Covid-19, medidas urgentes para frenar su impacto y sociedades

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La emergencia sanitaria causada por el coronavirus está afectando a todas las facetas de nuestra vida. Las sociedades y demás personas jurídicas de derecho privado también se han visto afectadas.

El Real Decreto – ley 8/2020, aprobado el 17 de marzo, contiene una avalancha de medidas urgentes extraordinarias para afrontar el impacto económico y social del Covid-19.

Las resoluciones acordadas en esta norma también inciden en las empresas, siendo preciso, como declara su Exposición de Motivos, adoptar medidas que  proporcionen la necesaria flexibilidad para el ajuste temporal de las empresas.

Cómo piedra angular de esta acomodación a la situación que vivimos, el RD-L 8/2020 se decanta por el trabajo no presencial y la digitalización. La repercusión en el funcionamiento de los órganos de gobierno de las personas jurídicas de derecho privado es palpable.

El propósito de este artículo es dar a conocer las decisiones concretas relativas a las personas jurídicas.

Actividad de las asociaciones, sociedades civiles y mercantiles, el consejo rector de las sociedades cooperativas y los patronatos de fundaciones mientras dure el estado de alarma.

Están autorizadas a celebrar las reuniones de sus órganos de gobierno y administración por video conferencia.

Si el Presidente del órgano de administración o, al menos de sus miembros, así lo desean,  sus acuerdos podrán adoptarse por escrito y sin sesión.

En ambos casos se entenderá que han tenido lugar  en el domicilio de la entidad.

Estas posibilidades existen aunque no se encuentren previstas en los estatutos sociales.

Elaboración de las cuentas anuales, informe de gestión y demás documentos obligatorios.

El plazo de tres meses a contar desde el cierre del ejercicio social para su formulación  por parte de los órganos de administración, se suspende.  Una vez concluido  el estado de alarma, se reanudará por tres meses.

 

Verificación contable de cuentas del ejercicio anterior formuladas en el momento de la declaración del estado de alarma.

Si existe la obligación legal  de auditoría, tras la finalización del estado de alarma, el plazo para su realización se prorroga  durante dos meses.

 

Junta general ordinaria para la aprobación de las cuentas ordinarias

Son dos las opciones establecidas por el RD-L 8/2020..

Si la junta general ordinaria ya está convocada, el órgano de administración puede elegir entre:

    • Modificar el lugar y hora previstos para su celebración.
    • Revocar el acuerdo de convocatoria y proceder a una nueva convocatoria dentro del mes siguiente a la terminación del estado de alarma.

En ambos casos, el anuncio deberá publicarse con una anticipación mínima de 48 horas en la web de la sociedad o, si no cuenta con ella,  en el Boletín Oficial del Estado.

Pero si  las cuentas anuales no están aprobadas, la junta ordinaria necesariamente tendrá que celebrarse  en los tres meses siguientes a contar desde  el fin del plazo para su formulación.

 

En todas las  hipótesis que hemos visto, si es preciso que se levante acta de la reunión, el notario podrá emplear  los medios de comunicación  a distancia y tiempo real  que garanticen,  de forma adecuada, el cumplimiento de su función.

 

Derecho de separación de los socios en las sociedades de capital.

Aún concurriendo  alguna de las causas previstas en la ley o los estatutos para la separación de los socios, queda paralizado hasta  el fin del estado de alarma y sus posibles prórrogas.

 

Reintegro de las aportaciones a los socios cooperativos que causen baja mientras esté en vigor el estado de alarma.

Esta facultad se cancela hasta seis meses después  de la terminación del estado de alarma.

 

Disolución de la sociedad.

En virtud de cual sea la causa de disolución, se abren dos posibilidades.

  1. Si ha transcurrido la duración fijada para la sociedad. En este caso, no podrá iniciarse hasta dos meses después de la conclusión del estado de alarma.
  2. Por concurrir causa legal o estatutaria antes o durante la declaración del estado de alarma. El plazo legal  para la convocatoria de la correspondiente junta general se interrumpirá hasta la finalización del estado de emergencia.

En estos supuestos, los administradores no responderán de las deudas sociales originadas durante el estado de alarma.

Estas son las modificaciones que el estado de alarma en el que nos encontramos y las pertinentes medidas para su gestión han provocado en el ámbito de las sociedades y que debemos tener en cuenta hasta que la emergencia actual concluya.

Mientras tanto espero que tanto tú como tu familia y amigos, os encontréis bien.

 

Foto: unsplash.com

Sobre la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea relativa al IRPH

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El pasado 3 de marzo, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictaba una Sentencia en la que se pronunciaba sobre las hipotecas vinculadas al IRPH de las cajas de ahorro.

La expectativa era grande.  Según el diario El País,  las reclamaciones a la banca española podrían  alcanzar la suma de 3.000 millones de euros. Adicae estima que en la provincia de Almería pueden existir unos 8.000 afectados.

El germen de esta resolución se encuentra en el contrato de préstamo hipotecario para financiación de una vivienda que, en el año 2001, suscribió el demandante con Bankia.

El tipo de interés a pagar se conectaba con el IRPH cajas de ahorros, revisándose cada semestre.

En la demanda, interpuesta en el año 2018, solicitaba la declaración de nulidad de esta cláusula relativa  al tipo de interés variable  y remuneratorio, recogida en su contrato de préstamo hipotecario.

El juez titular del Juzgado de Primera Instancia Nº 38 de Barcelona, al que turnó el procedimiento, elevó una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea para que diera respuesta a varios interrogantes.

Calculó un coste adicional de esa hipoteca de entre 18.000 y 20.000 €. Resultaba, por tanto, menos ventajosa que si el precio a pagar se estimase en función del Euríbor, que aparece en el 90% de los préstamos hipotecarios suscritos en España.

Surgía otra duda: si, a pesar de ser el IRPH un índice regulado, estaba o no en el ámbito de aplicación  de la Directiva 93/13.

Se cuestiona si debe informarse al consumidor de método de cálculo del índice de referencia y de su evolución en el pasado para que pueda valorar la carga económica del préstamo que contrata.

Además, si esa cláusula no es conforme al Derecho de la Unión, ¿qué  debe hacerse? ¿cuál es la solución legal a este dilema?

En consecuencia, el juez plantea varias  preguntas en la petición de decisión prejudicial.

¿Puede examinar el Juzgador si debe ser objeto de tutela  el IRPH Cajas de ahorro? ¿Es viable invocar la Directiva 93/13 en este caso?

