Preguntas (y respuestas) sobre la moratoria del pago del alquiler de oficinas y locales de negocio establecida por la crisis del coronavirus

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La crisis económica derivada de la emergencia sanitaria del Covid-19, ha conllevado la modificación del pago de las cuotas de los alquileres, no sólo de las viviendas habituales, también de las oficinas y los locales de negocio.

En esta ocasión, ha sido el Real Decreto-ley 15/2020, de 21 de abril, el encargado de establecer el funcionamiento de este aplazamiento.

¿Eres uno de los beneficiarios  de esta medida?

Puedes acogerte a ella tanto si eres autónomo como si constituyes una pequeña o mediana empresa.

Requisito lógico e imprescindible si eres autónomo es que, cuando se acordó el estado de alarma, tenías que estar dado  de alta y afiliado a la Seguridad Social.

La actividad que desarrollas habrá tenido que verse afectada, bien porque se haya suspendido, bien porque la facturación que genera haya caído un 75 % con respecto a la media mensual del trimestre anterior. Es decir, que si de enero a marzo facturaste de  media tres mil euros, sólo podrás solicitar el aplazamiento si en abril no has alcanzado setecientos cincuenta euros de facturación.

Para ser considerado cómo pequeña o mediana empresa, deberás ser una sociedad que formule su balance y estado de cambios en el patrimonio neto de manera abreviada.

Tu actividad deberá haber sufrido idénticos daños que los autónomos, suspensión o mismo descenso en la facturación.

¿Cómo acredito la suspensión de mi actividad o el descenso en la facturación?

Para justificar documentalmente que cumples los requisitos exigidos para la moratoria del pago del alquiler de tu oficina o local de negocio tendrás que aportar, en el caso de suspensión de tu actividad, el correspondiente certificado de la Agencia Tributaria u órgano competente de la Comunidad Autónoma.

La reducción de la facturación se garantizará mediante  declaración responsable en la que justifiques debidamente el descenso.

¿En qué consiste exactamente la moratoria del pago del alquiler?

El contenido de la moratoria adquiere distinto perfil según las características del propietario del inmueble. El RD-L 15/2020 promueve que arrendador y arrendatario alcancéis un acuerdo en los términos que consideréis más adecuados.

Si no llegáis al consenso, lo previsto por la norma varía su contenido en función de si el propietario del inmueble es, o no, un gran tenedor.

Gran tenedor es el dueño de diez inmuebles, excluyendo trateros y garajes, o de una superficie construida de más de 1.500 ms2.

Está obligado a aceptar tu solicitud como inquilino, de aplazamiento del pago del alquiler  mientras dure el estado de alarma (y sus prórrogas) con un tope de cuatro meses.

Una vez finalizado el estado de alarma, las cuotas que hayas aplazado tendrás que pagarlas prorrateadas en las que se devenguen a partir de ese momento y durante un plazo máximo de dos años.

Si el titular del local de negocio u oficina no es un gran tenedor, cómo alquilado tienes hasta el 23 de mayo para pedirle el diferimiento de la renta.

El dueño podrá utilizar la fianza del alquiler como medio de pago, y dispondrás de un año para reintegrársela.

¿Qué ocurre si te acoges a esta medida sin tener derecho a ella?

Aplazar el pago del alquiler sin cumplir las condiciones legales  implicará que deberás hacer frente a:

  • Los daños y perjuicios causados al arrendador.
  • Los gastos que se hayan producido.
  • Posibles responsabilidades en otros órdenes.

Si tienes alguna duda más sobre esta medida, aprovecha los comentarios para hacérmela llegar.

Foto: Lance Grandahl para unsplash.com

Cómo te afecta la crisis del Covid -19 si vives de alquiler o tienes una casa arrendada

La sacudida económica provocada por la emergencia sanitaria del coronavirus salpica  el hogar de muchas familias, familias que en muchos casos vivís de alquiler, o tenéis ingresos básicos provenientes de una casa alquilada.

Esta coyuntura no ha sido ajena a la gestión de la crisis debida a la pandemia. Para paliar sus consecuencias se ha aprobado, entre otros, el Real Decreto-Ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al Covid-19.

