Descubre el contenido del deber de colaborar e informar en el concurso de acreedores.

De nuevo quiero hablarte del concurso de acreedores, el procedimiento previsto por nuestro ordenamiento para regular, e intentar resolver, (desgraciadamente no siempre), las situaciones en las que no se puede hacer frente de forma regular a las obligaciones de pago.

Cuando se dicta el auto que lo declara, tanto si el concurso es voluntario como necesario,  inmediatamente se producen repercusiones sobre el deudor, los acreedores, los contratos y los actos perjudiciales para la masa activa del concurso.

Entre los efectos que el concurso de acreedores despliega sobre el deudor se encuentra el deber de colaborar e informar, obligación prevista en el artículo 42 de la Ley Concursal.

¿Frente a quiénes tiene la obligación de colaborar e informar el deudor?

La Ley tiene prevista que comparezca ante:

  • El Juzgado de lo Mercantil.
  • La administración concursal 

¿En qué consiste esta obligación?

En presentarse para colaborar  e informar de todo lo necesario para el interés del concurso. Lo habitual es que se necesite que aclare, precise o facilite documentación sobre aspectos concretos: datos que aparecen en contabilidad, documentos que soportan operaciones, funcionamiento de la empresa, etc. 

¿Sobre qué personas concretas recae esta responsabilidad?

Este deber se encuentra encomendado a:

  • El deudor persona física.
  • Si la concursada es una persona jurídica le corresponde a:
    • Los administradores.
    • Los apoderados.
    • Los liquidadores.
    • Cualquiera que haya ostentado estos cargos en los dos años anteriores a la declaración del concurso. 

Este cometido se desarrolla dentro del campo de actuación que cada uno de estos intervinientes haya tenido según el cargo ostentado y su duración temporal. 

En algunos casos, la jurisprudencia ha considerado que esta obligación recae también sobre los que han desarrollado estas funciones de hecho, a pesar de no ser los representantes de derecho de las personas jurídicas.

Consecuencias del incumplimiento de este deber.

Son dos las repercusiones de que la persona concursada, no contribuya en aclarar todo lo necesario para el interés del concurso. 

La primera de ellas, la que la Ley Concursal no dice pero que es de sentido común, es el entorpecimiento del proceso. No podrá desarrollarse como es debido si el Juzgado de lo Mercantil no dispone de todas las aclaraciones que son necesarias ni si la administración concursal no encuentra la cooperación imprescindible para poder desarrollar las funciones que tiene encomendadas. Y esta falta de buena sintonía lo único que consigue es perjudicar tanto a la propia concursada, (aunque a veces pueda pensar lo contrario), como a sus acreedores.

La segunda es que su incumplimiento constituye uno de los supuestos de declaración de culpabilidad del concurso, con las graves sanciones que puede llevar aparejadas para la deudora y/o las personas que han actuado en su nombre.

© María Dolores Martínez Pérez.

© Sinderiza C.B.

Foto: Danielle MacInnes para unsplash.com 

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