La cláusula si está comprendida en el ámbito de aplicación de la Directiva 93/13. Incumbe al juez nacional determinar en el caso concret, si cumple las exigencias de buena fe, equilibrio y transparencia previstas en la Directiva.

¿Es necesario proporcionar información al consumidor sobre cómo se configura el IRPH, su evolución en el pasado y la previsión de su trayectoria en el futuro?

La exigencia de transparencia de las cláusulas contractuales no puede reducirse a su carácter comprensible en un plano formal y gramatical.

El consumidor medio, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, debe estar en condiciones de comprender el funcionamiento concreto del modo de cálculo del IRPH.

Así podrá valorar las consecuencias económicas reales del compromiso financiero que contrae.

Si no se ha dado esta información, ¿no implicaría que de haberse facilitado correctamente, el consumidor no hubiera aceptado firmar la hipoteca?

El juez nacional cuenta con los datos que obran en su poder.  Entre ellos la publicidad  e información ofrecida proporcionada por el prestamista en el marco de la negociación del contrato.

Con estos elementos debe dilucidar si se han facilitado al consumidor todos los datos  que le permitan examinar el coste real del préstamo.

Es cierto que la información  sobre el IRPH se publicaba en el Boletín Oficial del Estado.

No lo es menos que existía la obligación  de las entidades de crédito de informar a los consumidores sobre la evolución del IRPH en los dos años naturales anteriores a la celebración del préstamo, y su último valor.

Por tanto el Juzgado debe esclarecer si se cumplieron todas las obligaciones legales de información.

¿Qué debe hacerse si esta cláusula se declara nula? ¿Debemos elegir entre modificar el contrato, vinculando el tipo de interés a pagar al Euríbor,  o dejar de aplicar el interés, con la aplicación de devolver el capital prestado en los plazos estipulados?

El juez nacional debe  constatar:

  1. La abusividad de esa cláusula.
  2. La imposibilidad de sobrevivir sin ella del préstamo sobre el que versa el litigio.
  3. La exposición del demandante a consecuencias perjudiciales si se anula esa cláusula.

Comprobados estos extremos, el IRPH puede remplazarse por el índice sustitutivo contemplado en la legislación española.

En último término, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea determina que no procede limitar temporalmente los efectos de la sentencia.

Si eres uno de los afectados por esta clase de hipotecas, me encantará que este post te sirva de ayuda. ¿Tienes alguna duda? Te espero en los comentarios.

 

Foto: Beno Assis para unsplash.com

Concurso de acreedores: continuidad de la actividad y bienes sujetos a garantía real.

Concurso de acreedores: continuidad de la actividad y bienes sujetos a garantía real.

Imagina que eres el dueño de un concesionario de coches. Abriste tu negocio en la época de bonanza economica cuando los vehículos se vendían como rosquillas. Despúes vino la crisis y las ventas descendieron. Necesitabas financiación y acudiste al banco, constituyendo una hipoteca sobre la nave en la que tienes establecido el concesionario.

Las cosas no han ido a mejor, no puedes hacer frente a los pagos y has tenido que solicitar el concurso de acredores. Ahora que el Juzgado de lo Mercantil lo ha acordado, quieres sacar tu empresa a flote pero está la hipoteca. El banco la ha ejecutado y quiere hacerse con la nave. Sabes que te dieron el préstamo  y tienes que devolverlo pero, si el banco se queda con tu establecimiento, ¿cómo vas a seguir vendiendo coches ahora que parece que el mercado vuelve a animarse?  ¡Tiene que haber una solución! Si, la hay. La respuesta se encuentra en los artículos 56 y 57 de la Ley Concursal.

Cuando se declara el concurso de acreedores y existen fincas hipotecadas cuyas cuotas del préstamo no están al día, lo primero que suele hacer el acreedor, normalmente un banco, es solicitar que se declare que esos bienes no están afectos a la actividad que desarrolla la entidad en concurso.

¿Por qué? Porque si no están vinculados al desenvolvimiento de la labor de la empresa, puede iniciar o continuar, depende del caso, el pertinente procedimiento de ejecución.

La situación cambia, y mucho, si las fincas están ligadas a la consecución del objeto de la concursada. En este caso no puede el hipotecante entablar la ejecución, o seguirla si ya está en tramitación, hasta que:

  • Se apruebe un convenio sin repercusión alguna en el ejercicio de este derecho.
  • Pase un año desde que se declara el concurso acreedores sin que se haya abierto la fase de liquidación.

¿Qué sucede entonces?  ¿Qué devenir toma el proceso?

Los trámites que hay que seguir para determinar el destino de los bienes sobre los que hay constituida una garantía real.

La forma de proceder es la siguiente. Declarado el concurso, el acreedor insta al Juzgado de  lo Mercantil que lo está tramitando a declarar que los bienes sobre los que tiene constituida la garantía real, no están afectos a la actividad empresarial o profesional de la concursada y, por ello, no son necesarios para su continuidad. Recibida su solicitud, el Juzgado dará traslado a la administración concursal para que se manifieste sobre este aspecto.

Aquí la administración concursal tendrá que contrastar cual es la realidad de las fincas y de la actividad de la concursada. Lo primero que tiene que ver es si la concursada sigue funcionando, si continua con su trabajo. Ante una respuesta afirmativa, deberá  verificar la relevancia que en normal devenir de su actividad tienen los bienes hipotecados, si entran dentro del proceso productivo o de prestación de servicios de la empresa.

La administración concursal debe ser rigurosa en esta tarea. Las manifestaciones en el sentido de afección o no de los bienes a la actividad de la concursada, tienen una importante repercusión para todos los implicados en el proceso.  El criterio por el que debe guiarse, más que contable, ha de ser funcional.

Comprobar cual es la realidad del funcionamiento de la empresa y en que medida se utilizan los bienes sobre los que se ha pedido que se manifieste. Dicho con otras palabra, la administración concursal tiene que ver que si la concursada, por ejemplo, se dedica al cultivo de patatas, las fincas se están empleando para plantar patatas y no están sin uso o empleadas en otra cosa que nada tiene que ver.

Recibidas las alegaciones de la administración concursal, el Juzgado de lo Mercantil dictará resolución en la que estimará si todas o parte de las fincas hipotecadas, están afectas o no a la actividad empresarial de la concursada y, muy importante, si son necesarias para la continuidad de su actividad.

Con esta previsión legal se busca un justo equilibrio entre la satisfacción del acreedor hipotecante y la buena marcha del proceso concursal que permita a la empresa salir adelante.

Ya tenemos la resolución del Juzgado ¿ahora qué?