Los arrendamientos son uno de los sectores sobre los que se introducen modificaciones legales para intentar contener los daños que el panorama actual puede provocar.

Las medidas varían según la situación del alquiler. Se atiende a las circunstancias en la que se encontraba el contrato cuando se decretó el estado de alarma. Puede tratarse de:

  • Una moratoria en el pago de las rentas del alquiler de un contrato de vivienda habitual en vigor.
  • La prórroga de un contrato de vivienda habitual.
  • La tramitación de un procedimiento de desahucio por impago de rentas.

Moratoria en el pago de las rentas de contrato de alquiler de vivienda habitual en vigor que se ve afectado por la crisis nacida de la emergencia sanitaria creada por el Covid- 19.

 

El aplazamiento para cumplir con la obligación de pago de las cuotas mensuales del alquiler se aplica cuando el inmueble es la vivienda habitual del inquilino, al que le sobreviene una situación de vulnerabilidad económica derivada de la crisis económica consecuencia de la emergencia sanitaria producida por el Covid-19.

La moratoria adquiere diversos perfiles según quién sea el propietario de la vivienda arrendada. Los criterios que adopta el RD-L 11/2020 varían si el dueño es:

  • Un gran tenedor o empresa (persona física o jurídica) o entidad pública de vivienda.
  • Un fondo social de vivienda.
  • Un particular

Veamos cómo funciona en cada caso.

1.- Arrendador gran tenedor o empresa o entidad pública de vivienda.

Lo primero a tener claro para la hipótesis de  moratoria arrendaticia de titular gran empresa o entidad pública es, precisamente, qué es una gran empresa o un gran tenedor. Estamos hablando del titular de:

  • Diez inmuebles (excluyendo trateros y garajes)
  • Una superficie construida de más de 1.500 ms2

 

En estos casos el inquilino puede solicitar el aplazamiento temporal y extraordinario del pago de la renta. Esta opción entrará en juego si antes no se ha logrado un acuerdo con el dueño consistente en la condonación total o parcial de la deuda.

Si este pacto no ha tenido lugar,  el propietario  de la vivienda cuenta con un plazo máximo  de 7 días  para comunicar al morador la decisión que ha tomado respecto a la retribución del alquiler y que puede consistir en:

  1. Disminuir la renta un 50% en las cuotas que se devenguen durante el estado de alarma y en los cuatro meses siguientes.
  2. Aplazar el pago de las mensualidades a ingresar desde que entró en vigor el estado de alarma  y hasta 4 meses después de su fin. Concluido este plazo, las cuotas que se han demorado se fraccionarán durante al menos 3 años, siempre dentro de la vigencia del contrato o de cualquiera de sus prórrogas.

Esta alternativa  no da lugar a ningún tipo de interés in penalización para el arrendatario.

 

2.-Fondo Social de Vivienda.

Lo que acabo de exponerte en el apartado anterior, se aplica también para todos los alquileres correspondientes al Fondo Social de Vivienda  derivado del Real Decreto Ley 27/2012, de 15 de noviembre, de medidas urgentes para reforzar la protección de deudores hipotecarios.

 3.- Particular

La premisa de la que parte esta medida es un contrato de arrendamiento sobre una vivienda habitual en la que el propietario de la vivienda no es ni una gran empresa  o entidad pública de vivienda, ni un fondo social de vivienda, y el inquilino es una persona física que pasa a estar  en situación de vulnerabilidad económica.

El RD-L 11/2020 pretende que, cuando se den estas circunstancias, las partes lleguen a un acuerdo sobre el pago de la renta.

Su primer deseo es, que de manera voluntaria, el dueño libere del pago total o parcial de la renta al inquilino, o se lo aplace.

Cómo segunda opción, si este acuerdo no se produce, el inquilino tiene hasta el 1 de mayo para solicitar al arrendador de la vivienda, un aplazamiento temporal y extraordinario en el pago de las mensualidades que se devenguen durante el estado de alarma.

