

Aplazar el pago del alquiler sin cumplir las condiciones legales  implicará que deberás hacer frente a:

  • Los daños y perjuicios causados al arrendador.
  • Los gastos que se hayan producido.
  • Posibles responsabilidades en otros órdenes.

Si tienes alguna duda más sobre esta medida, aprovecha los comentarios para hacérmela llegar.

Foto: Lance Grandahl para unsplash.com

Cómo te afecta la crisis del Covid -19 si vives de alquiler o tienes una casa arrendada

La sacudida económica provocada por la emergencia sanitaria del coronavirus salpica  el hogar de muchas familias, familias que en muchos casos vivís de alquiler, o tenéis ingresos básicos provenientes de una casa alquilada.

Esta coyuntura no ha sido ajena a la gestión de la crisis debida a la pandemia. Para paliar sus consecuencias se ha aprobado, entre otros, el Real Decreto-Ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al Covid-19.

Los arrendamientos son uno de los sectores sobre los que se introducen modificaciones legales para intentar contener los daños que el panorama actual puede provocar.

Las medidas varían según la situación del alquiler. Se atiende a las circunstancias en la que se encontraba el contrato cuando se decretó el estado de alarma. Puede tratarse de:

  • Una moratoria en el pago de las rentas del alquiler de un contrato de vivienda habitual en vigor.
  • La prórroga de un contrato de vivienda habitual.
  • La tramitación de un procedimiento de desahucio por impago de rentas.

Moratoria en el pago de las rentas de contrato de alquiler de vivienda habitual en vigor que se ve afectado por la crisis nacida de la emergencia sanitaria creada por el Covid- 19.

 

El aplazamiento para cumplir con la obligación de pago de las cuotas mensuales del alquiler se aplica cuando el inmueble es la vivienda habitual del inquilino, al que le sobreviene una situación de vulnerabilidad económica derivada de la crisis económica consecuencia de la emergencia sanitaria producida por el Covid-19.

La moratoria adquiere diversos perfiles según quién sea el propietario de la vivienda arrendada. Los criterios que adopta el RD-L 11/2020 varían si el dueño es:

  • Un gran tenedor o empresa (persona física o jurídica) o entidad pública de vivienda.
  • Un fondo social de vivienda.
  • Un particular

Veamos cómo funciona en cada caso.

1.- Arrendador gran tenedor o empresa o entidad pública de vivienda.

Lo primero a tener claro para la hipótesis de  moratoria arrendaticia de titular gran empresa o entidad pública es, precisamente, qué es una gran empresa o un gran tenedor. Estamos hablando del titular de:

  • Diez inmuebles (excluyendo trateros y garajes)
  • Una superficie construida de más de 1.500 ms2

 

En estos casos el inquilino puede solicitar el aplazamiento temporal y extraordinario del pago de la renta. Esta opción entrará en juego si antes no se ha logrado un acuerdo con el dueño consistente en la condonación total o parcial de la deuda.

Si este pacto no ha tenido lugar,  el propietario  de la vivienda cuenta con un plazo máximo  de 7 días  para comunicar al morador la decisión que ha tomado respecto a la retribución del alquiler y que puede consistir en:

  1. Disminuir la renta un 50% en las cuotas que se devenguen durante el estado de alarma y en los cuatro meses siguientes.
  2. Aplazar el pago de las mensualidades a ingresar desde que entró en vigor el estado de alarma  y hasta 4 meses después de su fin. Concluido este plazo, las cuotas que se han demorado se fraccionarán durante al menos 3 años, siempre dentro de la vigencia del contrato o de cualquiera de sus prórrogas.

Esta alternativa  no da lugar a ningún tipo de interés in penalización para el arrendatario.

 

2.-Fondo Social de Vivienda.

Lo que acabo de exponerte en el apartado anterior, se aplica también para todos los alquileres correspondientes al Fondo Social de Vivienda  derivado del Real Decreto Ley 27/2012, de 15 de noviembre, de medidas urgentes para reforzar la protección de deudores hipotecarios.