La resolución del Juzgado de lo Mercantil solo puede ir en dos sentidos. O bien declara que las fincas están afectas a la actividad empresarial y profesional de la concursada y son necesarias para continuar con ella, o bien establece lo contrario.

En el primer caso, el procedimiento de ejecución para recuperar esas fincas no puede iniciarse o, si ya está en tramitación, debe suspenderse. En el segundo, si puede comenzar o continuar.

Lo discutido en este ocasión es que Juzgado debe encargarse de su tramitación. La redacción del artículo 57 de la Ley Concursal ha dado lugar a interpretaciones contradictorias de nuestros tribunales. Frente a los que defienden que será el Juzgado de lo Mercantil quién, en pieza separada del concurso de acreedores, deba asumir la ejecución, cada vez se abre más paso la opinión de quienes consideran que, aportando el testimonio de dicha resolución, debe ser el Juzgado de Primera Instancia correspondiente, quien se ocupe.

Foto: Jayphen Simpson para www.unsplash.com

 

6 puntos clave de las sociedades profesionales

6 puntos clave de las sociedades profesionales

Hace ya bastantes años que el fenómeno de la agrupación se viene produciendo entre los profesionales. Diversas razones, desde la prestación de un servicio integral a los clientes al ahorro de costes, han llevado a profesionales de cualquier sector a unirse a la hora de realizar su trabajo. Este contexto provocó la aprobación en el año 2007 de la Ley de Sociedades Profesionales.

Si eres un profesional y estás pensando hacer un equipo con otros compañeros, te interesa conocer las características de las sociedades profesionales para analizar si es una opción a tener en cuenta.  A continuación desgranamos los elementos más importantes de estas sociedades.

1. Dedicadas al desarrollo de actividades profesionales.

Esta afirmación parece una perogrullada. Sin embargo, tenemos que saber cuáles son los requisitos que la Ley de Sociedades Profesionales establece para que estas actividades encajen dentro del objeto social establecido para estas sociedades. Son profesionales  las actividades que:

  • Requieren una titulación universitaria oficial para poder desempeñarla o el acceso a la titulación profesional exige acreditar una titulación universitaria oficial.
  • Es obligatoria la inscripción en el correspondiente Colegio Profesional.

Una sociedad profesional puede crearse para desarrollar una o varias actividades profesionales.  Por ejemplo, se puede crear una sociedad profesional para poner en marcha una clínica veterinaria, o para una clínica médica de traumatología y fisioterapia, o un estudio de arquitectura e ingeniería industrial.

Su actividad pueden realizarla directamente  o través de su participación en otras sociedades profesionales.

Esta exigencia legal funciona también en sentido inverso: no puede constituirse una sociedad dedicada a una actividad profesional y que se erija al margen de este tipo societario.

2. El control de la sociedad pertenece a los socios profesionales.

Las sociedades profesionales están abiertas a socios no profesionales. De este modo la Ley 2/2007 permite inversiones de capital que posibiliten  sacar adelante el negocio de que se trate. Pero siempre bajo el control de los socios profesionales.  Para permitir este control la ley establece:

  • La actividad profesional a la que se dedica la sociedad nunca va a poder realizarse por socios no profesionales.
  • La mayoría del capital social y de los derechos de voto, o del patrimonio social y el número de socios debe ser profesional.
  • Respecto al órgano de administración:
    • Debe desempeñarlo un socio profesional si es unipersonal
    • Si es colegiado la mitad más uno de sus miembros serán socios profesionales.
    • Para el caso que existan consejeros delegados,  también han de ser profesionales.

3. Flexibilidad de forma.

Una sociedad profesional es cualquier tipo de sociedad previsto en la legislación mercantil que, además, cumple los requisitos de la Ley de Sociedades Profesionales. Es decir, puede ser una sociedad anónima, de responsabilidad limitada, limitada de nueva empresa… Se trata de una especialización añadida a cualquier forma societaria. El legislador ha dejado libertad a los profesionales para que elijan el tipo societario que mejor se adapte a su proyecto.

Por ello a la hora de crear una sociedad profesional no sólo tendremos que tener en cuenta lo establecido en su normativa específica, sino también lo previsto para cada tipo de sociedad en la Ley de Sociedades de Capital o en el Código de Comercio.

4. La imprescindible mención a su carácter profesional.

Con independencia de si elegimos para nuestra sociedad una denominación objetiva ( v.g. Desierto ) o subjetiva (se me viene a la cabeza el nombre  Lockhart & Gardner, el despacho de abogados sobre el que gira la trama de The Good Wife), siempre debe figurar, tras el tipo de sociedad, la expresión «profesional». Ambas pueden incluirse de forma abreviada.

La denominación social ha de ser:

Nombre + Tipo de sociedad + Profesional

Cuando elijamos un nombre que incluya referencias personales deberá tratarse de socios que la integren, ya sean todos, algunos o sólo uno.

5. Normas especiales en la transmisión de la participación de los socios profesionales.

Las transmisiones de la participación de los socios  profesionales se rige por una serie de criterios especiales:

  • La condición de socio profesional es intransmisible. Sólo podrá realizarse si existe unanimidad entre todos los demás socios profesionales o se ha previsto en los estatutos la posibilidad de ser autorizada por mayoría de los mismos.
  • La separación de los socios profesionales en las sociedades constituidas por tiempo indefinido puede efectuarse en cualquier momento. No así en las sociedades a tiempo determinado en las que ha de ajustarse a:
    • Lo previsto en la legislación para el tipo societario de que se trate.
    • Las hipótesis recogida en el contrato social.
    • Existencia de justa causa.
  • Es facultativa la exclusión de los socios profesionales cuando:
    • Esté previsto en el contrato social.
    • El socio haya infringido los deberes deontológicos, los que tiene  respecto a la sociedad, obstaculice su buen funcionamiento o padezca una incapacidad permanente que le impida desarrollar su actividad profesional.
  • Cuando un socio profesional sea inhabilitado para ejercer su profesión, es obligatorio excluirlo como tal, pudiendo continuar como socio no profesional.
  • Puede estipularse que la no transmisión de las participaciones de los socios profesionales, permutándolas por una cuota de liquidación.

6. Máxima garantía al cliente.

Este es uno de los principios rectores de la Ley de Sociedades Profesionales.  La intención de la ley es dotar a los clientes de la mayor protección y garantías posibles.

Por eso en la inscripción en el Registro Mercantil de esta clase de sociedades se hará constar quienes son los integrantes de la sociedad, incluyendo en el caso de los socios profesionales a que Colegio Profesional pertenecen y cual es su número de colegiado. De esta forma, cualquier persona puede saber quiénes se encuentran detrás de la persona jurídica, cuales son los profesionales que están dentro de ésta.