El propietario, en los 7 días laborables siguientes a la recepción de la solicitud,  comunicará al alquilado las diferentes posibilidades que le ofrece y que deben incluir:

  • Las condiciones en las que puede tener lugar el aplazamiento.
  • Un fraccionamiento y prórroga en el pago de las mensualidades que se devenguen mientras esté en vigor esta situación.
  • Otras alternativas que considere viables.

La finalidad es que las partes alcancen un acuerdo dentro de estos términos.

Con independencia de si se llega o no a un arreglo, si el ocupante de la vivienda pasa a estar en una situación de vulnerabilidad, puede acceder al programa de ayudas creado en el mismo RD-L 11/2020.

4.- Cuando se considera que estás en situación de vulnerabilidad económica.

Para evaluar esa vulnerabilidad económica se tienen en cuenta:

  • Tus circunstancias laborales: si eres trabajador por cuenta ajena y has pasado a estar desempleado; o se ha reducido tu jornada laboral, o si eres empresario  o profesional y has sufrido una disminución sustancial de tus  ingresos o ventas
  • Ingresos de tu unidad familiar. La unidad familiar está formada por el deudor, cónyuge o pareja de hecho e hijos que vivan en la vivienda con independencia de su edad.

En el mes anterior a la solicitud de la moratoria, los ingresos no podrán superar unos determinados niveles de renta.

Los parámetros de renta varían en función del número de hijos a cargo de la unidad familiar, o de las personas mayores de 65 años que la integren.

También se tiene en cuenta si alguno de los familiares tiene reconocida una discapacidad superior al 33%, es dependiente o sufre una incapacidad laboral permanente.

Padecimientos  como la parálisis cerebral, la enfermedad mental, discapacidad intelectual o sensorial o afecciones  graves de la persona afectada o su cuidador, también entran en juego a la hora de valorar la capacidad económica de la unidad familiar.

  • Importe de la renta arrendaticia. Junto con los gastos y los suministros básicos  debe superar el 35% de los ingresos de la unidad familiar.
  • Pérdida sustancial de ingresos. En el mes anterior a la solicitud de la moratoria el conjunto de los ingresos de los miembros de la unidad familiar no debe superar unos determinados límites referenciados con carácter mensual al IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples).

Todas estas condiciones deben acreditarse documentalmente.

5.- Aplicación indebida de la moratoria en el pago del alquiler

Cuando el inquilino se beneficia, sin tener derecho a ello, de la adopción de este tipo de medidas, se le exigirá responsabilidad por este aprovechamiento indebido. También cuando de forma voluntaria y consciente se  mantenga en los supuestos de vulnerabilidad económica que dan lugar a la entrada en funcionamiento de estas medidas.

Esta responsabilidad abarcará, como mínimo, el importe de los daños, perjuicios y gastos ocasionados. Su cuantía no será inferior al beneficio indebidamente ha obtenido el arrendatario.

Prórroga extraordinaria de los contratos de arrendamiento de vivienda habitual.

Los contratos de alquiler tienen, según la Ley de Arrendamientos Urbanos, la duración que las partes libremente acuerden. Ahora bien, la vigencia del contrato se prorroga automáticamente con carácter anual hasta alcanzar una duración mínima de 5 años si el propietario es persona física, o 7 años, si el dueño es una persona jurídica.

Transcurrido este período, el contrato de arrendamiento no tiene por qué  mantenerse.

Mientras dure el estado de alarma, nos vamos a encontrar con alquileres de vivienda habitual cuyo plazo de vigencia se va a agotar desde que se decretó y  hasta dos meses después de su conclusión.

Para ellos se ha previsto una prórroga extraordinaria con los siguientes requisitos:

  • Entra en funcionamiento si el inquilino la solicita.
  • El propietario está obligado a aceptarla.
  • Tiene una duración máxima de 6 meses.
  • El contrato se seguirá aplicando en los mismos términos y condiciones.
  • No opera si arrendador y arrendatario alcanzan otro tipo de acuerdo

Suspensión del procedimiento de desahucio y de los lanzamientos.