 3.- Particular

La premisa de la que parte esta medida es un contrato de arrendamiento sobre una vivienda habitual en la que el propietario de la vivienda no es ni una gran empresa  o entidad pública de vivienda, ni un fondo social de vivienda, y el inquilino es una persona física que pasa a estar  en situación de vulnerabilidad económica.

El RD-L 11/2020 pretende que, cuando se den estas circunstancias, las partes lleguen a un acuerdo sobre el pago de la renta.

Su primer deseo es, que de manera voluntaria, el dueño libere del pago total o parcial de la renta al inquilino, o se lo aplace.

Cómo segunda opción, si este acuerdo no se produce, el inquilino tiene hasta el 1 de mayo para solicitar al arrendador de la vivienda, un aplazamiento temporal y extraordinario en el pago de las mensualidades que se devenguen durante el estado de alarma.

El propietario, en los 7 días laborables siguientes a la recepción de la solicitud,  comunicará al alquilado las diferentes posibilidades que le ofrece y que deben incluir:

  • Las condiciones en las que puede tener lugar el aplazamiento.
  • Un fraccionamiento y prórroga en el pago de las mensualidades que se devenguen mientras esté en vigor esta situación.
  • Otras alternativas que considere viables.

La finalidad es que las partes alcancen un acuerdo dentro de estos términos.

Con independencia de si se llega o no a un arreglo, si el ocupante de la vivienda pasa a estar en una situación de vulnerabilidad, puede acceder al programa de ayudas creado en el mismo RD-L 11/2020.

4.- Cuando se considera que estás en situación de vulnerabilidad económica.

Para evaluar esa vulnerabilidad económica se tienen en cuenta:

  • Tus circunstancias laborales: si eres trabajador por cuenta ajena y has pasado a estar desempleado; o se ha reducido tu jornada laboral, o si eres empresario  o profesional y has sufrido una disminución sustancial de tus  ingresos o ventas
  • Ingresos de tu unidad familiar. La unidad familiar está formada por el deudor, cónyuge o pareja de hecho e hijos que vivan en la vivienda con independencia de su edad.

En el mes anterior a la solicitud de la moratoria, los ingresos no podrán superar unos determinados niveles de renta.

Los parámetros de renta varían en función del número de hijos a cargo de la unidad familiar, o de las personas mayores de 65 años que la integren.

También se tiene en cuenta si alguno de los familiares tiene reconocida una discapacidad superior al 33%, es dependiente o sufre una incapacidad laboral permanente.

Padecimientos  como la parálisis cerebral, la enfermedad mental, discapacidad intelectual o sensorial o afecciones  graves de la persona afectada o su cuidador, también entran en juego a la hora de valorar la capacidad económica de la unidad familiar.

  • Importe de la renta arrendaticia. Junto con los gastos y los suministros básicos  debe superar el 35% de los ingresos de la unidad familiar.
  • Pérdida sustancial de ingresos. En el mes anterior a la solicitud de la moratoria el conjunto de los ingresos de los miembros de la unidad familiar no debe superar unos determinados límites referenciados con carácter mensual al IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples).

Todas estas condiciones deben acreditarse documentalmente.

5.- Aplicación indebida de la moratoria en el pago del alquiler

Cuando el inquilino se beneficia, sin tener derecho a ello, de la adopción de este tipo de medidas, se le exigirá responsabilidad por este aprovechamiento indebido. También cuando de forma voluntaria y consciente se  mantenga en los supuestos de vulnerabilidad económica que dan lugar a la entrada en funcionamiento de estas medidas.

Esta responsabilidad abarcará, como mínimo, el importe de los daños, perjuicios y gastos ocasionados. Su cuantía no será inferior al beneficio indebidamente ha obtenido el arrendatario.

Prórroga extraordinaria de los contratos de arrendamiento de vivienda habitual.

Los contratos de alquiler tienen, según la Ley de Arrendamientos Urbanos, la duración que las partes libremente acuerden. Ahora bien, la vigencia del contrato se prorroga automáticamente con carácter anual hasta alcanzar una duración mínima de 5 años si el propietario es persona física, o 7 años, si el dueño es una persona jurídica.