Pero sobretodo, la tutela a terceros que contraten con la sociedad viene dada por el régimen de responsabilidad previsto. Al principio básico de responsabilidad de la sociedad por sus deudas y de los socios hasta lo delimitado por la forma societaria escogida hay que sumar dos elementos nuevos.

  • Es obligatorio que las sociedades profesionales contraten un seguro de responsabilidad civil para cubrir los daños que puedan generarse en el desarrollo de su actividad.
  • Lo más importante: cuando se trate de una deuda social generada por actos profesionales, a la responsabilidad de la sociedad hay que sumar la de los profesionales, socios o no, que hayan intervenido en esas actuaciones. Para que nos entendamos. Si, por ejemplo, un dentista empleado de una sociedad de dentistas, te lesiona al sacarte una muela, del daño que te ha causado va a responder tanto la sociedad como el dentista al que se le fue la mano con las tenazas.

 

Si estas sociedades profesionales son una opción interesante para ejercer tu profesión, me encantará hablar de ello contigo en los comentarios.

6 puntos claves de las sociedades profesionales

 

 

 

 

Foto Ryan Mc Guire para www.gratisography.

¿Qué es el IRPH?

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IRPH son las siglas, y el nombre con el que se conoce popularmente, al Índice de Referencia de Préstamos Hipotecarios.  Se trata de un índice que sirve para fijar el precio de las hipotecas.

En los años 2007 y 2008 el Euribor alcanzaba máximos históricos, por lo que las hipotecas en las que se empleaba este indicativo para calcular el interés a pagar, alcanzaban un importe muy elevado.

Este encarecimiento provocó que durante esos años se comercializaran muchos préstamos hipotecarios vinculados al IRPH, ya fuese al IRPH Bancos o al IRPH Cajas, publicitándolos como más baratos.

Lo cierto es que se trata de hipotecas más caras que las asociados al Euribor, realidad que los bancos y cajas maquillaron no facilitando toda la información de la hipoteca al cliente.

Tanto es así que la Orden de 28 de octubre de 2011, acordó la desaparición del IRPH Bancos y el IRPH Cajas, manteniendo tan sólo el IRPH Entidades financieras.

Esta derogación se acordó finalmente en el año 2013 a través de la Ley de Emprendedores.

Ante esta situación muchos ciudadanos han acudido a los Tribunales para que se declare la nulidad de la cláusula que fija el precio de la hipoteca. Las sentencias han resuelto el asunto de manera distinta.

En ocasiones han considerado que esta cláusula es abusiva, a grandes rasgos, por entender que no cumple con los requisitos de transparencia necesarios para estar correctamente insertada dentro de una hipoteca.

Otras resoluciones han determinado que al tratarse de un índice publicado de forma periódica por el Banco de España, no supone una falta de información al consumidor o usuario y, por tanto, su inclusión en las hipotecas es plenamente válida.

En esta dirección se han pronunciado el Tribunal Supremo en su Sentencia de 14 de diciembre de 2017.

Sin embargo, dos de  los Magistrados encargados de dictar la sentencia, han emitido votos particulares  a favor de los clientes que habían firmado estas hipotecas.

Ante esta situación, el Juzgado de Primera Instancia Nº 38 de Barcelona, ha acudido  al Tribunal de Justicia de la Unión Europea para pedirle que aclare si estas hipotecas incumplen la normativa que protege a los consumidores o usuarios, o no.

En septiembre del año pasado, el Abogado General del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, presentó sus conclusiones en este procedimiento, inclinándose a favor de los consumidores y usuarios, abriendo la puerta a su declaración de nulidad.

Queda, en último término, que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dicte la sentencia que incline la balanza hacia un lado u  otro.

La expectativa es máxima. No sólo por el sentido en que se pronuncie la sentencia, sino por otros puntos sobre los que tiene que decidir.

Estimar la posibilidad de declarar nulas las cláusulas de las hipotecas que fijan el precio atendiendo al IRPH, conlleva manifestarse sobre una posible solución a su sustitución.

Si el precio de  la hipoteca ya no puede fijarse atendiendo al IRPH, ¿qué criterio utilizaremos de  ahora en adelante?

Si esa disposición es nula, ¿cuáles son sus consecuencias? ¿qué puedes reclamar si tu hipoteca es una de ellas? En principio, el importe que has pagado de más, pero aún está por ver.

Cómo verás, estoy expectante ante el dictado de la sentencia, que debe llegar de un momento  a otro.

En este post he querido acercarte a este problema del que probablemente, habrás oído en las noticias en los últimos tiempos.

He intentado ser lo más clara posible, pero si tienes alguna duda, cuéntamela en los comentarios para que pueda darte una respuesta.

 

Principales diferencias entre el concurso de acreedores voluntario y el necesario.

concurso de acredores voluntario

El concurso de acreedores, procedimiento judicial previsto para las situaciones de insolvencia y regulado en la Ley Concursal, puede ser voluntario o necesario.

Su encuadre en una u otra categoría no es indiferente, y es importante tener claro el origen de esta distinción y sus consecuencias.

 

La solicitud del concurso de acreedores: el punto de partida.

La primera ocasión en la que la Ley Concursal hace mención al carácter voluntario o necesario del concurso es en su artículo 21. Dedicado al auto por el que se declara el concurso de acreedores, establece como el primero de los pronunciamientos que debe contener si se trata de un concurso de acreedores voluntario o necesario.

La diferenciación entre un tipo de concurso u otro la fija el artículo 22, y viene dada por quién pide el concurso. Es voluntario el concurso de acreedores cuya primera solicitud la presenta el deudor.

Si el procedimiento no lo pide el deudor, y se insta por un acreedor,  el mediador concursal o los socios, miembros o integrantes personalmente responsables de una persona jurídica, será considerado necesario.

Además, la calificación del crédito del acreedor solicitante varía con respecto a la que obtendría en un concurso voluntario. Y esto no es poca cosa.

 

Los efectos sobre  las facultades de administración  y disposición del deudor respecto de su patrimonio.

Éste es, sin duda, el campo en  el que mayor incidencia tiene  esta clasificación.

La declaración del concurso produce efectos tanto sobre los acreedores como sobre el deudor.

En el caso del deudor, sus facultades patrimoniales se ven claramente condicionadas por la declaración del concurso de acreedores.

Cuando el concurso es voluntario, el deudor mantiene la capacidad de administrar y disponer su patrimonio, siempre bajo la intervención de la administración concursal.