 No todos los procesos de desahucio y/o lanzamiento se ven afectados por lo acordado en el RD-L 11/2020. Para que esta norma sea de aplicación tendremos que encontrarnos con procedimientos en los que se den los siguientes requisitos:

  • Ha de tratarse de un hogar vulnerable.
  • Sus integrantes carecen de una alternativa habitacional.
  • El procedimiento de desahucio se encontraba en curso cuando se acordó el estado de alarma.

Cuando se den estas circunstancias, se suspenderá el procedimiento de desahucio hasta que se agote el estado de alarma.

Para que se paralicen los trámites, el inquilino deberá acreditar tanto su situación de vulnerabilidad económica derivada de la crisis generada por la pandemia del coronavirus, como la inexistencia de una alternativa habitacional para él y las personas con las que convive.

Demostrados estos requisitos, el Letrado de la Administración de Justicia deberá comunicarlos a los servicios sociales.

Además, se suspenderá el lanzamiento si ya estuviera fijada su fecha, o el plazo para su determinación por un período tope de 6 meses.

En el decreto en el que se acuerde la suspensión se indicará también cuando se reanudará el cómputo de la suspensión, o se señalara nueva fecha para la vista del desahucio, si ya se había concretado.

Ahora bien, puede ocurrir que la persona que pasa a estar en una situación de vulnerabilidad económica sobrevenida por la crisis del Covid-19 no sea el inquilino sino el propietario de la vivienda.

Para esta hipótesis también se ha previsto que el dueño del inmueble lo ponga en conocimiento del Letrado de la Administración de Justicia quién, a su vez, lo comunicara a los servicios sociales para que adopten las medidas pertinentes.

¿Necesitas saber algo más sobre las medidas económicas de los alquileres que se aplican mientras dure el estado de alarma? No te preocupes, te ayudaré en los comentarios.

Foto: Daniel Tafjord para unsplash.com

Suspensión del plazo de solicitud de concurso de acreedores durante el estado de alarma

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La Ley Concursal, en su artículo 2  establece que “la declaración de concurso procederá en caso de insolvencia del deudor común”, considerando que “se encuentra en estado de insolvencia el deudor que no puede cumplir regularmente sus obligaciones exigibles”.

Más adelante, impone al deudor el deber de solicitar la declaración del concurso en los dos meses posteriores a la fecha en que hubiera conocido, o debido conocer, éste estado de insolvencia (artículo 5).

La interrupción  de este plazo es una de las decisiones tomadas Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del Covid-19.

Esta medida se encuentra en la línea de la suspensión de los plazos procesales y de los plazos de prescripción y caducidad de cualesquiera acciones y derechos, acordada por el Consejo General del Poder Judicial.

¿En qué consiste esta medida?

Según el artículo 43 del RD-Ley 8/2020, el deudor que se encuentre en situación de insolvencia, no tendrá el deber de solicitar la declaración del concurso de acreedores.

La norma establece distinciones según se trate de un concurso voluntario o uno necesario.

Los concursos voluntarios tendrán preferencia, debiendo admitirse a trámite antes que los necesarios, aunque su solicitud se haya presentado con posterioridad.

Los concursos de acreedores no se admitirán a trámite  hasta que no trascurran dos meses desde el fin del estado de alarma.

Resulta llamativa la contradicción en la que cae este artículo.

Por un lado suspende la obligación de pedir el concurso durante  la vigencia del estado de alarma.  Por otro lado, hace referencia a los concursos que “se hubieran presentado durante ese estado”.

Dado que la actividad judicial se ha paralizado, los plazos procesales se ha suspendido, y el deber de pedir el concurso interrumpido, no debe presentarse ninguna solicitud de concurso de acreedores mientras nos encontremos en este estado excepcional.

Comunicación previa al Juzgado de lo Mercantil.

Tampoco habrá que solicitar la declaración de concurso de acreedores si,  con anterioridad al estado de alarma:

  • Se hubiese comunicado al Juzgado competente para la declaración del concurso:
    • La iniciación de negociación con los acreedores para alcanzar un acuerdo de refinanciación,
    • Un acuerdo extrajudicial de pagos,
    • O el intento de obtener adhesiones para una propuesta anticipada de convenio.
  • Hayan pasado tres meses desde esta comunicación sin haberse logrado cualquiera de estos tres posibles pactos.