Transcurrido este período, el contrato de arrendamiento no tiene por qué  mantenerse.

Mientras dure el estado de alarma, nos vamos a encontrar con alquileres de vivienda habitual cuyo plazo de vigencia se va a agotar desde que se decretó y  hasta dos meses después de su conclusión.

Para ellos se ha previsto una prórroga extraordinaria con los siguientes requisitos:

  • Entra en funcionamiento si el inquilino la solicita.
  • El propietario está obligado a aceptarla.
  • Tiene una duración máxima de 6 meses.
  • El contrato se seguirá aplicando en los mismos términos y condiciones.
  • No opera si arrendador y arrendatario alcanzan otro tipo de acuerdo

Suspensión del procedimiento de desahucio y de los lanzamientos.

 No todos los procesos de desahucio y/o lanzamiento se ven afectados por lo acordado en el RD-L 11/2020. Para que esta norma sea de aplicación tendremos que encontrarnos con procedimientos en los que se den los siguientes requisitos:

  • Ha de tratarse de un hogar vulnerable.
  • Sus integrantes carecen de una alternativa habitacional.
  • El procedimiento de desahucio se encontraba en curso cuando se acordó el estado de alarma.

Cuando se den estas circunstancias, se suspenderá el procedimiento de desahucio hasta que se agote el estado de alarma.

Para que se paralicen los trámites, el inquilino deberá acreditar tanto su situación de vulnerabilidad económica derivada de la crisis generada por la pandemia del coronavirus, como la inexistencia de una alternativa habitacional para él y las personas con las que convive.

Demostrados estos requisitos, el Letrado de la Administración de Justicia deberá comunicarlos a los servicios sociales.

Además, se suspenderá el lanzamiento si ya estuviera fijada su fecha, o el plazo para su determinación por un período tope de 6 meses.

En el decreto en el que se acuerde la suspensión se indicará también cuando se reanudará el cómputo de la suspensión, o se señalara nueva fecha para la vista del desahucio, si ya se había concretado.

Ahora bien, puede ocurrir que la persona que pasa a estar en una situación de vulnerabilidad económica sobrevenida por la crisis del Covid-19 no sea el inquilino sino el propietario de la vivienda.

Para esta hipótesis también se ha previsto que el dueño del inmueble lo ponga en conocimiento del Letrado de la Administración de Justicia quién, a su vez, lo comunicara a los servicios sociales para que adopten las medidas pertinentes.

¿Necesitas saber algo más sobre las medidas económicas de los alquileres que se aplican mientras dure el estado de alarma? No te preocupes, te ayudaré en los comentarios.

Foto: Daniel Tafjord para unsplash.com

5 requisitos legales del comercio electrónico

requisitos legales comercio electronico

¿Cuáles son los requisitos legales que ha de observar tu comercio electrónico?  Te invito a leer este post para conocer las condiciones que la ley pide a tu tienda online.

El comercio electrónico está en alza, su volumen aumenta año tras año. Los números son contundentes. Según los informes trimestrales que elabora la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), durante el segundo  trimestre de 2019 la facturación del comercio electrónico en España alcanzó la cifra de 11.998.696.790 de euros.

Lo interesante de este importe es que aumenta trimestre tras trimestre, cada período supera al anterior.

Viendo estos datos es evidente que tener una tienda on-line es una buena opción empresarial. Pero para que funcione no sólo será necesario vender un producto o servicio de calidad y tener una web con un bonito diseño.

Son muchos más los elementos necesarios para que salga adelante. Y entre los requisitos imprescindibles es el cumplimiento de la legislación que lo regula.

En este artículo te hablo de las exigencias legales específicas de un ecommerce. Para tener una tienda online legal tienes que unirlas a los  demas requisitos normativos necesarios para tu web.

1. Condiciones generales de contratación.

Para que nos entendamos, las condiciones generales de contratación son las reglas del juego de tu tienda online, las normas que rigen el acuerdo que unirá a comprador y vendedor.