Pero si el concurso es necesario, pierde la posibilidad de gestionarlo, competencia que se otorga a la administración concursal.

Esta es la regla general. De manera excepcional, siempre que esté debidamente motivado y perfiladas las ventajas y riesgos de un cambio, el Juez de lo Mercantil podrá modificar esta pauta.

 

Las funciones de la administración concursal en uno u otro caso.

Acorde con lo que acabamos de exponer, las funciones de la administración concursal varían según se trate de un concurso voluntario o necesario.

Entre sus atribuciones propias  del deudor o de sus órganos de administración, cuando se trata de un concurso voluntario, deberá intervenir las facultades de administración y  disposición del patrimonio del deudor. En concreto deberá:

  • Revisar la formulación de cuentas.
  • Autorizar los actos y operaciones necesarios para la continuidad de la actividad de la concursada.
  • Ante litigios que puedan afectar al patrimonio del deudor, autorizar su desistimiento, allanamiento o transacción.
  • Controlar y gestionar los actos de administración y disposición del órgano de administración de la deudora.
  • Presentar las autoliquidaciones y declaraciones tributarias.
  • Permitir la interposición de demandas.

Si el concurso es necesario, sus atribuciones van más allá, incluyendo:

  • Formular y someter las cuentas anuales a auditoría
  • Tomar cuantas decisiones sean necesarias para que la actividad profesional o empresarial de la concursada no se detenga.
  • Cuando el interés del concurso así lo determine, pedirle al Juez la resolución de aquellos contratos con obligaciones recíprocas cuyo cumplimiento aún no se haya efectuado.
  • Presentar las autoliquidaciones y declaraciones tributarias.

 

La fase de liquidación: el momento en el que desaparecen las diferencias.

Los distintos efectos que sobre las facultades patrimoniales del deudor tiene la clasificación del concurso como voluntario o  necesario se mantienen durante las fases común y de convenio del procedimiento.

Acordada la apertura de la fase de liquidación, independientemente del tipo de concurso del que se haya tratado, se suspenden todas y cada una de las facultades de administración y disposición del deudor sobre su patrimonio.

 

Un concurso necesario, ¿es un concurso culpable?

No. La calificación del concurso como fortuito o culpable, no está vinculada a la previa consideración de un tipo u otro de concurso de acreedores.

© María Dolores Martínez Pérez.

Foto: Farzad Nazifi para www.unsplash.com

5 requisitos legales imprescindibles para tu web.

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Ya tienes lista tu web, está calentita, recién salida del horno. Le has dedicado mucho tiempo  y esfuerzo: te has estrujado la cabeza pensando los contenidos, el diseño, la distribución…

¡Stop! ¿No sé te olvida nada? ¿El aviso o las condiciones legales? Confiesa: casi seguro que no le has hecho mucho caso. Lo más seguro es que hayas hecho un copia y pega de la página de un amigo o familiar o de alguna web que te parezca fiable. Como mucho, has delegado en el diseñador de tu site, total, es un rollo y nadie se lo lee…

No hagas eso, dedícale un poco de atención, puede evitarte muchos problemas en el futuro y aunque de un primer vistazo todos parezcan iguales, no lo son.

Debes valorar en cuenta que determina todo el contenido de tu web y la relación con tus usuarios. Por eso quiero que conozcas los 5 requisitos que no pueden faltar en tu web para que está no este fuera de la ley.

1. Términos de uso.

Lo primero que la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico (en adelante LSSI) te pide es que te identifiques. La persona que acceda a tu web tiene que saber quién eres.

Para ello debes facilitar tu nombre o denominación social, dirección, número de identificación fiscal, correo electrónico de contacto y cualquier otro dato que permita comunicarse contigo.

Si el titular de la web es una persona jurídica incorporada al Registro Mercantil, deben aparecer los datos de la inscripción.

Lo siguiente es facilitar los datos relativos a tu actividad. Para las profesiones reguladas debes especificar el Colegio profesional al que perteneces, tu número de colegiado, la titulación académica oficial, y el país de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo en el que se ha obtenido (u homologado), así como la normativa profesional que la regula y aportar al usuario los medios que puede emplear para conocerla.

En el caso que desarrolles una actividad que requiera una previa autorización administrativa  debes facilitar los datos de la misma.

Toda esta información debe ser gratuita y directa, permanente y de fácil acceso.

Tras habernos presentado y mostrar nuestro trabajo podemos pasar a informar a nuestros usuarios de cuáles son las reglas del juego de nuestro portal, lo que está permitido y lo que no. Es el momento de advertir, por ejemplo, que no se van a permitir comentarios xenófobos, machistas o discriminatorios en nuestra web.

Antes de seguir un pequeño inciso. Todo lo que estoy comentando en este post no necesariamente tiene que ir unido en la misma sección de la web. Puede ser que prefieras tener unidas las condiciones legales y la protección de datos, o recogerlas en apartados diferentes.

O que los datos de tu actividad profesional aparezcan en tu currículum y no dentro del aviso legal. La distribución queda a tu elección, lo importante es que toda esta información se encuentre debidamente recogida.

2. Política de privacidad.

Un aspecto de vital importancia es informar al usuario de cómo van a ser tratados los datos personales que nos facilite. Es fundamental que indiquemos la existencia de un fichero o tratamiento de datos de carácter personal, quién es el titular de ese fichero y /o la persona responsable del mismo, así como los datos de contacto para que, si lo desea pueda ejercitar los derechos a solicitar el acceso a los datos personales relativos al interesado, su rectificación o supresión, la limitación de su tratamiento, a oponerse al tratamiento y a la portabilidad de los datos que tanto el Reglamento General de Protección de Datos (en adelante, RGPD), como la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales,

Por ello, el formulario de contacto de tu web debe requerir, de la manera que consideres más adecuada, la previa aceptación  de tu política de protección de datos, antes de ser enviado.

3. Uso de las cookies.

De un tiempo a esta parte, nos hemos habituado a que nada más entrar a una web aparezca un mensaje advirtiéndonos de la existencia de cookies y solicitando nuestro consentimiento para su uso. Y es que la LSSI así lo requiere. Las cookies son mecanismos que proporcionan muchísima información sobre los usuarios, de ahí la obligatoriedad de la prestación del consentimiento por su parte.

Esta modificación legal se introdujo en el año 2012 y nadie se la tomó muy en serio hasta que, dos años más tarde, la Agencia Española de Protección de Datos impuso una cuantiosa primera multa a una empresa por instalarlas y utilizarlas sin que los usuarios estuvieran debidamente informados.

