Covid-19, medidas urgentes para frenar su impacto y sociedades

La emergencia sanitaria causada por el coronavirus está afectando a todas las facetas de nuestra vida. Las sociedades y demás personas jurídicas de derecho privado también se han visto afectadas.

El Real Decreto – ley 8/2020, aprobado el 17 de marzo, contiene una avalancha de medidas urgentes extraordinarias para afrontar el impacto económico y social del Covid-19.

Las resoluciones acordadas en esta norma también inciden en las empresas, siendo preciso, como declara su Exposición de Motivos, adoptar medidas que  proporcionen la necesaria flexibilidad para el ajuste temporal de las empresas.

Cómo piedra angular de esta acomodación a la situación que vivimos, el RD-L 8/2020 se decanta por el trabajo no presencial y la digitalización. La repercusión en el funcionamiento de los órganos de gobierno de las personas jurídicas de derecho privado es palpable.

El propósito de este artículo es dar a conocer las decisiones concretas relativas a las personas jurídicas.

Actividad de las asociaciones, sociedades civiles y mercantiles, el consejo rector de las sociedades cooperativas y los patronatos de fundaciones mientras dure el estado de alarma.

Están autorizadas a celebrar las reuniones de sus órganos de gobierno y administración por video conferencia.

Si el Presidente del órgano de administración o, al menos de sus miembros, así lo desean,  sus acuerdos podrán adoptarse por escrito y sin sesión.

En ambos casos se entenderá que han tenido lugar  en el domicilio de la entidad.

Estas posibilidades existen aunque no se encuentren previstas en los estatutos sociales.

Elaboración de las cuentas anuales, informe de gestión y demás documentos obligatorios.

El plazo de tres meses a contar desde el cierre del ejercicio social para su formulación  por parte de los órganos de administración, se suspende.  Una vez concluido  el estado de alarma, se reanudará por tres meses.

 

Verificación contable de cuentas del ejercicio anterior formuladas en el momento de la declaración del estado de alarma.

Si existe la obligación legal  de auditoría, tras la finalización del estado de alarma, el plazo para su realización se prorroga  durante dos meses.

 

Junta general ordinaria para la aprobación de las cuentas ordinarias

Son dos las opciones establecidas por el RD-L 8/2020..

Si la junta general ordinaria ya está convocada, el órgano de administración puede elegir entre:

    • Modificar el lugar y hora previstos para su celebración.
    • Revocar el acuerdo de convocatoria y proceder a una nueva convocatoria dentro del mes siguiente a la terminación del estado de alarma.

En ambos casos, el anuncio deberá publicarse con una anticipación mínima de 48 horas en la web de la sociedad o, si no cuenta con ella,  en el Boletín Oficial del Estado.

Pero si  las cuentas anuales no están aprobadas, la junta ordinaria necesariamente tendrá que celebrarse  en los tres meses siguientes a contar desde  el fin del plazo para su formulación.

 

En todas las  hipótesis que hemos visto, si es preciso que se levante acta de la reunión, el notario podrá emplear  los medios de comunicación  a distancia y tiempo real  que garanticen,  de forma adecuada, el cumplimiento de su función.

 

Derecho de separación de los socios en las sociedades de capital.

Aún concurriendo  alguna de las causas previstas en la ley o los estatutos para la separación de los socios, queda paralizado hasta  el fin del estado de alarma y sus posibles prórrogas.

 

Reintegro de las aportaciones a los socios cooperativos que causen baja mientras esté en vigor el estado de alarma.

Esta facultad se cancela hasta seis meses después  de la terminación del estado de alarma.

 

Disolución de la sociedad.

En virtud de cual sea la causa de disolución, se abren dos posibilidades.

  1. Si ha transcurrido la duración fijada para la sociedad. En este caso, no podrá iniciarse hasta dos meses después de la conclusión del estado de alarma.
  2. Por concurrir causa legal o estatutaria antes o durante la declaración del estado de alarma. El plazo legal  para la convocatoria de la correspondiente junta general se interrumpirá hasta la finalización del estado de emergencia.

En estos supuestos, los administradores no responderán de las deudas sociales originadas durante el estado de alarma.

Estas son las modificaciones que el estado de alarma en el que nos encontramos y las pertinentes medidas para su gestión han provocado en el ámbito de las sociedades y que debemos tener en cuenta hasta que la emergencia actual concluya.

Mientras tanto espero que tanto tú como tu familia y amigos, os encontréis bien.

 

Foto: unsplash.com

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