Engloban la información que debe proporcionarse al consumidor, dividida entre la que debe facilitarse antes del proceso de compra y la que ha ponerse a su disposición después.

Los elementos que deben aparecer con carácter previo son:

  1. Descripción del proceso de compra. El usuario debe saber cuáles son los trámites que integran todo el procedimiento de adquisición de un bien o servicio.
  2. Medios puestos a disposición del consumidor para identificar errores que puedan producirse en la introducción de datos y cómo subsanarlos.
  3. Archivo del documento que se genere.
  4. Enumerar las lenguas en las que puede formalizarse el contrato.

Con posterioridad a la realización de la compra, las obligaciones del vendedor son:

  1. Enviar un email confirmando la compra realizada en el plazo máximo de 24 horas.
  2. Verificación inmediata por medio equivalente al de la compra que ésta se ha realizado correctamente. O, lo que es lo mismo, que al usuario le aparezca en pantalla que la transacción se ha realizado.

Y cuidado con la letra pequeña, no vale cualquier medida. La letra deberá medir como mínimo 1,5 milímetros, (lo que equivale, más o menos, a un tamaño de fuente 7 de los procesadores de texto, aunque lo más adecuado será utilizar un 10 o un 12), y debe existir un contraste adecuado con el fondo para una cómoda lectura.

2. Precio total debidamente establecido.

Parece evidente que tu potencial cliente debe saber cuánto cuesta el producto o servicio que va a comprar, pero la fijación del precio puede verse condicionada por diferentes servicios o gastos:

  1. Impuestos o tasas que gravan la compra, cuáles son, su importe y la cuantía total de la compra.
  2. Formas de pago que se ofertan y si alguna de ellas supone un coste adicional. En este caso el comerciante puede trasladar el importe añadido del medio de pago pero no incrementarlo. Es decir si, v.g., una entidad bancaria cobra una comisión de 1,5 € por las compras que se efectúan con tarjeta de débito, puedes repercutirlo al cliente siempre que le informes debidamente, lo que es ilegal es repercutirle 3 € por ese servicio.
  3. Gastos de entrega: deben aparecer debidamente desglosados y especificado el precio de las diferentes opciones que se ofrecen.

Todos estos conceptos deben recogidos de manera separada.

3. Plazo de entrega.

El cliente ha de conocer cuál es el tiempo previsto para la entrega de lo adquirido o para la ejecución del contrato. Para el caso que no esté establecido se entenderá que un plazo máximo de 30 días.

Si como vendedor no cumples con el plazo de entrega establecido,  has de proponerle un nuevo plazo extra al consumidor que se ajuste a las circunstancias de la compra. Si tampoco realizas la entrega en este nuevo período, el cliente podrá resolver el contrato percibiendo las cantidades que haya abonado y sin perjuicio de la indemnización que le pueda corresponder.

4. Derecho de desistimiento: devolución de la compra.

Es la posibilidad que tiene el consumidor de cambiar de opinión sobre su compra, sin que tenga que especificar el motivo y sin que ello le suponga ningún gasto.

El plazo legalmente establecido para ejercitar el derecho de desistimiento es de 14 días naturales desde la adquisición del producto o servicio. Ahora bien, que éste sea el período mínimo establecido no significa que no pueda establecerse uno más amplio. En la práctica muchos comercios tienen estipulado un plazo más dilatado, incluso algunos han  hecho de la extensión y flexibilidad del desistimiento uno de los factores de éxito de su negocio.

Cuando el desistimiento se realice en plazo, debes devolver al consumidor el  100% del importe de la compra realizada, incluidos los gastos de envío.

El cliete tiene que conocer debidamente la información relativa al ejercicio de este desistimiento. Si no se la facilitas pasa a disponer de doce meses para ejercitarlo. Si se la haces llegar tarde, puede desistir durante  14 días desde que se la has hecho llegar..