4. Propiedad intelectual e industrial.

Es bastante adecuado indicar quien es el titular de los contenidos de la web, así como su régimen. Podemos elegir entre reservarnos íntegramente su uso, ceder libremente su utilización, o quizá acogernos a alguna de las posibilidades Creative Commons que permiten su empleo bajo determinadas condiciones.

Son cuatro los tipos de licencias Creative Commos (reconocimiento, no comercial, sin obras derivadas y compartir igual) con las que puedes generar seis combinaciones diferentes. Realizada tu elección tendrás la licencia, que deberás incluir en tu página  con el botón Creative Commons “Algunos derechos reservados” de forma que todos los usuarios puedan conocer las condiciones de la licencia.

5. Condiciones generales de contratación.

Aunque a día de hoy nos parezca muy obvio y todos lo tengamos perfectamente claro, en su momento, existía la duda de si los contratos celebrados por Internet tenían validez legal. El artículo 23 de la LSSI aclaró definitivamente esta cuestión, manifestando su plena eficacia siempre que, y lógicamente, cumpliesen los requisitos que para cualquier contrato, establece nuestro ordenamiento.

Si hemos optado porque a través de nuestra plataforma puedan contratarse servicios o comprarse productos, entonces nuestro aviso legal debe incluir cuales son las condiciones que rigen esa contratación, que deben ser acordes con la normativa legal, prestando especial interés a la Ley para la Defensa de los Consumidores y Usuarios (LDCU).

Para la contratación electrónica se han previsto requisitos legales específicos que deben concurrir previa y posteriormente a la misma.

Antes de contratar el consumidor ha de conocer de forma permanente, fácil y gratuita cuales van a ser los trámites para la celebración del contrato, si el prestador va a archivar el documento electrónico en el que se formalice y si éste va a ser accesible, los medios técnicos que están a su disposición por si incurre en algún error  en el momento de introducir datos y los idiomas en los que podrá formalizarse ese contrato, así como las condiciones generales de éste.

Una vez que el contrato se ha celebrado, el usuario debe recibir una confirmación del mismo, ya sea a través de la propia web, siempre que le ofrezca la posibilidad de archivarla, o bien mediante correo electrónico.

Conclusión.

De manera resumida, estos los requisitos legales que ha de cumplir vuestra web. No sé si la lectura de este pequeño post os  habrá aportado algo. Mi humilde consejo es que le dediquéis la atención que se merece a este apartado de vuestra web, un pequeño esfuerzo os puede evitar muchos quebraderos de cabeza en el futuro. Si necesitáis ayuda, os espero en los comentarios.

© María Dolores Martínez Pérez

¿Quieres registrar tu nombre como marca?

puedo registrar mi nombre como marca

Quizá no te hayas dado cuenta, pero vivimos rodeados de nombres propios que son marcas: Antonio Banderas, Paula Echevarría o Fernando Alonso… entre otros muchos ejemplos.

Vivimos en el momento de la marca personal y registrar un nombre como marca puede ser una buena opción profesional o empresarial, pero para estos casos la Ley de Marcas prevé una serie de condiciones que es preciso conocer.

Sigue leyendo para conocer los requisitos legales  imprescindibles para poder  hacerte con tu marca y disfrutar de los beneficios que aporta.

¿Es posible registrar un nombre propio como marca?

Sí, es posible.

Tener una marca es tener la exclusividad de su uso en el tráfico económico para un determinado producto o servicio. Si eres titular de una marca sólo tú puedes utilizarla, impidiendo que nadie más pueda emplearla en tu sector.

Si deseas registrar tu nombre como marca no hay problema, realizas la solicitud según el procedimiento legalmente previsto y, en principio, no debes tener ningún inconveniente para que te la concedan.

Quizá prefieras inscribir un diminutivo o un nombre de pila. Esta opción  también es viable. Por ejemplo, si te llamas Manuel López quizá prefieras registrar Manu López o Manolo López.

Uno de los motivos por el que la OEPM puede denegarte una marca es por el riesgo de confusión con otra que ya esté registrada.

En el caso de marcas formadas por nombre  y apellidos el elemento que se va a tener en cuenta para realizar la evaluación de esta posibilidad es la similitud de los apellidos. Salvo que se trate de apellidos comunes, en cuyo caso, el elemento dominante para decidir si existe o no  probabilidad de error en el público será el nombre.

¿Puedo solicitar cómo marca el nombre de otra persona?

Sólo en algunos supuestos. Esta hipótesis esta prevista en el apartado a) del  artículo 9.1 de la Ley de Marcas, como una de las prohibiciones relativas establecidas para la inscripción de una marca.

Cuando se solicita el nombre civil o la imagen que identifique a una persona distinta del solicitante de la marca, es necesaria la debida autorización.

Tienes dos posibilidades.

La primera es solicitarla asumiendo el riesgo que la otra persona ejerza su derecho de oposición y no te la concedan.

La segunda es solicitarla acompañando una autorización. Porque quizá tú tengas interés en obtener la marca pero la otra persona no. Normalmente el contenido de la autorización suele ser un compromiso por parte del titular del nombre de no interferir en el proceso de concesión de la marca a cambio de una determinada cantidad de dinero.

Hay que tener en cuenta que esta autorización es revocable, pero está sujeta a la correspondiente indemnización de los daños y perjuicios que se causen, incluyendo expectativas que estén debidamente justificadas.

¿Y si hay alguien que se llama como yo?

Estas cosas pasan. Y si tienes un nombre y unos apellidos corrientes, como nos ocurre a un nutrido grupo de españolitos, probablemente estés, como yo, en esta situación. La solución aquí es la misma que si quieres solicitar como marca el nombre de otra persona, aunque la Ley no lo diga expresamente.

Puede darse el caso que ambos estéis interesados en obtener el nombre como marca. Una posible alternativa sería pedir la marca para una clase de productos o servicios distinta en cada caso.

En el ámbito de las marcas existe la Clasificación de Niza, que no es otra cosa que un acuerdo internacional en el que se recoge un catálogo de las distintas clases de productos y servicios para los que puedes registrar una marca. Por ejemplo, la clase 12 se refiere a vehículos,  aparatos de locomoción terrestre, aérea o acuática, por lo que si tienes la marca para esta clase no podrás emplearla para otra cosa, como vender zapatos o bolsos.

Si hay otra persona que se llama como tú o te encuentras con tu nombre registrado para una determinada clase, puedes solicitar la marca para otro producto o servicio.

