Sociedades profesionales entre abogados y procuradores: una nueva posibilidad de ejercicio profesional

Abogados y procuradores somos compañeros que trabajamos codo con codo en la defensa de los intereses de nuestros clientes en los procedimientos judiciales.

Esta colaboración se caracteriza por la autonomía que cada uno tenemos en la creación, gestión y dirección de nuestros despachos. Cada uno se ocupa del suyo. Trabajamos juntos pero no revueltos.

Esta independencia implica evaluar si interesa ejercer como persona física o a través de una sociedad profesional.

Como comenté al hablar de los puntos clave de las sociedades profesionales,  el objeto social de estas entidades es el desarrollo de una actividad profesional.

La profesión que una sociedad desempeña no tiene por qué ser única. Existe  la posibilidad que sean multidisciplinares, es decir, que  puedan desarrollar más de una actividad profesional. Ahora bien, siempre  y cuando no exista una norma con rango de ley que fije la incompatibilidad entre ellas.  

Por poner un ejemplo, si ninguna ley no lo impide (qué, sinceramente, no lo sé), una sociedad puede gestionar un centro de fisioterapia y una academia de enseñanza de idiomas al mismo tiempo.

¿Cuáles son las reglas del juego para las sociedades profesionales de abogados y procuradores?

Si abogados y procuradores vamos de la mano en la representación y defensa de los intereses de nuestros clientes en los procedimientos judiciales, es lógico que si te estás plateando crear una sociedad, entre las ideas que tienes que tener claras, te preguntes si puede ser multidisciplinar.

La situación cambió ayer con la publicación de la Ley 15/2021, de 23 de octubre, que entrará en vigor a los veinte días de su publicación.

La regulación vigente  prohibía la creación de sociedades profesionales entre abogados y procuradores. En concreto:

  • El Estatuto General de la Abogacía precisa que el ejercicio de la abogacía es incompatible con cualquier actividad que pueda suponer menosprecio de la libertad, la independencia o la dignidad que le son inherentes. Entre estas profesiones se encuentra la de procurador de los Tribunales,  como afirma de manera rotunda y contundente el artículo 22.2.b).
  • En una línea similar, el Estatuto General de los Procuradores de los Tribunales de España. Mantiene la incompatibilidad de la profesión de procurador con la de abogado en su artículo 24, pero abre una puerta con la excepción de los casos de habilitación previstos en el propio estatuto.

La nueva posibilidad de la Ley de Sociedades profesionales.

A pesar de lo que acabo de comentarte, desde hace tiempo se estaba considerando que la independencia e integridad de ambos profesionales  no tiene por qué verse comprometida.

Se entraba a valorar otros aspectos.

El primero de ellos es la prohibición de ejercicio conjunto de la procura y la abogacía no va en consonancia con el Derecho de la Unión Europea.

Para la Comisión Europea impedir que abogados y procuradores trabajen de manera conjunta es sacar los pies del tiesto.

¿Por qué considera desmesurada esta prohibición? Por estas razones:

  • Lo que asegura la imparcialidad e independencia de ambas profesiones es el cumplimiento de sus obligaciones éticas en su desempeño, no su ejercicio separado.
  • El régimen deontológico de procuradores y abogados es muy similar..
  • Las nuevas innovaciones técnicas y legislativas, como por ejemplo Lexnet, van en el camino de la unificación.
  • En algunos casos ya existe la posibilidad que los abogados realicen algunos actos de comunicación y representación propios de los procuradores.

España iba con retraso en su obligación de adaptarse a los criterios de la Unión Europea en esta materia.

El cambio legal se ha producido a través de  la Ley 15/2021, de 23 de octubre, por la que se modifica la Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre el acceso a las profesiones de Abogado y Procurador de los Tribunales, así como la Ley 2/2007, de 15 de marzo, de sociedades profesionales, el Real Decreto-ley 5/2010, de 31 de marzo, por el que se amplía la vigencia de determinadas medidas económicas de carácter temporal, y la Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones.

Esta Ley  permite el ejercicio conjunto. Adecua nuestro régimen legal actual, que impide que ambas profesiones se desenvuelvan unidas, con las pautas del Derecho de la Unión Europea, que si

Cuando aún se encontraba en  proyecto, el Pleno del Consejo General del Poder Judicial en su acuerdo de 31 de enero de 2019 se pronunció sobre ella.

Las claves de la reforma legal que iba a acometerse eran las siguientes:

  • Es una modificación correcta.
  • La variación debe realizarse con reserva de algunas funciones exclusivamente para los procuradores y manteniendo la incompatibilidad del ejercicio de ambas profesiones.
  • Este cambio legal es favorable porque remedia, aunque tarde, el incumplimiento del Derecho de la Unión Europea.
  • No podemos olvidarnos que la incompatibilidad no sólo está en la Ley de Sociedades Profesionales, también en el artículo 23 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

La eliminación de la incompatibilidad (sólo) para las sociedades profesionales.

La nueva norma barre la prohibición sólo y exclusivamente respecto a las sociedades profesionales, no a nivel de ejercicio profesional a título individual. En este supuesto se sigue aferrando a la imposibilidad de desenvolver las dos profesiones de manera simultánea.

¿Por qué la ley realiza esta modificación?

  • La reforma es una vía para cumplir con la normativa europea. Abogados y procuradores podremos constituir sociedades profesionales dedicadas al ejercicio de ambas profesiones. Lo que no tiene demasiado sentido es que para una supuesta continuidad de la imparcialidad e independencia de ambas profesiones, se sigue manteniendo la incompatibilidad a nivel personal.
  • La dinamización de un mercado que saturado. La reforma legal permite ahorrar costes a unos y otros, flexibiliza  la organización de unos y otros, y permite al ciudadano contratar los dos servicios necesarios para la defensa en juicio de los derechos.

El cambio se materializa introduciendo una disposición adicional octava a la Ley de Sociedades Profesionales.

El contenido de esta disposición establece:

  • El ejercicio simultáneo de la abogacía y la procura de los tribunales en una sociedad profesional.
  • La inscripción obligatoria en los respectivos colegios profesionales
  • La eliminación de la incompatibilidad hasta ahora prevista.
  • El deber de adoptar estatutariamente las garantías  para actuar de forma autónoma, garantizando el cumplimiento de las normas deontológicas, y estableciendo los mecanismos para trabajar con imparcialidad y resolviendo cualquier posible conflicto de interés.

 

Foto: Scott Graham para unsplash.com

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