5. Atención al cliente y sistema extrajudicial de resolución de conflictos.

El servicio de atención al cliente ha de estar debidamente identificado como tal, con independencia de que hayas proporcionado los datos de contacto para que  los usuarios puedan interponer sus quejas o reclamaciones o solicitar información sobre el producto contratado.

Cuando un cliente interpone una reclamación debe quedar constancia de la misma y el has de responderle en el plazo más breve que te sea posible, con un máximo de un mes desde que interpuso su queja.

Para el caso que no esté  satisfecho con la resolución de su reclamación, facilitale acceso al sistema extrajudicial de conflictos. Como toda tienda on-line, tienes la obligación de informar a los consumidores sobre los procedimientos de resolución alternativa, para resolver quejas y reclamaciones y si te comprometes o no a acudir a ellos.

La Unión Europea ha creado la plataforma de resolución de litigios en línea, a la que debes incluir un enlace en tu tienda online.

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Si tienes alguna pregunta sobre los requisitos legales de la tiendas on line, te animo a formularla en los comentarios.

 

Foto: Mike Petrucci para www.unsplash.com

Suspensión del plazo de solicitud de concurso de acreedores durante el estado de alarma

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La Ley Concursal, en su artículo 2  establece que “la declaración de concurso procederá en caso de insolvencia del deudor común”, considerando que “se encuentra en estado de insolvencia el deudor que no puede cumplir regularmente sus obligaciones exigibles”.

Más adelante, impone al deudor el deber de solicitar la declaración del concurso en los dos meses posteriores a la fecha en que hubiera conocido, o debido conocer, éste estado de insolvencia (artículo 5).

La interrupción  de este plazo es una de las decisiones tomadas Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del Covid-19.

Esta medida se encuentra en la línea de la suspensión de los plazos procesales y de los plazos de prescripción y caducidad de cualesquiera acciones y derechos, acordada por el Consejo General del Poder Judicial.

¿En qué consiste esta medida?

Según el artículo 43 del RD-Ley 8/2020, el deudor que se encuentre en situación de insolvencia, no tendrá el deber de solicitar la declaración del concurso de acreedores.

La norma establece distinciones según se trate de un concurso voluntario o uno necesario.

Los concursos voluntarios tendrán preferencia, debiendo admitirse a trámite antes que los necesarios, aunque su solicitud se haya presentado con posterioridad.

Los concursos de acreedores no se admitirán a trámite  hasta que no trascurran dos meses desde el fin del estado de alarma.

Resulta llamativa la contradicción en la que cae este artículo.

Por un lado suspende la obligación de pedir el concurso durante  la vigencia del estado de alarma.  Por otro lado, hace referencia a los concursos que “se hubieran presentado durante ese estado”.

Dado que la actividad judicial se ha paralizado, los plazos procesales se ha suspendido, y el deber de pedir el concurso interrumpido, no debe presentarse ninguna solicitud de concurso de acreedores mientras nos encontremos en este estado excepcional.

Comunicación previa al Juzgado de lo Mercantil.

Tampoco habrá que solicitar la declaración de concurso de acreedores si,  con anterioridad al estado de alarma:

  • Se hubiese comunicado al Juzgado competente para la declaración del concurso:
    • La iniciación de negociación con los acreedores para alcanzar un acuerdo de refinanciación,
    • Un acuerdo extrajudicial de pagos,
    • O el intento de obtener adhesiones para una propuesta anticipada de convenio.
  • Hayan pasado tres meses desde esta comunicación sin haberse logrado cualquiera de estos tres posibles pactos.

Con esta previsión legal el RD-ley 8/2020, evita que la actual situación de emergencia que vivimos, pueda abocar al deudor insolvente  a incurrir en la causa de declaración del concurso culpable, consistente en faltar a la obligación de solicitar el concurso en plazo.

Si necesitas cualquier aclaración sobre esta medida, pídela en los comentarios.

Foto: Robert Metz para unsplash.com

Cómo funciona la moratoria de las hipotecas acordada por la crisis del coronavirus

moratoria hipotecas coronavirus

La moratoria de las hipotecas es una de las medidas de urgencia acordadas en el Real Decreto – ley 8/2020 de 17 de marzo, para paliar las fuertes repercusiones económicas en las familias, que la emergencia sanitaria provocada por la epidemia del coronavirus ha provocado.