Si nadie me conoce, ¿qué tal optar por el nombre de algún famoso?

Aquí también necesitaras permiso de la persona conocida cuyo nombre quieras emplear, porque es otra de las prohibiciones relativas recogida en la Ley de Marcas (art. 9.1.b).

Este precepto también exige autorización cuando lo que quiere registrarse como marca es el nombre, apellido, seudónimo o cualquier otro signo por el que comúnmente identifiquemos a otra persona.

No se trata tanto que sea su nombre completo y real, sino por el que todos lo conozcamos, por el que lo asociemos a una persona concreta. Para que me entiendas, no puedes utilizar Cholo Simeone.

Existe un elemento diferenciador muy importante a tener en cuenta con respecto a la solicitud de marca del nombre de otra persona, digamos, anónima, a pedirla con el nombre de una persona conocida.

Cuando solicitamos registrar cómo marca el nombre de una persona anónima, o bien aportamos la autorización de la que hemos hablado antes, o bien nos conceden la marca porque no se ha ejercitado el derecho de oposición.

Pero si la marca que solicitamos es el nombre de alguien conocido o famoso, el control sobre la concesión o no de la marca es más riguroso. A la autorización y posible ejercicio de oposición por el interesado, hay que añadir el examen de oficio que hace la OEPM, que supervisa que el nombre que se pide como marca no esté incurso en esta prohibición relativa.

¿Los nombres inventados pueden servir como marca?

Te voy a contar un secreto: Alejandro Sanz no se llama Alejandro Sanz. Si la Wikipedia no nos engaña, su nombre es Alejandro Sánchez Pizarro. En algún momento del nacimiento de su carrera musical él o alguien de su entorno decidió que Alejandro Sanz era mejor nombre artístico y hoy todo lo conocemos así… y así tiene registrada su marca.

Quizá te pueda interesar crear un nombre para tu marca; bien porque odies a tus padres por haberte puesto el horrible nombre del tatarabuelo, se trate de un nombre muy corriente, prefieras una mayor privacidad… La razón puede ser la que sea, es tuya personal, lo importante es que legalmente no hay ningún obstáculo para que lo hagas, siempre  y cuando no se te haya adelantado nadie.

¿Tienes alguna duda sobre el registro de nombres como marcas? Si es así, te espero en los comentarios.

Foto: Alexis Brown para www.unsplash.com

Cómo se convoca la junta general de una sociedad de capital

La convocatoria de junta general es el primer paso para que una sociedad de capital, ya sea anónima o de responsabilidad limitada, se pronuncie sobre sus aspectos más relevantes.

Una junta general no es otra cosa que la reunión de los socios para tomar las decisiones más importantes de la sociedad.  De ahí la importancia de la convocatoria: es su punto de partida.

Vayamos paso a paso.

Según la Ley de Sociedades de Capital, bien por la mayoría que ella misma establece, bien por el quórum fijado en los estatutos, en la junta general hay que tomar decisiones sobre determinados asuntos.

La lista completa de los puntos sobre los que la junta general tiene que pronunciarse, la recoge el artículo 160 de la Ley de Sociedades de Capital. No voy a repetirlos todos aquí, pero si te digo que entre otros temas, va a decidir sobre la aprobación  de las cuentas anuales, la aplicación del resultado y la gestión social, el aumento o reducción del capital social, o el nombramiento y separación de los administradores… puedes hacerte a la idea de su importancia.

Cuando procede la convocatoria de la junta general.

La  junta general tiene que convocarse por los  administradores de la sociedad cuando:

  • Sea el plazo legalmente establecido. Inevitablemente hay que celebrar una junta general en los seis primeros meses de cada ejercicio social. Es imprescindible aprobar la gestión social y las cuentas del ejercicio anterior, y resolver sobre la aplicación del resultado.
  • Lo consideren conveniente para los intereses sociales.
  • A solicitud de socios que, como mínimo, representen el 5% del capital social. Siempre que les requieran notarialmente, especificando los puntos a tratar en el orden del día, los administradores tienen la obligación de citar para una junta general que ha de celebrarse en los dos meses siguientes a la petición.

En el primer caso nos encontramos ante una junta general ordinaria, en el segundo y tercer supuesto se trataría de una junta general extraordinaria.

Forma y contenido de la convocatoria de junta general.

La convocatoria ha de tener un determinado contenido.  Los elementos que tienen que necesariamente tienen que aparecer son:

  • Orden del día. Todos los temas que van a ser objeto de la junta.
  • Lugar y hora de la celebración. La junta general debe celebrarse en el municipio en el que la sociedad tenga su domicilio social. Si no se especifica un emplazamiento concreto, se sobreentiende que el sitio elegido es el domicilio social.
  • Información a disposición de los socios. Dependiendo de los puntos a tratar, deberá hacerse constar que determinada documentación puede examinarse por los socios. Es, verbigracia, el caso de texto de la modificación de los estatutos sociales, las cuentas anuales y, en su caso, el informe de gestión o del auditor de cuentas.
  • Segunda convocatoria. Si se trata de una sociedad anónima, puede incluirse la fecha en la que se reunirían, si fuese necesario, en segunda convocatoria.

La antelación con la que debe convocarse la junta general es  un mes para las sociedades anónimas  y quince días para las sociedades de responsabilidad limitada.

¿Cuál es el sistema correcto de enviar la convocatoria? Dependerá de cada caso concreto.

En primer lugar, tienes que acudir a lo establecido en los estatutos sociales. Y aquí quiero detenerme para hacer un pequeño inciso.

Los estatutos sociales son la columna vertebral del funcionamiento de una sociedad, son su religión. No deja de llamarme la atención la poca importancia que se les da en el momento de constituir una sociedad.

Es llamativo que quienes van a ser sus socios no sean conscientes de su relevancia y se limiten a descargarse unos estatutos de Internet, o a copiar unos heredados de a saber dónde y quién. Por esta razón, después te encuentras  que sociedades recién creadas, con los medios tecnológicos con los que contamos en la actualidad, tienen previsto enviar la convocatoria de junta por telegrama o fax, además de otros muchos problemas más graves.

Mi consejo es  que para la redacción de los estatuos socieales se acuda a un profesional que asesore en la materia.

Volviendo al envío de la convocatoria de junta general, si en los estatutos sociales no está previsto ningún medio concreto, habrá que efectuarla a través de la página web de la sociedad, si existe y siempre y cuando cumpla los requisitos de creación e inscripción previstos en el artículo 11 bis de la Ley de Sociedades de Capital.