Con esta previsión legal el RD-ley 8/2020, evita que la actual situación de emergencia que vivimos, pueda abocar al deudor insolvente  a incurrir en la causa de declaración del concurso culpable, consistente en faltar a la obligación de solicitar el concurso en plazo.

Si necesitas cualquier aclaración sobre esta medida, pídela en los comentarios.

Foto: Robert Metz para unsplash.com

Cómo funciona la moratoria de las hipotecas acordada por la crisis del coronavirus

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La moratoria de las hipotecas es una de las medidas de urgencia acordadas en el Real Decreto – ley 8/2020 de 17 de marzo, para paliar las fuertes repercusiones económicas en las familias, que la emergencia sanitaria provocada por la epidemia del coronavirus ha provocado.

Se persigue reforzar la protección de los trabajadores, las familias y los colectivos vulnerables. De ahí la adopción de una moratoria en el pago de las cuotas hipotecarias de estos colectivos.

Esta medida urgente constituye una vía de garantizar  tu derecho a la vivienda si te ves conducido a una situación de especial vulnerabilidad provocada  por la crisis sanitaria del Covid-19.

En este caso podrás tener acceso a una prórroga en el pago de tu hipoteca y evitar  la pérdida de tu vivienda.

 

Cuáles son los requisitos de la moratoria de los préstamos hipotecarios?

Para que puedas acogerte a esta opción, debe tratarse de la hipoteca de tu vivienda habitual. No podrás optar a esta medida si se trata de un préstamo hipotecario sobre tu segunda residencia, tu oficina, local de negocio, etc.

Deberás encontrarte en situación de vulnerabilidad económica. Para evaluar esa vulnerabilidad económica se tienen en cuenta:

  • Tus circunstancias laborales: si eres trabajador por cuenta ajena y has pasado a estar desempleado;  si eres empresario  o profesional y has sufrido una disminución de tus ingresos o tus ventas de, al menos, un 40%.

 

  • Ingresos de tu unidad familiar. La unidad familiar está formada por el deudor, cónyuge o pareja de hecho e hijos que vivan en la vivienda con independencia de su edad.

En el mes anterior a la solicitud de la moratoria,  no podrán superar unos determinados niveles de renta.

Los parámetros de renta varían en función del número de hijos a cargo de la unidad familiar, o de las personas mayores de 65 años que la integren.

También se tiene en cuenta si alguno de los familiares tiene reconocida una discapacidad superior al 33%, es dependiente o sufre una incapacidad laboral permanente.

Padecimientos  como la parálisis cerebral, la enfermedad mental, discapacidad intelectual o sensorial o afecciones  graves de la persona afectada o su cuidador, también entran en juego a la hora de valorar la capacidad económica de la unidad familiar.

 

  • Importe de la cuota hipotecaria. Junto con los gastos y los suministros básicos  debe superar el 35% de los ingresos de la unidad familiar.

 

  • Alteración significativa de las circunstancias económicas nacidas de la emergencia sanitaria provocada por el coronavirus. La carga hipotecaria ha tenido que aumentar un 1,3 sobre la renta familiar.

 

Todas estas condiciones deben acreditarse documentalmente.

 

¿Cuál es el plazo para solicitar la moratoria?

El plazo para solicitar la moratoria del pago de las hipotecas entró en vigor el 17 de marzo con la aprobación del RD Ley 8/2020 y no concluirá  hasta 15 días después  de su vigencia, que tendrá lugar  cuando se cancele el estado de alarma.

 

¿Qué efectos tiene la moratoria sobre tu hipoteca?

Siempre que cumplas los requisitos que he explicado al principio de este artículo, la entidad financiera deberá de  aplicarte la moratoria como máximo en 15 días desde que  le presentes la solicitud.

Los efectos sobre tu préstamo serán los siguientes:

  • Mientras esté en vigor no se te cobrará ninguna cuota. Se suspenden las cuotas durante el plazo acordado.
  • No entrará en juego la cláusula del vencimiento anticipado, por la que se puede exigir el pago de toda la deuda si dejas de pagar el préstamo.
  • No se devengarán intereses ni por el préstamo ni por la aplicación de la moratoria.