Se persigue reforzar la protección de los trabajadores, las familias y los colectivos vulnerables. De ahí la adopción de una moratoria en el pago de las cuotas hipotecarias de estos colectivos.

Esta medida urgente constituye una vía de garantizar  tu derecho a la vivienda si te ves conducido a una situación de especial vulnerabilidad provocada  por la crisis sanitaria del Covid-19.

En este caso podrás tener acceso a una prórroga en el pago de tu hipoteca y evitar  la pérdida de tu vivienda.

 

Cuáles son los requisitos de la moratoria de los préstamos hipotecarios?

Para que puedas acogerte a esta opción, debe tratarse de la hipoteca de tu vivienda habitual. No podrás optar a esta medida si se trata de un préstamo hipotecario sobre tu segunda residencia, tu oficina, local de negocio, etc.

Deberás encontrarte en situación de vulnerabilidad económica. Para evaluar esa vulnerabilidad económica se tienen en cuenta:

  • Tus circunstancias laborales: si eres trabajador por cuenta ajena y has pasado a estar desempleado;  si eres empresario  o profesional y has sufrido una disminución de tus ingresos o tus ventas de, al menos, un 40%.

 

  • Ingresos de tu unidad familiar. La unidad familiar está formada por el deudor, cónyuge o pareja de hecho e hijos que vivan en la vivienda con independencia de su edad.

En el mes anterior a la solicitud de la moratoria,  no podrán superar unos determinados niveles de renta.

Los parámetros de renta varían en función del número de hijos a cargo de la unidad familiar, o de las personas mayores de 65 años que la integren.

También se tiene en cuenta si alguno de los familiares tiene reconocida una discapacidad superior al 33%, es dependiente o sufre una incapacidad laboral permanente.

Padecimientos  como la parálisis cerebral, la enfermedad mental, discapacidad intelectual o sensorial o afecciones  graves de la persona afectada o su cuidador, también entran en juego a la hora de valorar la capacidad económica de la unidad familiar.

 

  • Importe de la cuota hipotecaria. Junto con los gastos y los suministros básicos  debe superar el 35% de los ingresos de la unidad familiar.

 

  • Alteración significativa de las circunstancias económicas nacidas de la emergencia sanitaria provocada por el coronavirus. La carga hipotecaria ha tenido que aumentar un 1,3 sobre la renta familiar.

 

Todas estas condiciones deben acreditarse documentalmente.

 

¿Cuál es el plazo para solicitar la moratoria?

El plazo para solicitar la moratoria del pago de las hipotecas entró en vigor el 17 de marzo con la aprobación del RD Ley 8/2020 y no concluirá  hasta 15 días después  de su vigencia, que tendrá lugar  cuando se cancele el estado de alarma.

 

¿Qué efectos tiene la moratoria sobre tu hipoteca?

Siempre que cumplas los requisitos que he explicado al principio de este artículo, la entidad financiera deberá de  aplicarte la moratoria como máximo en 15 días desde que  le presentes la solicitud.

Los efectos sobre tu préstamo serán los siguientes:

  • Mientras esté en vigor no se te cobrará ninguna cuota. Se suspenden las cuotas durante el plazo acordado.
  • No entrará en juego la cláusula del vencimiento anticipado, por la que se puede exigir el pago de toda la deuda si dejas de pagar el préstamo.
  • No se devengarán intereses ni por el préstamo ni por la aplicación de la moratoria.

 

¿Qué ocurre si te beneficias indebidamente de la moratoria?

En ese caso serás responsable de:

  • Los daños y perjuicios producidos, que no serán inferiores al beneficio obtenido.
  • Los gastos ocasionados por su aplicación.
  • Sanciones de otro orden que tu acción haya podido causar.

 

Si tienes alguna pregunta o necesitas cualquier aclaración, puedes realizarla en los comentarios.

 

Foto: Brian Babb para unsplash.com

 

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