Si ninguna de estas opciones es posible, la convocatoria deberá publicarse en el Boletín Oficial del Registro Mercantil y en alguno de los periódicos más relevantes de la provincia en la que esté ubicado el domicilio social.

En el caso de las sociedades anónimas, una vez convocada la junta, podrá solicitarse su complemento. El complemento de convocatoria de junta general consiste en que accionistas que representan al menos el 5% del capital social requieren a los administradores para incluir uno o más puntos en el orden del día.  Para que el complemento sea válido es necesario:

  • Que se haya efectuado de forma fehaciente.
  • Su realización en los cinco días siguientes a la divulgación de la convocatoria.
  • Su publicación con una antelación mínima de 15 días a la fecha fijada para la reunión de la junta.

Incumplimiento del deber de convocatoria por los administradores: la convocatoria judicial o registral de junta general.

Comentaba anteriormente que los administradores tienen la obligación de convocar la junta general en determinados plazos.

Cuando esto no sucede y los administradores no cumplen con su deber, podrás solicitar la convocatoria, según lo establecido tanto en la Ley de Sociedades de Capital como en la Ley de Jurisdicción Voluntaria.

También estarás facultdo para acudir a este tipo de convocatoria en casos especiales como, por ejemplo, la muerte del administrador único.

¿Necesitas saber algo más sobre la junta general de las sociedades sociales? Si es así, házmelo saber en los comentarios.

Foto: rawpixel para unsplash.com

El sorteo que nos une… o no.

El sorteo que nos une. Este es el slogan elegido por Lotería Nacional para los cuatro anuncios creados este año para el sorteo de Navidad.

Y puede ser que sea así. Que el sorteo nos una. Lo que nos separa es que toque un premio. Porque cuando el Gordo entra por la puerta, el amor, la amistad y la familia, salen por la ventana.

Tocar, toca. El elegido de este año vas a ser tú, así que sigue leyendo porque voy a explicarte todo lo que necesitas saber para cuando los niños del Colegio de San Idelfonso canten los números de ese décimo que llevas en el bolsillo.

¿Qué es un décimo de lotería?

Pensarás que está pregunta es una tontería, ¿quién no sabe lo que es un décimo de lotería? Todos lo sabemos. Lo que quizá se nos escapa es que, según la Instrucción General de Loterías, un décimo es un título valor al portador. Esto quiere decir que, en principio, la persona que lo tiene en su mano (o en su cartera) es su dueña salvo que se haya establecido cualquier acuerdo o comunidad sobre él, se haya transmitido a otra persona, endosado, etc.

Tienes que tener muy clarita esta característica porque 3 de cada 4 jugadores de lotería repartimos nuestras suerte con otras personas. Esto no suele ser un problema… cuando no toca. Y es que si el número que compartimos resulta agraciado la cosa cambia, y suele haber importantes pérdidas de memoria sobre lo que se habló.

Tu mejor opción es sacar el Sheldon Cooper que todos llevamos dentro y reflejar por escrito  que ese décimo tiene varios dueños.

Puedes elegir ser tradicional, sacar la clásica fotocopia  y firmarla entre todos los propietarios del billete, incluyendo los DNIs de cada uno.

Otra posibilidad es pagar mediante transferencia bancaria tu parte incluyendo en el concepto la serie, fracción, y número correspondiente.

Si estas opciones te parecen demasiado complicadas o pasadas de moda, y tienes el móvil en la mano, abre Whatsapp y en el grupo de tus amigos o familiares con los que compartes la ilusión del Gordo, enviad una foto del décimo, teclead quién es el encargado de su custodia y como y cuanto se comparte.

Después abre la pestaña de Ajustes –> Chats –> Copia de seguridad –> Guardar . Voilá! Ya tienes una prueba que ese billete de lotería se juega entre varios.

Claro que donde se ponga la fe pública notarial que se quite lo demás. Y es que sin lugar a dudas, las mayores garantías las otorga un acta notarial como Dios manda.

Si no te fías demasiado de tus compañeros de juego o eres de los que te gusta dejar las cosas bien amarradas, ésta es la mejor alternativa que puedes emplear incluso si compartes lotería a través de redes sociales.

Guarda el décimo a buen recaudo.

Acabas de enterarte que te ha tocado y te pones nervioso, no puedes dejar de mirar el billete premiado… o eres de los despistados que no recuerdan dónde lo han puesto. No serías ni el primero ni el último que no es capaz de encontrarlo o que lo mete en la lavadora dentro del bolsillo del pantalón.

Intenta que esto no pase porque el artículo 18 de la Instrucción General de Loterías  explica que no se satisfará premio alguno sin  la previa presentación del billete o fracción que lo obtenga, cuyo documento no podrá ser reemplazado ni sustituido de ningún otro modo. Vamos, que si  lo rompes o lo pierdes, te quedas sin premio.

Afortunadamente los tribunales han flexibilizado un poco, sólo un poco, el rigor de este precepto, y en excepcionales ocasiones han permitido que se cobren  billetes desaparecidos pero exigiendo:

  • Acreditar la compra del décimo premiado, con su número, serie y fracción.
  • Su extravío o daño.
  • Que no lo haya cobrado nadie en el plazo legalmente previsto.

Demostrar todo esto no es fácil, es más sencillo cuidar dónde lo pones.

Y no te duermas en los laureles, no tienes toda la vida para cobrar tu décimo, sólo tres meses. No des lugar a que se pase el plazo.

Si no quieres terminar entre rejas, no te quedes con lo que no es tuyo

Los valores más sólidos del compañerismo,  la camaradería o el afecto se tambalean ante un premio sabrosón. En más de una ocasión el poseedor del décimo se olvida de las reglas del juego establecidas sobre ese billete y los lazos que le unen con la persona o personas con quién lo compartía y se queda con la totalidad del premio.

Este comportamiento, aparte de una marranada, es un delito. En concreto, una apropiación indebida tipificada en el artículo 253 del Código Penal, y para el que hay prevista una pena privativa de libertad de 6 meses a 3 años.

Si el premio es cuantioso, y te quedas con más de 50.000 € que no son tuyos, la sanción sube, pudiendo oscilar entre 1 a 6 años de privación de libertad y multa de 6 a 12 meses. Piénsalo dos veces antes de adueñarte de lo que no es tuyo.

Aunque igual tienes suerte y la persona a la que le has birlado su parte del premio es un alma caritativa y se limita a interponer una reclamación de cantidad en vía civil.

Me despido de este post deseándote mucha suerte.

#UnidosPorUnDécimo.

Imagen: Loterías y Apuestas del Estado.

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