 

¿Qué ocurre si te beneficias indebidamente de la moratoria?

En ese caso serás responsable de:

  • Los daños y perjuicios producidos, que no serán inferiores al beneficio obtenido.
  • Los gastos ocasionados por su aplicación.
  • Sanciones de otro orden que tu acción haya podido causar.

 

Si tienes alguna pregunta o necesitas cualquier aclaración, puedes realizarla en los comentarios.

 

Foto: Brian Babb para unsplash.com

 

Covid-19, medidas urgentes para frenar su impacto y sociedades

medidas urgentes covid 19 para las personas juridicas

La emergencia sanitaria causada por el coronavirus está afectando a todas las facetas de nuestra vida. Las sociedades y demás personas jurídicas de derecho privado también se han visto afectadas.

El Real Decreto – ley 8/2020, aprobado el 17 de marzo, contiene una avalancha de medidas urgentes extraordinarias para afrontar el impacto económico y social del Covid-19.

Las resoluciones acordadas en esta norma también inciden en las empresas, siendo preciso, como declara su Exposición de Motivos, adoptar medidas que  proporcionen la necesaria flexibilidad para el ajuste temporal de las empresas.

Cómo piedra angular de esta acomodación a la situación que vivimos, el RD-L 8/2020 se decanta por el trabajo no presencial y la digitalización. La repercusión en el funcionamiento de los órganos de gobierno de las personas jurídicas de derecho privado es palpable.

El propósito de este artículo es dar a conocer las decisiones concretas relativas a las personas jurídicas.

Actividad de las asociaciones, sociedades civiles y mercantiles, el consejo rector de las sociedades cooperativas y los patronatos de fundaciones mientras dure el estado de alarma.

Están autorizadas a celebrar las reuniones de sus órganos de gobierno y administración por video conferencia.

Si el Presidente del órgano de administración o, al menos de sus miembros, así lo desean,  sus acuerdos podrán adoptarse por escrito y sin sesión.

En ambos casos se entenderá que han tenido lugar  en el domicilio de la entidad.

Estas posibilidades existen aunque no se encuentren previstas en los estatutos sociales.

Elaboración de las cuentas anuales, informe de gestión y demás documentos obligatorios.

El plazo de tres meses a contar desde el cierre del ejercicio social para su formulación  por parte de los órganos de administración, se suspende.  Una vez concluido  el estado de alarma, se reanudará por tres meses.

 

Verificación contable de cuentas del ejercicio anterior formuladas en el momento de la declaración del estado de alarma.

Si existe la obligación legal  de auditoría, tras la finalización del estado de alarma, el plazo para su realización se prorroga  durante dos meses.

 

Junta general ordinaria para la aprobación de las cuentas ordinarias

Son dos las opciones establecidas por el RD-L 8/2020..

Si la junta general ordinaria ya está convocada, el órgano de administración puede elegir entre:

    • Modificar el lugar y hora previstos para su celebración.
    • Revocar el acuerdo de convocatoria y proceder a una nueva convocatoria dentro del mes siguiente a la terminación del estado de alarma.

En ambos casos, el anuncio deberá publicarse con una anticipación mínima de 48 horas en la web de la sociedad o, si no cuenta con ella,  en el Boletín Oficial del Estado.

Pero si  las cuentas anuales no están aprobadas, la junta ordinaria necesariamente tendrá que celebrarse  en los tres meses siguientes a contar desde  el fin del plazo para su formulación.

 

En todas las  hipótesis que hemos visto, si es preciso que se levante acta de la reunión, el notario podrá emplear  los medios de comunicación  a distancia y tiempo real  que garanticen,  de forma adecuada, el cumplimiento de su función.

 

Derecho de separación de los socios en las sociedades de capital.

Aún concurriendo  alguna de las causas previstas en la ley o los estatutos para la separación de los socios, queda paralizado hasta  el fin del estado de alarma y sus posibles prórrogas.

 

Reintegro de las aportaciones a los socios cooperativos que causen baja mientras esté en vigor el estado de alarma.

Esta facultad se cancela hasta seis meses después  de la terminación del estado de alarma.

 

Disolución de la sociedad.

En virtud de cual sea la causa de disolución, se abren dos posibilidades.

  1. Si ha transcurrido la duración fijada para la sociedad. En este caso, no podrá iniciarse hasta dos meses después de la conclusión del estado de alarma.
  2. Por concurrir causa legal o estatutaria antes o durante la declaración del estado de alarma. El plazo legal  para la convocatoria de la correspondiente junta general se interrumpirá hasta la finalización del estado de emergencia.

En estos supuestos, los administradores no responderán de las deudas sociales originadas durante el estado de alarma.

Estas son las modificaciones que el estado de alarma en el que nos encontramos y las pertinentes medidas para su gestión han provocado en el ámbito de las sociedades y que debemos tener en cuenta hasta que la emergencia actual concluya.

Mientras tanto espero que tanto tú como tu familia y amigos, os encontréis bien.

 

Foto: unsplash.com

Nuestra colaboración con la Fundación Universidad de Almería

colaboración fundacion universidad de almeria

La Fundación de la Universidad de Almería, anteriormente denominada Fundación Mediterránea  Empresa – Universidad de Almería, es una institución privada dedicada tanto a generar sinergias entre el mundo universitario y el tejido empresarial almeriense, como a aproximarse a nuestra sociedad.

Dentro de este propósito cuenta con unos objetivos claros:

  • Promover y dar a conocer las actividades que se realizan en la Universidad de Almería.
  • Fomentar que la investigación de la UAL llegue a las empresas.
  • Analizar y evaluar las necesidades de investigación del ámbito empresarial para contribuir a su dinamización.
  • Posibilitar el asesoramiento profesional de los estudiantes universitarios.
  • Incentivar el emprendimiento empresarial en la comunidad universitaria, ya se trate de investigadores o estudiantes.
  • Completar y mejorar las salidas profesionales de los universitarios impartiendo formación adicional y de postgrado que atiendan a las necesidades del mercado
  • Potenciar la formación continua como un elemento esencial de las empresas.

La materialización de estos fines se lleva a cabo a través de distintos programas: Centro de Lenguas; Emprendimiento y Empleabilidad (Programa Ícaro);  Internacionalización, Comunicación y Marketing; Soporte Virtual  a la Docencia y a la Calidad Académica; Investigación; Foro de Innovación Universidad – Empresa y el Proyecto de Intercambio Directivos – Profesores.

Es precisamente en este Proyecto de Intercambio en el que tenemos la suerte de colaborar con la Fundación.

Por cuarto año consecutivo hemos entrado a formar parte del mismo. Estoy encantada de participar en el proyecto junto a Rosario Cañabate, profesora de Derecho Mercantil de la Facultad de Derecho.

¿Qué actividades realizamos dentro del proyecto?

Puesto que el objetivo del intercambio es, precisamente, crear una simbiosis universidad – empresa, realizamos acciones en esa dirección, buscando que por los dos lados sea gratificante y beneficioso.

En la docencia impartida de Derecho Mercantil, centrándonos especialmente en los alumnos del Máster de Abogacía, puesto que son los que el día de mañana van a desarrollar mi profesión, elaboramos ejercicios prácticos basados en casos reales de la práctica forense.

Continuando con la idea de acercar a los estudiantes al día a día de la labor del abogado, asisten a juicios sobre los temas que están viendo en clase y que creemos pueden ser de su interés. Antes de la celebración del juicio nos gusta explicarles que se va a tratar en la vista y después, intercambiamos opiniones con ellos sobre lo sucedido en sala.

Y por último, recibo asesoramiento para mi día a día como abogada. La rutina diaria no siempre deja tiempo para investigar, estudiar, estar al tanto de las últimas novedades… Gracias a la participación en el Proyecto conozco como  realizar y los resultados de una investigación científica rigurosa.

La valoración del programa no puede ser más positiva a todos los niveles. Ha sido un placer colaborar en el programa y espero continuar en las próximas convocatorias.

© María Dolores Martínez Pérez.

© Sinderiza C.B.

Foto: Seba Rivas para unsplash.com

 

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